Las noticias relacionadas al mal desempeño de funcionarios públicos se han vuelto casi una rutina en el país. No hay día en que no se hable de coimas, malversaciones, consultorías excesivamente pagadas, obras que fueron mal construidas (con vicios ocultos, que se desplomaron, se hundieron, se las llevó el huaico, entre otras). Los hermanitos, sobrinitos, compadritos, secretarias que graban a sus jefes, organizaciones criminales (con nombres pintorescos), colaboradores eficaces (como si hubiera colaboradores ineficaces), adendas, prisiones (o preventivas o preliminares), videos o chuponeos, parecen haberse tornado ya en una costumbre. Los fiscales y abogados penalistas se han vuelto los principales protagonistas en gran parte de los noticieros, y los términos “debido proceso”, “presunción del delito”, “espíritu de la ley”, “apelación”, “medida cautelar”, “habeas corpus”, entre otros, se oyen muy a menudo.
Lamentablemente, en los últimos años, se ha tomado por principio que, para tener un cargo público y ahora casi de cualquier rango, hay que ser militante del partido político que llegó al poder o, en su defecto, tener amigos en el partido y es casi una regla general que, en los cargos, sobre todo en los de más alta jerarquía, esto suceda. Sin embargo, a pesar que hay funcionarios que además de ser militantes del partido político de turno, tienen un desempeño más que decoroso en sus funciones, esto ha dejado de ser una regla general, o es que tal vez el desempeño más que escandaloso de algunos, tiende a opacarlo tal vez porque gran parte de la prensa, parece tener preferencia por los escándalos que por los buenos resultados.
Al parecer, se ha perdido la vocación de servicio y mística de trabajo que tenía un servidor público, habida cuenta que su salario y los recursos de los que es responsable en su manejo, es dinero de todos los peruanos proveniente del tesoro público, que todos los años tiene como fuente importante los impuestos que cada uno de nosotros pagamos de manera directa o indirecta. Quienes perciben un salario de fuentes externas, además deberían tener claro que, en la mayoría de los casos, se trata de préstamos que el país ha contraído y que debe pagar con intereses, o si se trata de donaciones, también son recursos que el país gestionó para cubrir alguna necesidad o solucionar algún problema de coyuntura. Es así que, para desempeñar un cargo público, el funcionario debe no sólo cumplir con las debidas calificaciones, sino que además su desempeño en el mismo debe ser correcto. De ahí nace la obligación de que el funcionario deba ser “probo”.
La Real Academia Española define a probo como un adjetivo de “tener probidad”, definiendo probidad como “honradez: rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Por su parte, la Enciclopedia Universal menciona que “se aplica a la persona que cumple con sus deberes profesionales; que no comete en ellos fraudes ni inmoralidades”. En este sentido la probidad se entiende como un valor de rectitud y moralidad a la que se ajusta la conducta humana y, por lo tanto, debe observarse en las funciones no solo profesionales sino también públicas. Por esa razón muchas legislaciones la destacan como una conducta funcionaria moralmente intachable, una entrega honesta y legal al desempeño de un cargo, en que prima el interés público sobre el privado y agrega que probo es lo opuesto a corrupto.
Las características principales que debe tener un funcionario probo, teniendo en cuenta la rectitud y la moralidad que debe poseer son absolutamente necesarias para desempeñar correctamente el cargo que se le encomienda y que, como ya se mencionó, es pagado con el dinero de todos los peruanos.
La definición literal de “recto” es “no tener curvaturas ni ángulos” y esto tal vez determine que la forma de que el actuar de la persona no debe ser sinuosa, siguiendo un derrotero o ruta definida. Esto implica seguir principios que luego no deben ser dejados de lado. Una persona recta debe ser: íntegra, honesta, coherente y justa.