II - La Ley del programa de riego tecnificado, vacíos legales y actualización
Luego de estudiado el contexto y la problemática en ciernes, se debe tener en cuenta que existe una política de Estado que promueve el riego tecnificado, esta es la Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2006-AG.
No obstante, se verifica que el mayor impasse a la fecha es que el reglamento vigente desde el 2006 (14 años), se refiere al respecto de la elegibilidad para el riego tecnificado en su Artículo 10, al referirse al “Área de un Proyecto”, lo que se indica a continuación a la letra:
"Los proyectos que se presenten a concursos públicos para el otorgamiento de incentivos de riego tecnificado, deberán contar con una extensión mayor a las 5 hectáreas y no poseer la condición de tierras eriazas".
Tal como ha quedado establecido la condición de eriazo no debería ser un problema, sino más bien una necesidad para ser elegido como beneficiario de un proyecto de tecnificación de riego; asimismo, el tamaño de la tierra, si bien debería ser una condición que garantice la viabilidad técnico y económica de la intervención, no debería ser medida en términos de la propiedad de la tierra, sino en la voluntad de las asociaciones de productores de cambiar en conjunto la cédula de cultivo hacia cultivos con mayor viabilidad económico y comercial, donde el plan de negocio deba ser presentado por el binomio: empresa agroindustrial + productores agropecuarios (en plural), y ser financiado por el Estado. En la evaluación para la elegibilidad del beneficio, se deberá tener en cuenta el acceso al agua, la cédula de cultivo y el costo de los sistemas de riego previstos.
III - Conclusiones y/o propuestas.
Los impactos negativos que se generan en el largo plazo para la agricultura y nuestra economía reflejan la poca racionalidad y conocimiento de los responsables del diseño y operación de las inversiones en riego. La falta de priorización y/o facilidad en riego tecnificado, a la luz de los grandes logros de las agroexportaciones del país, se ve reflejado en el creciente deterioro del principal medio de producción: el suelo. Se tienen muy buenos ingenieros agrícolas, muy buenos informes de diagnóstico, pero poca o nula priorización y menos planificación agrícola para el desarrollo. Actualmente sólo se prioriza el aprovechamiento de la tierra y la rentabilidad de corto y mediano plazo, aquello que pueda ser visible durante el quinquenio de gobierno, dejando de lado la necesaria inversión que sostenga y amplíe lo logrado.
En este sentido, para dar los primeros pasos hacia la facilitación de la inversión público privada en riego tecnificado y la consecuente competitividad sostenida del agro peruano, se proponen cambios normativos, que permitan el cofinanciamiento estatal de sistemas de riego, a beneficiarios que puedan ser elegibles, por su perfil asociativo (comunidad + empresa agroindustrial comercializadora), por su acceso al agua, cédula de cultivo rentable y por la tenencia de tierra (sin exigir la titulación de la misma); también, se necesita elevar los límites de inversión en riego tecnificado por hectárea para que coincida con el valor de mercado actual. Finalmente, poner una barrera de entrada mínima de inversión privada, que verifique el compromiso de parte en la inversión a realizar, y un techo máximo de cofinanciamiento, que permita extender los beneficios a un mayor grupo de productores y asociaciones, y no a un grupo pequeño de grandes empresarios y/o terratenientes.