Juan Pari / La Cuenta General de la República

La Cuenta General de la República: ¿el Congreso ensaya su renuncia al control político?

La aprobación de las cuentas públicas de 2025 puede sentar un precedente que trasciende este ejercicio fiscal: convertir el control político de la gestión del Estado en un procedimiento de aprobación contable.

La aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ha sido presentada como un acontecimiento histórico. Después de trece años sin aprobarse una Cuenta General, el Congreso ha decidido cambiar de criterio. El Ministerio de Economía y Finanzas celebra la decisión y desde el Parlamento se sostiene que estamos ante una nueva etapa de transparencia, seguimiento y rendición de cuentas.

Pero hay una pregunta que no debería quedar sepultada bajo esa celebración: ¿el Congreso está aprobando un informe contable o está cumpliendo su función de control político sobre cómo se administraron los recursos del Perú?

No es una diferencia menor. De su respuesta depende el sentido de una de las responsabilidades fundamentales del Parlamento.

La Cuenta General registra los ingresos, gastos, inversiones, obligaciones y resultados financieros del Estado. Pero esos números no aparecen por generación espontánea. Son consecuencia de decisiones políticas, prioridades presupuestarias, compromisos asumidos y formas concretas de administrar los recursos públicos.

Detrás de una inversión que no se ejecutó hay decisiones que deben explicarse. Detrás de una obra paralizada hay recursos comprometidos, responsabilidades institucionales y ciudadanos que siguen esperando servicios. Detrás de las obligaciones acumuladas existen políticas, decisiones y compromisos que tendrán consecuencias sobre los presupuestos futuros.

La contabilidad permite conocer esos hechos. Pero no sustituye la evaluación de la gestión que los produjo.

Para revisar la información financiera y presupuestaria existen organismos especializados. El Ministerio de Economía y Finanzas consolida las cuentas y la Contraloría General de la República realiza la auditoría correspondiente.

¿Para qué interviene entonces el Congreso? ¿Para repetir el trabajo técnico de esas instituciones o para ejercer el control político que le corresponde?

El Parlamento no es una oficina de contabilidad. Su responsabilidad no consiste solamente en comprobar que los números estén registrados y las observaciones debidamente identificadas. Tiene la obligación política de examinar cómo se administraron los recursos del país, qué resultados se obtuvieron y qué explicaciones deben ofrecer quienes tomaron las decisiones.

La propia legislación reconoce esta dimensión. El artículo 20 del Decreto Legislativo N.º 1438 establece que la Cuenta General contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales, así como del cumplimiento de metas. Entre sus objetivos incluye facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública.

No estamos, por tanto, ante un documento cuya utilidad se agote en la contabilidad.

Y, sin embargo, la aprobación de 2025 parece abrir paso a una interpretación preocupante: que el Congreso puede considerar cumplida su intervención aprobando las cuentas, mientras el examen de la gestión queda trasladado a recomendaciones y acciones posteriores.

Ese es el precedente político que merece discutirse. No la aprobación como acto formal, sino la posibilidad de que el Parlamento termine renunciando, en los hechos, al control político de la gestión de los recursos públicos.

Los resultados del ejercicio 2025 muestran por qué esa discusión es necesaria.

La Cuenta General registra un patrimonio neto negativo de S/ 2 236 millones, frente a un patrimonio positivo de S/ 48 540 millones en 2024. La variación negativa alcanza S/ 50 776 millones. Parte importante de este resultado responde al reconocimiento contable de obligaciones previsionales y otros pasivos.

Esa explicación es relevante. No significa que el Estado haya perdido esa cantidad de dinero en efectivo ni que se encuentre automáticamente en insolvencia.

Pero el examen parlamentario no debería terminar allí.

¿Qué obligaciones explican ese deterioro? ¿Cómo se acumularon? ¿Qué decisiones se adoptaron para atenderlas? ¿Qué consecuencias tendrán para la sostenibilidad de las finanzas públicas y los presupuestos futuros?

La contabilidad registra la situación patrimonial. El control político debe examinar sus causas y consecuencias.

Algo similar ocurre con la ejecución presupuestaria.

Durante 2025, el Estado contó con un presupuesto modificado de S/ 350 846 millones, de los cuales ejecutó S/ 328 363 millones, equivalente al 93,6 %. Quedaron sin ejecutar aproximadamente S/ 22 483 millones.

