Juan Pari / Soberanía para quién

Soberanía para quién: América Latina frente a la doctrina de Trump

Donald Trump dijo ante las Naciones Unidas algo que América Latina no debería pasar por alto, Estados Unidos, afirmó, que no permitirá que las amenazas contra su país encuentren espacio en ningún lugar del hemisferio y, si fuera necesario, utilizará su poder militar para proteger sus “intereses nacionales vitales”. La afirmación es importante no solo por su dureza, sino porque expresa con extraordinaria claridad la manera en que Washington vuelve a mirar a nuestra región: el hemisferio forma parte de su seguridad nacional y, por tanto, también de la defensa de sus intereses estratégicos.

No se trata de una frase aislada. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense habla expresamente de un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y plantea restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, asegurar el acceso a posiciones estratégicas e impedir que competidores extrarregionales controlen activos considerados vitales. La propia Casa Blanca ha ido todavía más lejos al sostener que el hemisferio occidental está nuevamente bajo la “protección y control” de Estados Unidos.

Estados Unidos está definiendo con bastante precisión qué entiende por defender su soberanía y sus intereses en el hemisferio. La pregunta que corresponde hacernos desde este lado del continente es si nosotros tenemos una definición igualmente clara, visto desde nuestros intereses como región o como país.

Ahí comienza el verdadero debate sobre el Escudo de las Américas.

El Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado nuestra incorporación como una respuesta frente al narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y las redes criminales que operan atravesando fronteras y que requieren cooperación internacional. Ningún Estado puede enfrentarlas completamente solo y el Perú tiene razones suficientes para buscar inteligencia, tecnología y coordinación con otros países. Este argumento parece solido si se ve solo una parte del Escudo de la Americas.

El Escudo de las Américas no está construido únicamente alrededor de la lucha contra el crimen. La declaración conjunta establece tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral. Y no es un detalle que el primero sea precisamente el económico. Allí aparecen la revisión de inversiones, la protección de cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables y la regulación de proveedores considerados confiables para infraestructura digital.

Entonces la pregunta surge sola: si estamos construyendo una alianza para enfrentar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, ¿qué tienen que ver con esa tarea la revisión de inversiones, los minerales críticos, las cadenas de suministro y los proveedores de infraestructura digital?

No es una pregunta retórica. Un mecanismo de revisión de inversiones no persigue narcotraficantes. Definir qué empresas pueden proporcionar infraestructura digital tampoco. Y asegurar cadenas de suministro de minerales críticos pertenece claramente al terreno económico, industrial y geoestratégico.

La propia Casa Blanca elimina cualquier ambigüedad al definir al Escudo como la mayor alianza hemisférica de seguridad económica y nacional. El orden de las palabras importa menos que su asociación: para Washington, economía y seguridad forman parte de una misma concepción estratégica.

Es ahí donde el debate deja de ser solamente sobre criminalidad y pasa a ser sobre poder.

Porque Estados Unidos parece haber comprendido algo que nosotros discutimos muy poco: en el siglo XXI la soberanía no termina en la frontera. También depende de quién controla tecnología, quién procesa minerales, quién financia infraestructura, quién domina cadenas de suministro, qué inversiones ocupan posiciones estratégicas y cuánto depende un país de decisiones económicas tomadas fuera de su territorio.

Vista desde Washington, esa lógica es perfectamente comprensible. Estados Unidos no quiere depender de sus competidores para aquello que considera indispensable para su seguridad y su economía. Quiere cadenas de suministro confiables, acceso a minerales críticos, infraestructura segura y capacidad para impedir que potencias rivales controlen activos que considera estratégicos. Eso es exactamente lo que su Estrategia de Seguridad Nacional dice que quiere del hemisferio.

El problema no es que Estados Unidos tenga intereses. Por supuesto que los tiene. El problema comienza cuando los intereses de Estados Unidos pretenden presentarse como los intereses naturales del hemisferio.

