Inflación y pobreza: ¿cómo evitar el desmadre?
Hay dos formas de lograr que el slogan “no más pobres en un país rico” se haga realidad. La primera es generando confianza con buenas instituciones, eliminando la corrupción y un gasto social igualador de las oportunidades con educación, salud y seguridad de calidad, para que así fluya la inversión impulsora del empleo y la producción a un ritmo mayor al 5% anual. La segunda forma de lograrlo es dejando que los pobres se mueran de hambre o migren a otros países en búsqueda de nuevos horizontes, al estilo venezolano.
La inflación es el peor castigo para los más pobres, porque merma ostensiblemente el poder adquisitivo de sus ingresos. En abril la tasa de inflación raspó el 8%, siendo la más alta en 24 años. Sin embargo, para la población peruana que vive en situación de pobreza, la inflación llegó a 9,3% y en muchas ciudades de la sierra y selva, superó largamente el 10%.
Llama la atención que la tasa de inflación en Perú esté tan alta, a pesar de que la tasa de inflación subyacente (calculada en función a los precios de la canasta de consumo no expuesta a choques de oferta adversos) no pasa de 3,8%, siendo de lejos la más baja en el contexto latinoamericano.
Ello obedece a la presión alcista que ejercen las expectativas inflacionarias (a 12 meses), que se mantienen en una media de 4,6% en abril, muy por encima del rango meta de 1% a 3% fijado por el Banco Central de Reserva. Estas expectativas vienen siendo afectadas por la incertidumbre económica mundial, pero también por la aguda incertidumbre política interna y la percepción de inoperancia del gobierno y el congreso.
Así, la política de regalo de dinero vía bonos y de transferencias adelantadas de los fondos de pensiones decretada por el gobierno y el congreso infló artificialmente el ingreso disponible, sin contraparte en aumentos de productividad, siendo un factor que aviva la inflación originalmente impulsada por el alza internacional de los insumos energéticos y alimenticios.[1] Paradójicamente, durante los 10 meses que ya lleva la administración Castillo, la magnitud de peruanos que padece hambre ha venido aumentando incesantemente, estimándose en más de 3 millones.
Ellos dependen de las 2.600 ollas comunes autogestionadas por madres en las zonas más pobres de las ciudades, creadas en medio de la crisis del Covid, sin contar con ninguna ayuda sistemática del gobierno. En lugar de regalar plata con ventilador, el gobierno debería dar soporte a las organizaciones de Ollas Comunes y Comedores Populares de los distritos más afectados por la falta de alimentos, para poder completar su equipamiento (cocina, gas, agua, refrigeración) e implementos para preparar los alimentos.
Referencias:
[1] A nivel de Presupuesto Inicial Modificado (PIM), nunca antes el Ejecutivo tuvo tantos recursos en sus manos como los asignados en 2020 y 2021 (S/ 184.297 millones y S/ 183.030 millones respectivamente, en soles constantes de 2021), con variaciones de 13,1% y 12,5% respecto a 2019. A nivel de Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) el Congreso aprobó un gasto de S/ 194.790 millones (en soles constantes de 2021), que equivale a una expansión de 6,4% respecto a 2021. Sin embargo, cada año el PIM eleva el PIA en aproximadamente 22,6%, lo que significa que el gobierno se alista a realizar un festín preelectoral con un techo de gasto récord histórico que bordearía los S/ 240 mil millones. Véase Jorge Chávez Alvarez, “Presupuesto 2022, populismo y cutra”. Alerta Económica 07/12/2021. Portal económico de MAXIMIXE. alertaeconomica.com