Juan Escobar / Perú: desigualdad y crisis

Perú: desigualdad y crisis en un Estado fragmentado

El Perú vive atrapado en una paradoja. Es un país rico en recursos de todo tipo y ha experimentado periodos esporádicos de crecimiento económico. Sin embargo, convive con la pobreza, una realidad marcada por la desigualdad y la fragilidad institucional. La pobreza no solo persiste de manera estructural a lo largo de los años, sino que se expresa con mayor dureza en las regiones alejadas de Lima, donde las brechas en salud, educación y servicios básicos se hacen más evidentes.

La comparación de indicadores desnuda el problema. Mientras en Lima el ingreso promedio por persona supera los dos mil soles, en Huancavelica apenas llega a setecientos. El acceso al agua potable es casi universal en la capital, pero en distritos rurales de Puno o Loreto menos de la mitad de la población cuenta con este servicio. La anemia infantil alcanza cifras alarmantes: en algunas provincias altoandinas, siete de cada diez niños la padecen. Incluso en zonas que reciben millonarios recursos por canon minero, como Espinar en Cusco, la incapacidad de ejecutar el presupuesto mantiene a la población en una situación de frustración permanente.

Los contrastes son extremos: Moquegua presenta 28,6% de anemia, mientras Puno alcanza 67,2%. En aprendizaje no satisfactorio en lectura y matemáticas, Moquegua registra 48%, mientras que Loreto llega al 90% y 94% respectivamente. En informalidad laboral, Lima alcanza el 60%, pero Cajamarca llega al 89,5%. En cuanto a conectividad, el 14,7% de limeños no usa Internet, frente al 52,3% en Loreto (Fuente: Medición de la Pobreza Multidimensional, INEI 2023).

Esta desigualdad no puede entenderse sin mirar cómo funciona el Estado. La administración pública peruana está atomizada: ministerios, programas y oficinas actúan sin coordinación real, duplicando esfuerzos y desperdiciando recursos. En el campo social conviven programas como Qali Warma, Juntos o Contigo, cada uno con su propia estructura y presupuesto, pero sin un trabajo articulado que logre resultados sostenibles. En infraestructura, los esquemas de gobierno a gobierno, las APP —sean autosostenibles o cofinanciadas—, así como los proyectos estatales, se encuentran en crisis. La Contraloría General de la República ha identificado cientos de proyectos paralizados.

A esta fragmentación se suma la crisis política. El Estado, entendido como Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial, en lugar de orientar el desarrollo con eficacia y eficiencia, se ha convertido en un conjunto de “islas pantanosas” al servicio de poderes fácticos.

En apenas seis años, el país ha tenido seis presidentes y decenas de ministros. Cada cambio de gabinete implica la paralización de proyectos, la pérdida de continuidad de políticas y el debilitamiento de la confianza ciudadana. El resultado es un Estado incapaz de responder a las urgencias de la población y que transmite la sensación de un barco a la deriva.

El proceso de descentralización, iniciado con entusiasmo a comienzos de los años 2000, prometía acercar el Estado a la gente. Sin embargo, dos décadas después, los gobiernos regionales no han cumplido ese objetivo. La falta de cuadros técnicos preparados, la débil institucionalidad y la captura política de muchas regiones por redes clientelares han convertido a los gobiernos subnacionales en actores poco efectivos. Casos de corrupción, obras inconclusas y conflictos con el gobierno central han hecho que la descentralización se perciba más como un problema que como una solución.

Las regiones no han fracasado porque la descentralización sea un error en sí misma, sino porque se transfirieron recursos sin acompañarlos de capacidades técnicas, sistemas de control ni visión estratégica. El resultado ha sido una autonomía mal entendida, donde la improvisación y el cortoplacismo han prevalecido sobre la planificación territorial de largo plazo.

En el Perú existen 26 gobiernos regionales, 196 provincias, 1,874 distritos y miles de centros poblados con aspiraciones de convertirse en distritos (solo en Lima hay 3 gobiernos regionales). Sin embargo, poco se sabe de trabajos conjuntos y programáticos entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, cuando lo correcto sería que el Ejecutivo sostenga sesiones de trabajo periódicas con los GORES, y no que su relación se reduzca a eventos protocolares o gestos simbólicos.

Algunos países enfrentaron dilemas similares y lograron superarlos. Colombia, por ejemplo, apostó por la creación de regiones administrativas de planificación para promover proyectos de alcance macrorregional. Chile fortaleció su servicio civil y profesionalizó la gestión regional, reduciendo la improvisación política. Incluso federaciones complejas como Brasil impulsaron programas de articulación territorial que integran corredores económicos, logísticos y sociales.

El Perú puede aprender de esas experiencias: la descentralización no se resuelve solo con recursos, sino con instituciones sólidas, cuadros técnicos meritocráticos y mecanismos de transparencia efectivos.

La alternativa es construir un Estado descentralizado y reconceptualizado, donde Lima no concentre todas las decisiones, pero donde las regiones tampoco sean islas dispersas y débiles. Un país pensado desde sus cuencas, corredores productivos y diversidad cultural, y no únicamente desde la mirada centralista.

El Perú necesita articular su diversidad en un proyecto nacional que supere el centralismo limeño y transforme el crecimiento económico en bienestar tangible, denominado desarrollo. La fragmentación administrativa y la crisis institucional están en el corazón de la desigualdad, y las regiones, en su actual diseño, han sido parte de ese fracaso.

La salida no es sencilla, pero pasa por reconocer que, sin un Estado más coherente, sin regiones más fuertes y sin una visión compartida de futuro, el país seguirá desperdiciando sus oportunidades. Ojalá que en el próximo proceso electoral la ciudadanía sepa elegir con responsabilidad.