Porque el hemisferio no es un Estado. No tiene una sola economía, una sola sociedad ni un único interés nacional. Estados Unidos tiene intereses estadounidenses. Brasil tiene intereses brasileños. Perú tiene —o debería tener— intereses peruanos. Podemos coincidir en combatir un cartel y discrepar profundamente sobre una inversión, un puerto, una empresa tecnológica o el destino de nuestros minerales.

Y ahí aparece una contradicción que merece mucha más atención de la que ha recibido hasta ahora. El Escudo habla de defender la “soberanía hemisférica” y la “soberanía económica”. Pero ¿quién define concretamente el contenido de esa soberanía?

Si Washington considera que determinada inversión china amenaza la seguridad del hemisferio, pero el Perú considera que esa inversión resulta conveniente para su desarrollo, ¿qué criterio prevalece? Si Estados Unidos considera que determinado proveedor de infraestructura digital no es confiable y el Estado peruano, después de evaluarlo, llega a otra conclusión, ¿quién decide? Si Washington necesita nuestros minerales para asegurar sus cadenas industriales y nosotros queremos utilizarlos para desarrollar procesamiento, proveedores e industria nacional, ¿qué interés debe tener prioridad?

Ahí se prueba la soberanía. No cuando los intereses coinciden, sino cuando divergen.

Y la pregunta no es abstracta. Marco Rubio ha vinculado públicamente la relación estratégica con el Perú no solo con seguridad, sino también con crecimiento económico, inversiones en sectores estratégicos y minerales críticos. Al mismo tiempo, ha contrapuesto las inversiones estadounidenses con proyectos respaldados por China que, según la posición de Washington, plantean preocupaciones sobre transparencia, seguridad de datos y otros aspectos.

Podemos compartir o discutir esa evaluación estadounidense. Lo que ya no podemos hacer es fingir que China no forma parte de la ecuación. La competencia económica y geopolítica con Beijing está presente en la manera en que Washington piensa el hemisferio y también en la manera en que está construyendo su relación estratégica con el Perú.

Por eso resulta insuficiente presentar nuestra incorporación al Escudo fundamentalmente como una decisión para combatir el crimen organizado. El crimen es real. La necesidad de cooperación también. Pero el instrumento va bastante más allá de lo que piensa o decide los voceros gubernamentales. Y es precisamente allí donde la posición asumida por el gobierno de Keiko Fujimori necesita mayor escrutinio, es el interés de la patria o es el alineamiento a los intereses norteamericanos

La presidenta ha dicho que el Perú ingresa al Escudo con “gran determinación y gran entusiasmo”, ha reconocido el liderazgo de Trump en la creación de la coalición y ha colocado como argumento principal la necesidad de enfrentar organizaciones criminales que no respetan fronteras.

Pero un Estado no define su política exterior por entusiasmo. La define por intereses. Si el primer pilar del Escudo es económico, el Gobierno debería explicar también su dimensión económica. ¿Qué significa para el Perú participar en mecanismos de revisión de inversiones? ¿Qué criterios se utilizarán? ¿Quién determinará qué proveedor tecnológico es confiable? ¿Qué significa proteger cadenas de suministro de minerales críticos y qué lugar ocupará el Perú dentro de esas cadenas? ¿Seremos principalmente proveedores de recursos o existe una estrategia para desarrollar procesamiento, tecnología e industria nacional?

Y existe una pregunta todavía más delicada: ¿qué ocurrirá cuando la estrategia estadounidense hacia China no coincida con el interés económico peruano? No son preguntas contra Estados Unidos. Tampoco contra el gobierno de Fujimori. Son las preguntas mínimas que debería hacerse cualquier país que se considere soberano antes de incorporarse con entusiasmo a una arquitectura estratégica impulsada por una gran potencia.

Porque Trump, al menos, no deja dudas sobre aquello que está defendiendo Estados Unidos. Y quizá esa sea precisamente la lección que deberíamos tomar de Washington.

