Juan Escobar / Inteligencia artificial y poder

Inteligencia artificial: la nueva disputa por el poder y el lugar del Perú

Hace aproximadamente setenta años comenzó a hablarse formalmente de inteligencia artificial. En 1956, un grupo de científicos reunido en Dartmouth, Estados Unidos, planteó la posibilidad de que las máquinas pudieran reproducir algunas capacidades vinculadas con el aprendizaje y el razonamiento humano.

Lo que entonces parecía una hipótesis científica hoy se ha convertido en una fuerza que está transformando la economía, la política, la educación, la comunicación, la seguridad y hasta la manera en que los Estados ejercen el poder.

La inteligencia artificial no es solamente un programa que responde preguntas. Es una nueva infraestructura de transformación. Puede ser utilizada como insumo para analizar información, como parte de un proceso productivo o como un servicio final ofrecido a millones de personas. Está ingresando a la industria, la agricultura, la salud, la banca, el comercio, la administración pública y la defensa.

Por eso, la discusión no debe limitarse a preguntar si una máquina puede pensar como un ser humano. La pregunta verdaderamente política es otra: ¿quién controla esta tecnología, para qué la utiliza y quién recibe sus beneficios?

La inteligencia artificial puede ayudar a detectar enfermedades, mejorar la educación, anticipar sequías, identificar plagas agrícolas, elevar la productividad de las empresas y facilitar los servicios del Estado. Pero también puede utilizarse para vigilar a la población, manipular información, reemplazar trabajadores sin protección, intervenir en elecciones o fortalecer sistemas militares.

La tecnología no actúa por sí sola. Detrás de cada sistema existen empresas, gobiernos, inversionistas y grupos de poder que deciden sus objetivos.

El peligro más inmediato no es necesariamente que una máquina adquiera conciencia y se rebele contra la humanidad, como ocurre en las películas. El riesgo real es que seres humanos con enorme poder económico, político o militar empleen la inteligencia artificial sin control democrático y sin responder por sus consecuencias.

Si los datos, los servidores y los sistemas pertenecen a unas pocas corporaciones, también se concentra la capacidad de decidir qué información circula, qué productos se ofrecen, qué personas acceden a un crédito y qué contenidos observa la población.

Por eso, hablar de inteligencia artificial es también hablar de democracia, desigualdad, soberanía y poder.

La carrera por la inteligencia artificial se desarrolla principalmente entre Estados Unidos y China. No se trata de una competencia puramente científica. Es una lucha por el liderazgo económico, tecnológico y geopolítico del siglo XXI.

Estados Unidos conserva una posición dominante en empresas digitales, centros de datos, diseño de procesadores y desarrollo de modelos avanzados. China, sin embargo, avanza rápidamente mediante grandes inversiones, formación científica, infraestructura y modelos que en varios casos pueden instalarse, adaptarse y utilizarse de forma gratuita o con menores costos.

Esta disputa ya se expresa mediante restricciones comerciales. Estados Unidos ha establecido controles sobre la exportación hacia China de determinados semiconductores avanzados y tecnologías para fabricarlos.

China, por su parte, ha establecido controles sobre la exportación de ciertos productos relacionados con tierras raras, minerales indispensables para la fabricación de equipos electrónicos, sistemas energéticos, etc.

La inteligencia artificial necesita programas, pero también chips, electricidad, minerales, centros de datos, científicos, capital y enormes cantidades de información. Quien domine esa cadena tendrá una gran capacidad para influir sobre la economía mundial.

No es exagerado afirmar que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un nuevo territorio de lucha por la hegemonía mundial. El enfrentamiento por el petróleo es parte de ello, dado que se necesita energia.

Una diferencia importante está en la forma de acceso. Algunas empresas ofrecen sistemas cerrados y cobran por utilizarlos. Otras permiten descargar modelos e instalarlos en servidores propios.

En China se ha impulsado con fuerza la difusión de modelos descargables y modificables. Esto puede favorecer a países, universidades y empresas que no cuentan con los recursos necesarios para pagar permanentemente servicios tecnológicos extranjeros. Es una buena oportunidad para el Perú.

La cuestión de fondo sigue siendo política: un país que solo consume tecnología extranjera dependerá de las decisiones de otros. Un país que forma científicos construye infraestructura y desarrolla sus propias aplicaciones tendrá mayor autonomía.

En julio de 2026, representantes de 29 países firmaron en Shanghái el acuerdo para crear la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, promovida por China. El organismo tendrá su sede en esa ciudad y buscará impulsar la cooperación internacional en esta materia.

El Perú no aparece entre los países fundadores. Sin embargo, su ausencia debe preocuparnos, debemos estar muy atentos.

Mientras las principales potencias construyen alianzas, normas, mercados y sistemas de cooperación tecnológica, el Perú continúa actuando principalmente como observador y consumidor.

No se trata de alinearse automáticamente con China ni con Estados Unidos. Se trata de participar, negociar, aprender y defender nuestros intereses. Una política exterior seria debería aprovechar la cooperación de distintas potencias sin entregar nuestra información, nuestra autonomía ni nuestras decisiones estratégicas.

El Perú aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, destinada a ordenar las acciones del Estado en esta materia.

Es un avance, pero una estrategia escrita no garantiza el desarrollo tecnológico. Nuestro país está lleno de planes que nunca se convirtieron en instituciones sólidas, presupuestos suficientes ni resultados concretos.

El desafío consiste en convertir la inteligencia artificial en una política de desarrollo nacional. Las universidades públicas deben investigar y formar especialistas. El Estado necesita infraestructura propia para proteger información sensible. Las pequeñas empresas deben tener acceso a herramientas que les permitan elevar su productividad, y no quedar desplazadas por las grandes corporaciones.

En el agro, la IA podría utilizarse para pronosticar el clima, detectar plagas, administrar el agua y acercar información de precios a los productores. En salud, podría apoyar el diagnóstico en lugares donde faltan médicos especialistas. En educación, podría ayudar a los docentes y producir contenidos en castellano, quechua, aimara y otras lenguas originarias.

Pero estas aplicaciones deben responder a las necesidades del país, no solamente a los intereses comerciales de quienes venden la tecnología.

La inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo o profundizar nuestra dependencia. Puede democratizar el conocimiento o concentrarlo todavía más. Puede mejorar el Estado o convertirlo en un instrumento de vigilancia.

El resultado no será decidido por las máquinas. Será decidido por quienes controlen las máquinas. La inteligencia artificial es una oportunidad, pero también un nuevo campo de disputa por el poder mundial. Si el Perú no define una política propia, otros países y corporaciones decidirán el lugar que nos corresponde.

Y probablemente nos asignarán, una vez más, el papel de proveedores de materias primas, consumidores de tecnología y espectadores del progreso ajeno.

Finlandia ha destinado el 2% de su presupuesto a activar medicas de adecuación y conocimiento de la IA. El ejemplo para Perú está ahí, ni más ni menos. Lo vale.