Julio Schiappa Pietra / Soberanía y base naval

Estados Unidos -ratificando un convenio con el Gobierno de Biden-acaba de aprobar la operación militar más ambiciosa en la historia reciente del Perú: 1.500 millones de dólares para la reconstrucción total de la Base Naval del Callao. El proyecto, gestionado bajo el modelo de Venta Militar Extranjera (FMS) con ejecución exclusiva de contratistas estadounidenses durante diez años, transforma esta modernización en el epicentro de la rivalidad geopolítica por el Pacífico sur.

A solo 80 kilómetros del mega puerto de Chancay, operado por capital chino, el puerto militar, anexo al Callao, se ha convertido en la pieza clave del ajedrez. Y los chinos lo han hecho cumpliendo todas nuestras leyes y sin disparar un solo misil. El Perú debe demostrar que puede modernizarse sin sacrificar su autonomía y soberanía, pero respetando a socios internacionales de buena conducta como China.

Unido al acuerdo de comprar aviones F16 a EEUU, la cesión anunciada de Matarani al Fondo Black Rock, la intención de instalar una base de Marines en El Alto en reemplazo de la de Manta (Ecuador), el objetivo de la doctrina TRUMPROE (América para los Maga Americanos) es controlar el Litio, Cobre y Petróleo del Perú.

El Perú no puede negociar intereses tan importantes para su futuro, frente a un Taypá ni frente a un Bife Texano. Su pueblo debe decidir.

¿Puede un gobierno como el del tambaleante Dr. José Jerí garantizar un manejo adecuado de estos delicados temas de Estado? No, estos deben ser vistos por el Gobierno surgido de las elecciones del 2026. Incluso varios temas deberán someterse a Referéndum Popular, para que el país decida, por ejemplo, si acepta un base de marines con una crisis en Venezuela que se puede convertir en un conflicto regional de proporciones.

Perú debe mantener un no alineamiento activo, equidistante de EEUU y China en su conflicto geopolítico, manteniendo relaciones sin compromisos militares. El primer paso es no sumarse como socio no miembro de la OTAN, como ha sugerido Marco Rubio. Que un Referéndum Popular también lo decida. ¿Somos parte de Latinoamérica o de MAGA AMERICA?

En este contexto que hemos descrito, los riesgos son múltiples y cuantificables en dinero respecto al proyecto por 1,500 millones en la Base Naval del Callao, revivido en un momento desaconsejable por la debilidad extrema del Gobierno Peruano.

Primero, la inestabilidad política representa la amenaza más inmediata. Con cinco presidentes en cinco años, cualquier cambio de gobierno puede paralizar el proyecto. El gasoducto de Camisea, por ejemplo, sufrió tres renegociaciones en quince años por cambios políticos. El Callao podría repetir esa historia con pérdidas de hasta 180 millones de dólares en estudios cancelados.

Segundo, la dependencia operativa genera una soberanía restringida. Diez años de supervisión exclusiva estadounidense sin compensaciones industriales garantizadas crea lo que los expertos llaman "soberanía de código". Similar a los F-16 Block 70, donde el software cerrado requiere aprobación estadounidense para cualquier modificación. La base naval podría quedar paralizada por decisiones técnicas unilaterales. Colombia, que aceptó un modelo similar en su Base Simón Bolívar, hoy requiere técnicos de EEUU para el 90% de mantenimientos, pagando tres veces más que el mercado local.

Tercero, la presión financiera real. El techo de 1.500 millones de dólares, no incluye costos indirectos como desplazamientos, impacto ambiental y complemento peruano. El país debe aportar entre 300 y 450 millones de dólares adicionales, lo que representa un 20-30% extra. Con déficit fiscal del 2.8% del PIB, esto implica endeudamiento o recortes sociales.

Cuarto, el riesgo geopolítico escala automáticamente. Si EEUU instala sistemas de vigilancia avanzada, China podría aplicar aranceles selectivos al cobre peruano (42% de exportaciones) o retrasar inversiones en infraestructura urbana.

Las soluciones, sin embargo, son concretas y ejecutables en los primeros cien días de un nuevo gobierno y congreso elegidos este año La acción más urgente es crear un Comité de Soberanía Técnica compuesto por ingenieros navales, abogados especializados y un diplomático, con presupuesto para asesoría externa de firma internacional. Este equipo debería realizar una auditoría forense de dependencias tecnológicas actuales, mapeando vulnerabilidades antes de firmar el contrato FMS.

Simultáneamente, Perú debe exigir una estrategia de offset (punto de partida del proyecto) obligatorio de una proporción del valor del contrato, compuesto por capacitación de ingenieros en universidades estadounidenses, transferencia de tecnología de sistemas no clasificados, y desarrollo de capacidades en los astilleros SIMA. Si Chile logró 30% de offset en Talcahuano y Brasil 150% en Itaguaí, con proyectos similares, Perú no puede aceptar cero compensaciones, Además, se debe aprobar un Protocolo de Continuidad Política mediante una Ley de Garantía de Proyectos Estratégicos, que requiera superar mayoría de dos tercios del Congreso para modificar o cancelar proyectos FMS superiores a 500 millones, similar a la legislación chilena.

Para mantener su soberanía, Perú debe transformar la rivalidad EEUU-China en competencia de compensaciones. La estrategia es clara: ofrecer a Beijing oportunidades equivalentes en Paita o Ilo con offset similar, creando una subasta de beneficios donde el Perú es el verdadero ganador.

Sin las acciones propuestas, el país pasará de ser "amigo de todos" a "peón de nadie".

Los próximos cien días definen si el Callao es una oportunidad o una trampa de dependencia perpetua. La soberanía no se regala; se negocia con inteligencia y se defiende con instituciones robustas. Grau es un vivo ejemplo de esa defensa del interés del Perú.