“Hay demasiadas personas angustiadas, sufriendo y temerosas por su trabajo, su familia y su futuro”, señalaba enfáticamente en 2011, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. Dichas emociones se han intensificado y magnificado en la actualidad, el azote de la pandemia del COVID-19 ha acentuado la indeterminación, la insuficiencia y la vulnerabilidad a escala global.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto reaccionar a la pandemia del COVID-19 con una respuesta política integrada basada en cuatro pilares. Esto incluye: ayudar a la economía y el empleo; ayudar a las empresas, a los puestos de trabajo y los ingresos; proteger a quienes trabajan durante el confinamiento, y cuando la economía vuelva a ponerse en marcha; y recurrir al diálogo social.
Diversas medidas se están aprobando o postulando globalmente en el campo de la seguridad y salud, y la protección de los trabajadores en los ambientes de trabajo. Podemos mencionar, entre otras: la incorporación del COVID-19 como enfermedad profesional – no listada -; el derecho a la desconexión en el curso del teletrabajo, la responsabilidad de los empleadores de monitorear, evaluar los riesgos para la salud y tomar las medidas necesarias; compensación a los padres con niños de hasta 12 años que no pueden trabajar; el derecho de los trabajadores a la continuación del pago en negocios cerrados por decreto; pautas para empleados y supervisores sobre cómo apoyar la salud mental durante la epidemia.
En el caso peruano, una combinatoria de alta informalidad y escasa protección social, puede generar serios problemas durante y después de la primera oleada de contagios producto de la pandemia del COVID-19. Para hacer frente a lo que es calificado como una inminente y profunda recesión económica para la región latinoamericana, se deberían adoptar políticas públicas con miras al fortalecimiento institucional de la salud y seguridad en los ambientes laborales. Con casi un cuarto de siglo de seguros complementarios de trabajo de riesgo, un itinerante e históricamente disperso Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS), una desbordada SUNAFIL, y un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo apenas conocido, claramente no alcanza.
Todo hace indicar que llegó la hora de crear una Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la mano de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos de cobertura y una protección integral de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Luego de una década de la aprobación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se requieren dar nuevos y firmes pasos en esta materia. En diciembre de 2019 con el “Caso McDonald’s” quedaron en evidencia las grietas y debilidades del sistema de SST. Ahora, con el COVID-19, la “nueva normalidad” incierta y desafiante, requiere una nueva y reforzada salud laboral, más preventiva, más articulada, más comprehensiva.