Pero dentro de ese resultado general, la inversión pública presenta una situación que merece atención particular. De S/ 73 875 millones presupuestados para inversiones, se ejecutaron S/ 61 941 millones, equivalente al 83,8 %. La diferencia fue de S/ 11 934 millones, monto comprendido dentro del total de recursos no ejecutados.

No todo presupuesto no ejecutado representa necesariamente una mala gestión. Tampoco puede afirmarse que cada sol pendiente corresponda a una obra paralizada. Pero esas cifras deberían llevar al Congreso a examinar qué inversiones no se concretaron, cuáles sufrieron retrasos y qué necesidades públicas quedaron pendientes.

El presupuesto no existe para demostrar cuánto dinero logró gastar el Estado. Existe para atender las necesidades de la población.

Si el examen parlamentario se limita a destacar porcentajes de ejecución, sin profundizar en los resultados, se corre el riesgo de confundir la administración presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos del Estado.

La situación de las recomendaciones de auditoría plantea otro problema.

La Cuenta General de 2025 informa que, de dieciséis recomendaciones correspondientes a la auditoría del ejercicio 2024, solamente seis habían sido superadas. Otras seis continuaban en proceso, dos estaban pendientes y dos fueron consideradas inaplicables.

En el seguimiento de las auditorías financieras de las entidades públicas correspondientes a 2024 se registraron 1 376 recomendaciones, de las cuales apenas 83 figuraban implementadas.

Son observaciones que el Estado conoce y que sus propios organismos de control han identificado.

Frente a esta situación, la Ley N.º 32746 dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas presente un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría, con responsables, plazos e informes trimestrales. También exige examinar observaciones acumuladas entre 2013 y 2025 y establece medidas relacionadas con las obras públicas paralizadas.

Esas disposiciones pueden ser útiles. Sería equivocado descartarlas simplemente porque acompañan la aprobación de las cuentas.

Pero tampoco resuelven por sí mismas el problema fundamental.

¿Qué ocurrió con las recomendaciones anteriores? ¿Por qué permanecieron pendientes? ¿Qué autoridades respondieron por su incumplimiento?

Si las observaciones se acumulan durante años y la respuesta consiste en aprobar nuevos planes para corregirlas, podemos terminar construyendo un mecanismo que produce documentos sin generar consecuencias suficientes sobre la gestión pública.

El Ejecutivo presenta las cuentas. La Contraloría identifica observaciones. El Congreso aprueba y dispone recomendaciones. Al año siguiente, nuevas cuentas, observaciones pendientes y nuevos compromisos.

¿Dónde queda el control político?

Aquí aparece una cuestión jurídica que está siendo utilizada como argumento central de la aprobación.

El artículo 29 del Decreto Legislativo N.º 1438 establece que aprobar la Cuenta General no implica aprobar la gestión ni los actos administrativos de las autoridades. La Ley N.º 32746 mantiene esa separación y precisa que la aprobación no exonera de responsabilidades ni impide posteriores acciones de fiscalización.

La disposición tiene sentido jurídico. Aprobar un documento de rendición de cuentas no puede significar absolver a quienes administraron los recursos públicos.

Pero esa separación tampoco puede convertirse en una justificación para dejar de examinar políticamente la gestión.

Si el Congreso aprueba las cuentas, pero sostiene que no está aprobando la gestión, ¿cuándo y cómo ejerce el control político sobre esa gestión?

No basta responder que la Contraloría continuará sus investigaciones o que el Ministerio Público podrá determinar responsabilidades. Esas instituciones cumplen funciones distintas.

La Contraloría ejerce el control gubernamental. El Ministerio Público investiga los hechos que pueden constituir delitos. El Congreso tiene sus propias atribuciones de fiscalización y control político.

La Constitución, en su artículo 81, establece que la Cuenta General debe ser examinada y dictaminada por el Parlamento. Ese examen no debería convertirse en una repetición de la auditoría ni reducirse a una votación sobre la documentación recibida.

El control político exige examinar las decisiones de gobierno que están detrás de las cifras.

La aprobación de 2025 adquiere, además, una dimensión que trasciende el ejercicio fiscal evaluado.

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, presidida por José Arista Arbildo, de Fuerza Popular, defendió un cambio en la forma de dictaminar las cuentas. El argumento es que durante años se rechazaron o dejaron de aprobar las Cuentas Generales sin que ello produjera necesariamente correcciones efectivas. Ahora se propone aprobarlas con obligaciones de seguimiento técnico y medidas de transparencia.

La crítica a la práctica anterior puede ser atendible. No aprobar las cuentas tampoco garantiza que se corrijan las deficiencias ni que se establezcan responsabilidades.