Estados Unidos considera que depender de otros países para minerales procesados, tecnología, infraestructura estratégica y cadenas de suministro puede transformarse en una vulnerabilidad nacional. Por eso quiere reducir esas dependencias. Por eso busca asegurar recursos. Por eso observa quién controla activos estratégicos. Por eso relaciona economía con seguridad.

Si esa lógica es válida para Estados Unidos, ¿por qué habría de ser irrelevante para nosotros? ¿Por qué aquello que Washington considera dependencia peligrosa cuando le ocurre a Estados Unidos debería parecernos integración económica cuando nos ocurre al Perú?

Esa es una discusión que el Escudo abre, quizá incluso a pesar de sí mismo. Tenemos cobre, pero eso no significa que controlemos la cadena económica construida alrededor del cobre. Tenemos minerales estratégicos, pero buena parte de la tecnología, el financiamiento y los eslabones de mayor valor se desarrollan fuera de nuestras fronteras. Construimos grandes puertos, pero todavía tenemos que preguntarnos qué estructura productiva estamos construyendo alrededor de ellos.

Poseer recursos no es lo mismo que poseer poder. La soberanía económica comienza cuando un país tiene capacidad real para decidir qué hace con esos recursos. Eso significa exportar, pero también procesar. Atraer inversión, pero utilizarla para desarrollar capacidades nacionales. Participar en cadenas globales, pero disputar eslabones de mayor valor. Construir puertos, pero también industria y servicios alrededor de ellos. Vender minerales, pero convertir una parte creciente de esa riqueza en conocimiento, tecnología y empleo productivo.

La racionalidad de una potencia no tiene por qué ser la racionalidad de nuestro desarrollo. Estados Unidos puede necesitar minerales peruanos para asegurar sus cadenas de suministro. China puede necesitarlos para alimentar las suyas. Ambas cosas pueden generar comercio, inversión y oportunidades para el Perú. Pero ninguna de ellas responde automáticamente a la pregunta que debería preocuparnos: ¿qué estructura productiva queremos construir nosotros con nuestros propios recursos?

Ese es el contenido material de la soberanía que demasiadas veces olvidamos. Un país puede tener bandera, Constitución, elecciones y territorio propio y seguir dependiendo de otros para transformar sus minerales, financiar su infraestructura, producir tecnología y acceder a determinados mercados. Jurídicamente será soberano. Materialmente, su margen de decisión será bastante menor.

Y aquí la posición expresada por Lula en la misma Asamblea de Naciones Unidas introduce un contrapunto importante. Brasil, dijo, “no cabe en el patio trasero de nadie”. También advirtió, desde su perspectiva, sobre el recrudecimiento de “tentaciones hegemónicas” en la región.

No necesitamos convertir a Lula en portavoz de América Latina ni asumir todas sus posiciones para reconocer el problema que plantea. Pero quizá tengamos que llevar su frase un poco más lejos. No basta dejar de ser patio trasero si seguimos siendo cantera.

Porque podemos rechazar la subordinación política a Washington y continuar dependiendo económicamente de Beijing. Podemos cambiar una relación de dependencia por otra y llamarla multipolaridad. Podemos exportar minerales hacia el este en lugar de hacia el norte y continuar importando la tecnología que esos mismos minerales ayudan a producir.

Cambiar de potencia no significa cambiar de posición. La autonomía que América Latina necesita no debería consistir en escoger quién ocupará el lugar dominante, sino en aumentar nuestra propia capacidad de decisión. Relacionarnos con Estados Unidos, China, Europa y Asia, atraer inversión y participar en cadenas internacionales, pero hacerlo desde estrategias nacionales y regionales que definan qué queremos obtener de esas relaciones.

