Juan Pari / FEN es natural desprotección no

El fenómeno del niño es natural, la desprotección de nuestras cuencas no

Las inundaciones destruyen viviendas, carreteras y cosechas. Pero detrás del barro que arrastran las lluvias hay otra pérdida mucho menos visible: el deterioro de los suelos, de nuestras cuencas y de la capacidad productiva del país. Una tragedia que no se resuelve solamente con reconstrucción y que pone en cuestión nuestras políticas de prevención.

Cuando llega el fenómeno de El Niño, las imágenes se repiten: ciudades inundadas, viviendas cubiertas de barro, carreteras destruidas, campos agrícolas arrasados y miles de familias damnificadas. Se declara la emergencia, se movilizan recursos, se contabilizan los daños y comienza nuevamente la discusión sobre cuánto costará reconstruir lo destruido.

Pero hay una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿de dónde viene todo ese barro que invade nuestras ciudades, cubre nuestras carreteras y termina depositándose en los ríos y en el mar?

Porque no llueve barro. Llueve agua. Y esa agua, al precipitarse sobre laderas vulnerables, arranca y arrastra grandes cantidades de suelo y sedimentos desde las partes altas e intermedias de nuestras cuencas.

No todo ese material es tierra fértil. También contiene piedras, arenas y sedimentos de quebradas y cauces. Pero una parte procede de la capa superficial de los suelos, donde se concentran los nutrientes, la materia orgánica y las condiciones que permiten el desarrollo de cultivos, pasturas y vegetación.

Lo que hoy retiramos como barro de nuestras ciudades puede ser, en parte, la tierra fértil que mañana necesitarán nuestras familias agrarias para producir alimentos.

Y aquí comienza una tragedia mucho más profunda que los daños visibles de una inundación. Estamos perdiendo un patrimonio natural que tardó muchísimo tiempo en formarse. Un patrimonio que no se reconstruye con cemento, maquinaria pesada ni presupuestos de emergencia.

El Niño no crea toda nuestra vulnerabilidad. La encuentra acumulada.

Alguien podría decir que El Niño es un fenómeno natural de alcance global, que no podemos detenerlo y que sus lluvias extraordinarias inevitablemente provocarán daños. Es cierto que no podemos impedir su ocurrencia. Pero esa explicación no puede servir para justificar todas sus consecuencias.

Una cosa es el fenómeno natural y otra las condiciones de vulnerabilidad con las que decidimos enfrentarlo. Las lluvias intensas no encuentran todas las cuencas en las mismas condiciones. En muchos territorios existen laderas deforestadas, pasturas degradadas, suelos agrícolas sin prácticas suficientes de conservación, terrenos expuestos a la erosión y cárcavas que avanzan sin intervenciones adecuadas de control.

Algunas zonas presentan erosión natural por sus características geológicas y topográficas. En otras, la pérdida de cobertura vegetal, el sobrepastoreo y el manejo inadecuado de los suelos agravan significativamente el problema. Cuando llegan las lluvias extraordinarias, esas vulnerabilidades facilitan el desprendimiento y transporte de grandes cantidades de suelo.

El agua forma surcos, profundiza cárcavas y deja superficies cada vez más denudadas. En casos graves desaparecen las condiciones necesarias para sostener pasturas, cultivos o vegetación natural.

La siguiente temporada de lluvias puede encontrar terrenos todavía más expuestos. Así se puede producir un deterioro acumulativo que no termina cuando desaparecen las inundaciones. El propio SENAMHI, en su Atlas de Erosión de Suelos por Regiones Hidrológicas del Perú, identificó que los grandes eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 estuvieron asociados con mayores tasas de erosión hídrica en cuencas de la vertiente del Pacífico.

Por tanto, no estamos frente a un peligro desconocido.

No podemos controlar El Niño. Pero sí podemos decidir si lo enfrentamos con cuencas protegidas o con territorios cada vez más vulnerables. Estamos perdiendo suelo y también capacidad para conservar el agua.

