Magalli Carrillo / Infancias perdidas

Infancias perdidas: las otras víctimas de la violencia

Cuando escuchamos noticias sobre menores involucrados en actos de sicariato, extorsión o narcotráfico, la reacción inmediata suele ser de indignación. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo llegaron esos niños y adolescentes a formar parte de organizaciones criminales, y si detrás de cada caso existe una historia de abandono, exclusión y vulnerabilidad que la sociedad prefiere no ver.

La problemática no es aislada ni exclusiva de nuestro país. Según el informe anual de la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados (CAAC) de las Naciones Unidas, durante el último año se registraron 38,558 violaciones graves contra menores de edad, afectando directamente a 24,174 niños y adolescentes. El organismo verificó que 6,607 fueron reclutados para participar en hostilidades y 5,129 fueron secuestrados por grupos armados y fuerzas regulares. Países como la República Democrática del Congo, Nigeria, Somalia, Myanmar, Siria y Colombia concentran actualmente la mayor incidencia de este fenómeno.

En América Latina, aunque la realidad es distinta a la de los conflictos armados tradicionales, el problema adopta formas igualmente preocupantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportan que la región registra la tasa de homicidios de menores más alta del mundo, acumulando 53,318 asesinatos de niños y adolescentes. Paralelamente, organismos especializados advierten que miles de menores son captados por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

La situación resulta particularmente alarmante en determinados países de la región. En Ecuador, informes de la Policía Nacional señalan que los menores representarían hasta el 60% de las bases operativas de determinadas bandas narcocriminales. En Haití, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sobre el incremento del tráfico de menores hacia pandillas armadas, favorecido por el debilitamiento institucional del Estado. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que alrededor de 250,000 niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por organizaciones vinculadas a los cárteles de la droga.

Detrás de estas cifras existe un patrón común. Las organizaciones criminales identifican y aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de la infancia. Mediante engaños, promesas económicas o amenazas contra sus familias, convierten a niños y adolescentes en mano de obra barata, fácilmente reemplazable y con menores riesgos legales para las estructuras criminales. Lo que comienza con labores de vigilancia o transporte suele evolucionar hacia actividades de extorsión y, finalmente, hacia la participación directa en actos de sicariato.

El perfil de estos menores no es casual. La evidencia internacional muestra que provienen principalmente de contextos caracterizados por pobreza extrema, hacinamiento, abandono escolar temprano, ausencia de oportunidades laborales, violencia intrafamiliar y escasa presencia del Estado. Son niños que crecen en entornos donde las economías ilegales terminan ofreciendo mayores perspectivas de desarrollo que las alternativas formales disponibles.

En el Perú, esta realidad también se encuentra presente. Las mafias dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos en Lima, Callao y diversas ciudades del norte del país vienen instrumentalizando a menores de 12 y 13 años para participar en atentados armados y ataques con explosivos. De acuerdo con información del Ministerio del Interior y del Comando General de la Policía Nacional del Perú, aproximadamente el 50% de los detenidos por sicariato en el Callao y La Libertad son menores de edad. Incluso, durante determinados operativos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), hasta ocho de cada nueve intervenidos en flagrancia resultaron ser adolescentes.

Ante este escenario, el Estado ha optado por fortalecer la respuesta penal. La reciente Ley N.° 32330 permite que adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos de sicariato sean procesados bajo condiciones similares a las de los adultos. Sin embargo, las propias estadísticas del Ministerio Público y del Poder Judicial revelan que los casos vinculados al sicariato representan menos del 2% del total de adolescentes infractores registrados a nivel nacional, concentrándose la mayoría de infracciones en delitos menores.

La discusión entonces trasciende el ámbito estrictamente legal. Si bien resulta indispensable sancionar a quienes participan en actividades criminales, también es necesario reconocer que el endurecimiento de las penas no elimina las condiciones que permiten el reclutamiento de menores. La pobreza, la exclusión social, el abandono educativo y la falta de oportunidades continúan alimentando un círculo que las organizaciones criminales aprovechan permanentemente.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce esta realidad cuando establece la inimputabilidad de los menores de 14 años mediante el artículo 20, inciso 2, del Código Penal, y prioriza medidas de protección y reintegración familiar a través del Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, el artículo 129-Q del Código Penal sanciona a quienes utilizan o explotan criminalmente a niños y adolescentes. Estas disposiciones reflejan el reconocimiento de que los menores involucrados en actividades ilícitas no pueden ser comprendidos únicamente desde una perspectiva punitiva.

La verdadera dimensión del problema no se encuentra solamente en los delitos que llegan a las estadísticas policiales. Se encuentra en los miles de niños que crecen en condiciones que los convierten en potenciales objetivos de las organizaciones criminales. Mientras persistan territorios marcados por la exclusión social, la precariedad económica y la ausencia de oportunidades, las mafias seguirán encontrando en la infancia un recurso disponible para sostener sus actividades ilícitas.

Nos hemos acostumbrado a escuchar noticias sobre adolescentes detenidos por extorsión o sicariato. Sin embargo, pocas veces analizamos lo que ocurrió antes de que esos menores llegaran a empuñar un arma o a integrar una organización criminal. Nos concentramos en el delito consumado, pero ignoramos las condiciones que hicieron posible su participación.

Y entonces surge una pregunta que como sociedad no podemos seguir evitando: cuando un niño es reclutado por una organización criminal, ¿estamos frente a un victimario o frente a una víctima más de la violencia estructural? Mientras no seamos capaces de responder esa pregunta y actuar sobre sus causas, seguiremos perdiendo generaciones enteras de niños que nunca tuvieron la oportunidad de elegir un camino distinto.