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Juan Risi / Agricultura y gobierno (2 de 8)


Lo que la Agricultura Necesita del Próximo Gobierno


La agricultura familiar es aquella en donde parte de la mano de obra para producir es provista por la familia, que busca generar ingresos a través de esta actividad, y es así que esta mano de obra familiar, que en un cálculo económico constituye un costo, en realidad es un gasto “no costeado”, y se convierte en una oportunidad. De esta forma no resulta extraño que, frente a escenarios de fuertes caídas de precios del producto, los miembros de la familia decidan interrumpir el proceso productivo y dedicarse a otra actividad. Es así como ha ocurrido que, no se ha cosechado papa, arroz o café y hasta se llega a arrojar la leche, pues el hecho de llevar el producto a la venta representa mayores pérdidas a las familias, y de la misma manera, si se produce un fenómeno climático (helada, sequía, granizo o inundación), la familia modifica su estrategia económica para cubrir o aminorar la pérdida, ingresando a un círculo vicioso que no le permite mejorar su situación económica.

Estudios realizados sobre las estrategias de los productores familiares para atenuar riesgos y pérdidas indican que esta agricultura es “resiliente”, pero a pesar de ello, escasas políticas han sido diseñadas para aprovechar estas ventajas y ha sido dejada de lado por los supuestos “estrategas” y hacedores de política, que se preocupan más por las cifras macro económicas que en la creación de bienestar en el sector rural. Esta situación ha producido la migración de jóvenes a los poblados en busca de mejores oportunidades, lo que se refleja en cada censo de población y vivienda, donde el porcentaje de la población urbana ha crecido, y el campo se viene despoblando, lo cual constituye un peligro para nuestra despensa alimentaria y la sostenibilidad del país. Lo verdaderamente dramático es que las cifras del último censo de 2017, muestran ya un decrecimiento de la población rural en cifras absolutas en comparación al censo anterior de 2012. Hay que añadir que la pobreza en el sector rural es 46% y alcanza 80% en algunos distritos, con tendencia a incrementarse por la pandemia y migración de Lima a provincias. Esto debe servir como un llamado de atención para la solución de la problemática de la agricultura familiar.

La aplicación errónea del modelo económico que viene utilizando el país, lejano a una economía social de mercado, ha descuidado no sólo a la agricultura familiar sino al mercado interno. No se debe dejar de lado que somos 33 millones de peruanos que debemos alimentarnos, no estamos usando gran parte de nuestra diversidad alimenticia, y además nuestra seguridad alimentaria depende fuertemente de insumos importados. Así, importamos 100% de trigo que se utiliza en la fabricación de pan y fideos, 80% de oleaginosas para producir aceite y 70% del maíz amarillo que se usa como alimento en la avicultura. La situación ocasionada por el COVID 19, que de agravarse se nos podría cortar la posibilidad de importar estos alimentos, así como cerrar algunos mercados de nuestras exportaciones agrarias, nos debe servir como motivo de reflexión.

Urge ordenar la agricultura nacional, mejorando la planificación y desarrollo de políticas en apoyo a la producción , apoyando a la agricultura familiar, gran abastecedora de alimentos para nuestra canasta familiar, mejorando los sistemas de comercialización y distribución de alimentos, desarrollando nuevas formas de alimentación saludable, y aprovechando lo que nos brinda nuestra biodiversidad, haciendo frente al cambio climático y fortaleciendo a los gremios de productores, aspectos que desarrollaré a continuación, haciendo hincapié que deben ser implementados de forma paralela, pues tienen la misma importancia si se busca que la agricultura del país progrese.

1. Planificación y desarrollo de políticas en apoyo a la producción agraria

Este aspecto fue gradualmente abandonado al transferir funciones y competencias a los gobiernos regionales y se ha agravado cuando el sector priorizó el riego sobre la producción agraria. La falta de planificación de la producción agraria entre el gobierno central y las regiones se ha manifestado en productos sensibles como: papa, arroz, café, maíz amarillo duro y leche. En 2017 ante la desconexión evidente entre el ministerio y las direcciones regionales de Agricultura, se inició un proceso para establecer Comités de Gestión Regional Agraria, integrando al ministerio con las regiones, pero este proceso fue abandonado en 2018.

En cuanto a la caída de precios por el ingreso de productos importados a precios más bajos, es preciso indicar que tenemos suscritos 21 tratados comerciales con 54 países, con los que se tiene negociado alrededor de 95% de las exportaciones e importaciones libres de aranceles. A partir de 2001, se fueron eliminando los aranceles de manera unilateral, de manera que la mayor parte de los aranceles de productos agrarios han prácticamente desaparecido. Frente a esta situación quedan tres alternativas:

a) Revisión de la metodología de la Franja de Precios, único mecanismo arancelario que se mantiene vigente, pero que ha perdido su eficacia, pues se rige en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde ya hemos perdido un litigio en el tema planteado por Guatemala, en el caso del azúcar.

b) Adoptar la decisión política de aplicar medidas no arancelarias, tales como medidas fitosanitarias, normas y reglamentos técnicos o etiquetados, para restringir el acceso de importaciones, tal como lo hacen con nuestros productos sin ningún problema, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos y la Unión Europea. El riesgo es que nos demanden ante la OMC, pero la medida puede ser efectiva mientras se resuelva el proceso de demanda. Esta decisión se ha tomado antes para restringir, con éxito el ingreso de arroz importado de Asia.

c) Rescatar la adopción de Una “Agenda Interna” tal como nos comprometimos luego de la firma de los tratados comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, que permita otorgarle competitividad a las cadenas productivas afectadas por la liberación del mercado peruano bajo los TLC, y con impacto social. De ahí, nació AGROIDEAS, pero se enfocó en la transformación productiva, mas no en volver competitivos a nuestros productores de papa, maíz amarillo duro (MAD), arroz, algodón y leche, fomentando la innovación y asociatividad en estos, así como no destinando recursos para la gestión comercial y acceso al mercado de las organizaciones que se beneficiaron con el programa.


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