La pérdida de suelos tiene una consecuencia que merece mucha más atención: el deterioro de la capacidad natural de las cuencas para regular el agua. El suelo no es solamente el soporte físico de las plantas. Es parte fundamental del sistema natural que permite retener humedad, favorecer la infiltración y regular los flujos hídricos.

La vegetación protege la superficie del impacto de las lluvias. Las raíces, la materia orgánica y la estructura del suelo contribuyen a que una parte del agua se infiltre y permanezca almacenada. En determinadas condiciones hidrogeológicas, una fracción de esa agua puede llegar a las formaciones subterráneas y contribuir a la recarga de los acuíferos.

Pero cuando desaparece la capa superficial, se pierde la cobertura vegetal y quedan terrenos compactados o de baja permeabilidad, estas funciones pueden deteriorarse considerablemente. Una mayor proporción de la lluvia puede convertirse en escorrentía superficial, desplazándose rápidamente hacia quebradas y ríos.

Esto no significa que toda el agua deje de infiltrarse, ni que las lluvias extraordinarias reduzcan necesariamente la recarga de los acuíferos. Significa que el deterioro de los suelos puede debilitar la capacidad de regulación hídrica en determinadas partes de las cuencas. La contradicción es preocupante: podemos sufrir enormes inundaciones durante las lluvias y, al mismo tiempo, estar perdiendo condiciones naturales que necesitamos para disponer de agua durante los meses secos.

Y esta pérdida también tiene un costo económico. Menor humedad disponible puede significar mayores necesidades de riego. La degradación de pasturas puede afectar la ganadería. El transporte de sedimentos puede colmatar canales y reservorios, reduciendo su capacidad y aumentando los costos de mantenimiento.

De modo que el perjuicio no termina donde se desprende el suelo. Puede extenderse a toda la cuenca, desde las familias que viven en las partes altas hasta las poblaciones y actividades económicas de los valles.

La riqueza que perdemos y que no aparece en las cuentas del desastre

Cuando se destruye una carretera, el Estado calcula cuánto costará reconstruirla. Si colapsa un puente, se estima su reposición. Cuando una inundación destruye cultivos, se evalúa el valor de la campaña perdida.

Pero ¿cómo contabilizamos la pérdida de la capa fértil de miles de parcelas? ¿Cuánto vale un suelo que deja de producir como antes? ¿Cuánto pierde una familia cuando durante los próximos veinte años tendrá que invertir más para obtener cosechas menores? Aquí está una de las grandes omisiones de nuestra mirada económica sobre los desastres.

La erosión no solamente destruye tierra. Puede destruir capital productivo y reducir nuestra capacidad futura de generar riqueza. Una familia agraria puede recuperar sus herramientas y volver a sembrar después de una inundación. Pero si perdió una parte importante de su suelo fértil, tal vez necesite mayores inversiones en fertilizantes, materia orgánica, tecnologías de recuperación y riego para sostener sus rendimientos.

En situaciones severas, sus tierras pueden dejar de ser económicamente viables. Esta pérdida no se limita a una campaña. Puede prolongarse durante años, reduciendo los ingresos, deteriorando el valor productivo de los terrenos y aumentando el endeudamiento. Cuando ese proceso afecta muchas unidades productivas, sus consecuencias pueden extenderse a las economías locales, la ganadería, la comercialización, el empleo rural y el abastecimiento de alimentos.

El país puede terminar enfrentando mayores costos para mantener su producción agrícola y para recuperar infraestructura hidráulica afectada por sedimentos. Hay una pérdida inmediata, pero también una pérdida futura que todavía necesitamos valorar con mayor rigor.

No contamos con una cuantificación que permita atribuir todo este daño acumulado a los distintos episodios de El Niño. Sin embargo, sí podemos y debemos hacer una prospectiva de sus consecuencias:

• ¿Qué ocurrirá si los próximos eventos extremos encuentran más laderas denudadas, menos pasturas y suelos progresivamente degradados?