Y ahí aparece otra pregunta incómoda. Estados Unidos piensa hemisféricamente sus cadenas de suministro. China piensa globalmente sus inversiones e infraestructura. Europa identifica y protege sectores estratégicos. ¿Por qué América Latina continúa negociando tantas veces fragmentada, país por país, puerto por puerto, mineral por mineral?

Tenemos minerales, energía, alimentos, biodiversidad, agua, puertos, océanos, mercados y capacidad científica. Pero recursos fragmentados entre países que negocian aisladamente no equivalen a poder regional.

Por eso la integración latinoamericana debería dejar de ser una frase ceremonial para convertirse en una estrategia económica. Integración de infraestructura, energía, cadenas productivas, minerales, investigación, tecnología y financiamiento. También cooperación contra el crimen organizado, precisamente porque las organizaciones criminales sí comprendieron hace tiempo aquello que nuestros Estados todavía encuentran difícil: las fronteras nacionales no impiden construir redes regionales.

Se trata de dejar de presentarnos solos frente a quienes negocian con nosotros desde posiciones de poder muy superiores. Trump ha sido claro. Estados Unidos defenderá sus intereses nacionales, asegurará sus cadenas de suministro, protegerá los sectores que considera estratégicos y disputará la presencia de otras potencias en el hemisferio. No hay ingenuidad en esa política: hay una definición de intereses y una estrategia para defenderlos.

El problema, por tanto, no es que Estados Unidos actúe como una potencia y piense primero en Estados Unidos. El problema es que el Perú ingrese a una arquitectura concebida desde esos intereses sin explicar con la misma claridad cuáles son los intereses peruanos que está dispuesto a defender.

Por eso el Escudo de las Américas no puede evaluarse únicamente por su capacidad para combatir el narcotráfico. Si incorpora revisión de inversiones, minerales críticos, cadenas de suministro e infraestructura digital, estamos ante una decisión que toca directamente nuestra política económica, nuestra relación con China y nuestra capacidad futura de decidir sobre sectores estratégicos. Allí el Gobierno de Keiko Fujimori tiene una responsabilidad que no se resuelve con entusiasmo ni con fotografías junto a Trump: debe demostrar que la participación peruana fortalece nuestra soberanía y no convierte las prioridades estratégicas de Washington en prioridades automáticas del Perú.

Y esta discusión tampoco se resuelve cambiando de potencia. América Latina no gana soberanía si deja de mirar a Washington para depender de Beijing. No queremos ser el patio trasero de Estados Unidos, pero tampoco la cantera estratégica de China ni el proveedor de materias primas de las disputas industriales de otros. Cambiar de dependencia no es conquistar autonomía.

Nuestra respuesta tiene que ser otra: convertir minerales en industria, inversión en capacidades nacionales, infraestructura en desarrollo productivo, integración regional en poder de negociación y cooperación internacional en una relación entre Estados que conservan el derecho efectivo a decidir. Esa es la soberanía que importa, porque una soberanía que existe solamente en la Constitución, pero carece de capacidad económica, tecnológica y productiva para sostenerse termina siendo una soberanía limitada por la dependencia.

Estados Unidos ya tiene una doctrina para defender sus intereses en el hemisferio. El Perú y América Latina necesitan una estrategia para defender los propios. No una doctrina contra Estados Unidos. No una doctrina contra China. Una doctrina de autonomía latinoamericana, capaz de negociar con ambos sin subordinarse a ninguno y de convertir nuestros recursos en poder económico propio.

Porque, finalmente, el debate que abre el Escudo no es si debemos cooperar con Estados Unidos. Debemos hacerlo cuando nuestros intereses coincidan. El verdadero límite aparece cuando dejan de coincidir. Y allí no debería existir ninguna ambigüedad: los intereses del Perú no pueden ser definidos en Washington, Beijing ni en ninguna otra capital. Se definen en el Perú.

Esa es la diferencia entre participar en una alianza y entrar en una esfera de influencia. Cooperación, sí. Subordinación, no. Socios, sí. Tutores, ninguno.