(Publicado previamente en La Mula.pe)
La inmovilización social del 5 de abril y la importancia de poner a la población en el centro de las decisiones públicas. Entre otras lecciones, lo ocurrido el 5 de abril último, nos recuerda que el ejercicio de las atribuciones de los poderes del Estado no es irrestricto, y debe tener en su centro de atención a la población, sus derechos y necesidades.
Frente a los problemas públicos, las autoridades deben adoptar acciones o tomar decisiones para hacerles frente. Ello, debería conllevar a colocar en el centro de su análisis, el impacto que tendrán en la población las medidas a adoptar, lo que implica conocer cómo viven los ciudadanos, sus características y necesidades. Desconocerlo, puede llevar a medidas que no abordan el problema público, que lo abordan inadecuadamente, o peor aún, que lo agravan.
Decisiones como la reciente inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y el Callao, durante el 5 de abril, adicionalmente a la debida identificación del problema público (real o potencial) y al sustento constitucional correspondiente, deben tener en cuenta la situación de la población en la cual recaerán y el impacto que generarán en ella. Esto incluye las consecuencias que puede tener para las personas no poder salir a trabajar, en una economía donde prima la informalidad y un gran grupo de ciudadanos vive al día.
Ahondando en ello, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, entre enero y octubre del 2021, la tasa de informalidad laboral en Lima Metropolitana ascendía a 63%, siendo su tasa más alta desde el 2010. Esta situación no puede ser desconocida por las autoridades, ni tampoco pasada por alto al adoptar medidas que impactan directamente en tan delicado segmento de la población. Por el contrario, declaraciones de altas autoridades públicas minimizando estos efectos, puede generar dudas sobre qué tanto se conoce a la población y sus necesidades, y que tanto se procura conocerla, previamente a la adopción de medidas con este nivel de impacto y afectación.
Entre otras lecciones, lo ocurrido el 5 de abril último, nos recuerda que el ejercicio de las atribuciones de los poderes del Estado no es irrestricto, y debe tener en su centro de atención a la población, sus derechos y necesidades. El afectado directamente, con las decisiones tomadas sin este análisis, es finalmente, el ciudadano.
Referencia:
La autora es consultora en gestión pública, infraestructura e inversión pública. Profesora de la EGP de la Universidad del Pacífico. @KarlaGavinoM