• ¿Qué significará para la producción nacional tener tierras que necesitan mayores inversiones para rendir lo mismo o que van perdiendo su aptitud agrícola?

• ¿Qué costos tendrá para el Estado enfrentar repetidamente inundaciones, sedimentación y degradación territorial sin intervenir suficientemente sobre las condiciones que agravan estos procesos?

Un país que pierde sus suelos fértiles está consumiendo una parte de su propio capital natural. Puede continuar produciendo hoy, mientras debilita silenciosamente las bases de su economía futura.

La pobreza que podemos dejar a las nuevas generaciones

Para una familia campesina, la tierra no es solamente una propiedad. Es su instrumento de trabajo, su fuente de alimentación, su ingreso y, muchas veces, el principal patrimonio que espera dejar a sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando esos hijos heredan la misma extensión de tierra, aunque con menor fertilidad, sin suficientes pasturas y con mayores dificultades para disponer de agua?

Heredarán la propiedad, pero no necesariamente la capacidad productiva que tuvieron sus padres. Tal vez necesiten gastar más para producir menos. Tal vez algunas tierras dejen de ser rentables. Tal vez el trabajo agrícola ya no permita sostener a la familia. La erosión puede convertirse así en un mecanismo de empobrecimiento que se prolonga de una generación a otra.

Y no estamos hablando solamente del futuro de las familias campesinas. La producción de alimentos, el empleo, los mercados regionales y la seguridad alimentaria del país dependen también de la conservación de nuestros recursos naturales. Si permitimos que se deteriore progresivamente la capacidad productiva de las tierras, las nuevas generaciones podrían enfrentar mayores costos, menores oportunidades económicas y territorios cada vez más difíciles de recuperar.

Nuestros hijos pueden heredar el mismo territorio nacional, pero no necesariamente la misma riqueza natural ni las mismas posibilidades de producir y vivir de él. Esta debería ser una preocupación central de cualquier política de desarrollo. No podemos hablar seriamente de crecimiento económico y bienestar futuro sin preguntarnos qué está ocurriendo con los recursos naturales que hacen posible ese crecimiento.

Tenemos planes y normas, pero ¿dónde está la política efectiva para proteger nuestros suelos?

Aquí aparece la responsabilidad política.

El Perú cuenta con una legislación de gestión del riesgo de desastres, con un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2030 y con instrumentos para enfrentar la degradación de tierras. Existe también el Programa Presupuestal 0089, destinado a reducir la degradación de los suelos agrarios, y un Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía al 2030.

No sería correcto afirmar que no existe absolutamente ninguna política o intervención. Pero tener normas, planes y programas no equivale a disponer de una política pública suficientemente articulada, financiada y sostenida, capaz de proteger nuestras cuencas frente a la magnitud de los riesgos que enfrentamos. Esta es la cuestión que debemos poner en debate:

• ¿Dónde están los resultados verificables de la conservación de suelos en las cuencas más vulnerables a El Niño? ¿Qué extensión de terrenos críticos estamos recuperando? ¿Cuántas cárcavas se han estabilizado? ¿Cuánto hemos reducido la pérdida de suelo y cómo estamos midiendo esos resultados?

• ¿Tenemos una programación territorial sostenida que conecte las zonas altas, intermedias y bajas, o seguimos dependiendo de intervenciones dispersas y presupuestos que cambian con cada gestión?

No basta con anunciar campañas de reforestación, ejecutar pequeñas obras de conservación o presentar nuevos planes. Necesitamos una verdadera política de Estado de protección de suelos y manejo integral de cuencas, que no dependa de la voluntad ocasional de una autoridad ni desaparezca cuando termina la emergencia.