Pero esa discusión no puede resolverse sustituyendo un problema por otro.

El asunto no es si el Congreso debe aprobar o rechazar las cuentas. El asunto es si, al aprobarlas, está ejerciendo un control político real sobre cómo se administraron los recursos del país.

Porque el nuevo criterio puede convertirse en un precedente para los próximos ejercicios fiscales.

Y aquí surge una preocupación política de mayor alcance.

En un escenario donde el fujimorismo ejerce el Gobierno y tiene presencia relevante en el Parlamento, ¿qué consecuencias puede tener establecer que la aprobación de la Cuenta General se concentre en los registros financieros, las observaciones de auditoría y los compromisos posteriores de corrección?

¿Se está construyendo un procedimiento que, en los próximos años, permita aprobar las cuentas de la propia gestión gubernamental sin someter sus resultados a un examen político suficientemente exigente?

No hay elementos para afirmar que la aprobación de 2025 haya sido concebida deliberadamente como un blindaje de las gestiones futuras del fujimorismo. Pero el riesgo institucional merece ser discutido.

Una mayoría parlamentaria no necesita eliminar formalmente sus atribuciones de fiscalización para debilitarlas. Puede conservarlas intactas en la Constitución y, sin embargo, reducir su ejercicio a procedimientos que eviten discutir las responsabilidades políticas de la gestión.

Ese es el punto delicado del precedente.

Si se instala la práctica de aprobar las cuentas porque las cifras están registradas, las observaciones identificadas y las recomendaciones formuladas, el examen de la gestión puede quedar permanentemente postergado.

Y cuando llegue el momento de evaluar las cuentas de los próximos gobiernos, incluida la gestión fujimorista, ese mismo criterio podría utilizarse para sostener que el Congreso cumplió su responsabilidad aprobando el documento y encargando el seguimiento de sus observaciones.

La fiscalización política quedaría separada de la rendición de cuentas, sin que necesariamente exista otro momento en el que se examine integralmente la gestión de los recursos públicos.

La renuncia al control político no siempre necesita una declaración expresa. Puede producirse cuando una institución conserva sus atribuciones, pero deja de ejercerlas en los momentos decisivos.

Ese es el peligro que encierra convertir la aprobación de la Cuenta General en un procedimiento fundamentalmente contable.

El Congreso puede argumentar que la ley no impide investigaciones posteriores. Y es cierto. También puede sostener que los planes de implementación y los informes trimestrales fortalecen el seguimiento. Es una posibilidad que deberá evaluarse con resultados.

Pero ninguna de esas disposiciones reemplaza la necesidad de examinar políticamente la gestión que produjo las cuentas.

El país necesita saber no solamente cuánto se gastó, sino por qué se gastó de esa manera. No solamente cuánto quedó sin ejecutar, sino qué decisiones impidieron ejecutar las inversiones. No solamente qué obligaciones se acumularon, sino qué políticas permitirán atenderlas. No solamente cuántas recomendaciones siguen pendientes, sino por qué no se cumplieron y quiénes deben responder por ello.

Esas preguntas no pertenecen exclusivamente a la contabilidad ni a la auditoría.

Pertenecen al debate sobre cómo se gobierna el Perú.

Y esa es una responsabilidad que el Congreso no debería abandonar.

La aprobación de la Cuenta General de 2025 ya es un hecho. Lo que todavía debe demostrarse es si el nuevo criterio parlamentario fortalecerá la fiscalización de la gestión pública o si terminará consolidando una práctica de aprobación contable con escaso examen político.

El precedente no debe evaluarse solamente por la votación que permitió aprobar las cuentas después de trece años. Debe examinarse por sus consecuencias para el control de los gobiernos presentes y futuros.

Porque lo que está en juego no es una formalidad administrativa. Es el equilibrio entre quienes administran los recursos del Estado y quienes tienen la responsabilidad democrática de fiscalizarlos.

El Congreso no fue creado para certificar que los problemas del Perú están correctamente contabilizados. Su función de control político exige examinar cómo se administraron los recursos públicos y demandar explicaciones por los resultados de esa gestión.

Si la aprobación de la Cuenta General termina sustituyendo ese examen, el Parlamento habrá dado un paso hacia una renuncia de hecho a una de sus responsabilidades fundamentales.

Y ese sería el precedente más grave de la aprobación de 2025: que el Congreso siga aprobando las cuentas del Estado mientras deja de controlar políticamente cómo se manejan los recursos del Perú.