Una política con prioridades territoriales, financiamiento continuo, responsabilidades institucionales, participación de las comunidades y resultados medibles. La ausencia de una respuesta preventiva de la magnitud necesaria no puede seguir siendo compensada únicamente con mayores presupuestos para atender y reconstruir los daños. El problema no es solamente cuánto dinero destina el Estado después de un desastre. Es cuánto estamos dispuestos a invertir antes para evitar pérdidas que difícilmente podremos recuperar.

Prevenir lo que después no podremos reconstruir

La gestión del riesgo de desastres contempla prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Todos esos procesos son necesarios. Pero la pérdida de la capa fértil de los suelos tiene una particularidad: su recuperación puede ser extremadamente lenta, costosa y, en determinadas condiciones, prácticamente irreversible durante la vida productiva de una familia.

Podemos reconstruir una carretera, reparar una vivienda y levantar un puente. Pero ¿cómo reconstruimos rápidamente la fertilidad de un suelo que tardó siglos en formarse y fue arrastrado por las aguas?

Por eso la prevención debe ocupar un lugar decisivo. La recuperación de la cobertura vegetal, el manejo de cárcavas, la protección de pasturas naturales, las barreras vivas, las terrazas de conservación, la rehabilitación de andenes, las prácticas de manejo de suelos y las tecnologías apropiadas para favorecer la infiltración pueden reducir la vulnerabilidad de las cuencas.

La forestación y reforestación deben responder a las características ecológicas del territorio, sin reemplazar indiscriminadamente pastizales u otros ecosistemas nativos. No estamos hablando de tecnologías desconocidas. Muchas tienen antecedentes ancestrales y otras cuentan con desarrollo técnico moderno. Lo que se necesita es voluntad política para convertir estas intervenciones en una prioridad nacional sostenida.

Las inversiones deben comenzar donde se origina buena parte de la erosión, sin abandonar la protección indispensable de los centros poblados y la infraestructura de las zonas bajas. No basta con proteger las ciudades del barro. Tenemos que proteger también los suelos de donde proviene una parte de ese barro. Y esta decisión requiere cambiar las prioridades de la inversión pública.

La prevención no debe verse como un gasto ambiental secundario. Es una inversión económica para conservar tierras productivas, proteger fuentes de agua, sostener la seguridad alimentaria y evitar mayores costos futuros. El Niño volverá. La pregunta es cómo encontrará nuestras cuencas.

Sabemos que el fenómeno de El Niño forma parte de nuestra realidad climática. No podemos impedir su ocurrencia ni controlar sus lluvias extraordinarias. Pero sí podemos intervenir sobre muchas de las condiciones que aumentan nuestra vulnerabilidad. El desastre no depende solamente de la fuerza de la naturaleza. Sus consecuencias también están relacionadas con las decisiones que tomamos —o dejamos de tomar— durante los años anteriores.

Una política preventiva sostenida no eliminará todas las inundaciones ni todos los procesos de erosión. Pero puede reducir daños, conservar suelos y proteger la capacidad productiva del territorio. Y esa debería ser una responsabilidad fundamental de quienes conducen el Estado.

No podemos continuar evaluando nuestra respuesta a El Niño principalmente por los recursos que movilizamos durante la emergencia o por las obras que reconstruimos después. También debemos exigir cuentas sobre el patrimonio natural que estamos conservando. Porque lo que está en riesgo no es solamente la cosecha de una temporada, la carretera de una provincia o las viviendas de una ciudad.

Está en riesgo la capacidad del Perú para continuar produciendo alimentos, generar riqueza y ofrecer oportunidades económicas a las próximas generaciones. La pregunta no es únicamente cuánto nos costará el próximo fenómeno de El Niño. La pregunta que debemos hacernos es cuánto patrimonio productivo estamos dispuestos a seguir perdiendo por no darle a la prevención la prioridad que merece.

Porque no llueve barro. Llueve agua. Y cuando esa agua arrastra nuestros suelos fértiles, también puede llevarse una parte de la riqueza del Perú y del futuro que estamos obligados a proteger para nuestros hijos.