Mucho se habla de formalizar últimamente, pero poco se habla de cómo hacerlo. Las acciones típicas de formalización (acercar a las notarías, a la SUNAT, centros de desarrollo empresarial, entre otros), no han tenido el éxito esperado; seguimos manteniéndoos a la cola de la presión tributaria (los que realmente pagan impuestos), de Latinoamérica, con sólo un 14% del PBI. ¿Qué está fallando?
Hace unos meses atrás, me choqué con dos problemas estructurales de la formalización, ambos son causados por soluciones propuestas por la propia SUNAT, que ve en estos instrumentos la forma de generar formalización, cuando a la larga lo que está realmente normalizando, es la informalidad, la evasión, la elusión, e incluso el lavado, sin saberlo. Hablo de dos instrumentos: i) las liquidaciones de compra y ii) las boletas de venta; en la práctica, aunque tengan sus defensores, ninguna de las dos sirve para formalizar.
Empecemos con las llamadas “liquidaciones de compra”. Este instrumento es definido por la propia SUNAT como: “un comprobante de pago emitido por las personas naturales o jurídicas […], por las adquisiciones que efectúen a personas naturales productoras y/o acopiadoras de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía, desperdicios y desechos metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre que estas personas no otorguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC”. Siendo aplicable sólo si el valor de ventas mensuales del vendedor (pequeño productor), acumuladas mes a mes en el transcurso de cada año, no superan las 75 UIT.
A los que hasta este punto, no han podido darse cuenta del problema, procedo a explicárselo con 2 casos:
i) El primero son las plantas de lácteos que han sido empeñosamente implementadas por las mineras, el MINAGRI e incluso el PRODUCE. Casi todas ellas, no cuentan con una contabilidad adecuada y trabajan en contra de todas las estrategias de fomento productivo del Estado. Para producir (básicamente quesos y yogurt), compran la materia prima a los productores agropecuarios de la zona, que no cuentan con RUC, razón por la que esa transacción se realiza contra entrega del producto sin mediar ningún comprobante de pago. Por otro lado, compran sus insumos (envases, embalajes, etiquetas, productos químicos, otros), a empresas formales que les emiten facturas y por tanto cobran un IGV. Finalmente, van hacia mercados locales y regionales donde estos productos se venden sin mediar boleta de venta alguna, y por tanto sin poder trasladar el IGV en dicho proceso.
En suma, dentro de la estructura de costo de ese queso comercializado en el mercado, existe una compra “en negro” de la materia prima leche, y un IGV “cautivo” de los insumos (que no puede ser trasladado al comprador), el efecto neto es un SOBRECOSTO DE PRODUCCIÓN. Dicha empresa, sólo tiene una salida, realizar ventas “en negro” (evasión y elusión), para compensar las compras que realiza de la misma manera. Si intenta ingresar a la formalidad, utilizando la “liquidación de compras”, el castigo sobre su estructura de costos (Un 18% adicional sobre la materia prima), terminará por eliminar toda su “rentabilidad”, y quedará destinada a quebrar. Actualmente, hay muchas plantas de lácteos cerradas por este efecto, o funcionando bajo condiciones informales.
ii) La producción agropecuaria de muchas regiones andinas y de selva viene siendo “invisibilizadas”, gracias a las “liquidaciones de compra”, y ¿cómo es esto?, simple, los productores agropecuarios entregan sus productos a los intermediarios y/o empresas con mayor articulación a mercados nacionales formales e internacionales. En estos casos, dados los mejores precios a los que éstos pueden acceder, la emisión de la “liquidación de compras” les sirve para formalizar el producto comprado e introducirlo a su volumen de oferta comercial y/o exportable. Al parecer todo funciona correctamente, el intermediario comercializa, la SUNAT recibe su parte, el productor agropecuario recibe su paga puntual; todos aplauden. La cadena es formal, la pregunta es: ¿es justa?, ¿es correcta?, sobre todo: ¿sirve para los planes nacionales de desarrollo sostenible?
La respuesta a esas tres preguntas es NO, por ejemplo, el caso de la palta de Huancavelica, que se comercializa y/o exporta desde fundos en ICA (como producción propia), invisibilizando al productor huancavelicano y complicando las políticas del GORE por masificar ese cultivo; ¿sin pruebas de éxito local, como se sustenta un gasto a gran escala en su territorio? Igual problema tiene la Tara de Apurímac, que es comercializada y/o exportada por empresas ayacuchanas con el mismo efecto. Haciendo un análisis más profundo, mucho más pernicioso, la madera y el oro ilegal que es blanqueada gracias a esta herramienta en un ámbito exonerado de IGV (como ocurre en la selva); la liquidación de compra es la panacea en estos casos ¡el enemigo de la formalización está en casa!
El caso de las boletas de venta no es mejor, dado que no está sujeta a cruces de información entre compradores y vendedores (como las facturas lo hacen), las empresas que las usan, simplemente no las emiten, reservándose esa tarea para el momento de hacer sus declaraciones, donde emitirán las necesarias para justificar algunos ingresos que justifiquen sus compras, el resto continuará como ingreso “en negro”. Los casos más perniciosos del uso de las boletas, no son sorpresa para nadie, al verificar la gran cantidad de establecimientos de hospedaje en zonas de producción de sustancias ilegales; aunque sorpresa debería haber, pues ¿hay tanto turismo en esas zonas?, pues no, son la fachada más simple para el lavado de dinero ilegal; lavado a un costo de18% por cada boleta emitida a personas naturales, aunque el establecimiento permanece vacío y a la vista de todos, y con el aplauso de los que recaudan.
El problema es estructural, no podemos seguir manteniendo estas dos herramientas que no nos sirven para acompañar políticas públicas de formalización y desarrollo empresarial. La SUNAT y el Estado en general debe darse cuenta que mantener estas herramientas vigentes implican invisibilizar a los productores agropecuarios y extractores, básicamente postergándolos a la pobreza y a exiguos ingresos (no pueden comercializar directamente sus volúmenes de producción); al no ser visibilizados como productores, tampoco con identificados como tales y los sistemas de focalización del gobierno los siguen visualizando como pobres y una carga para los programas sociales.
Los gobiernos subnacionales afectados, muchas veces miopes ante este problema, pierden doblemente: por un lado, la oportunidad de generar políticas públicas de desarrollo de la producción local (que pasa desapercibida contablemente), y por el otro, una posible base de recursos directamente recaudados, que pasa por sus narices sin poder ser aplicar a la trazabilidad. En el peor de los casos, estamos validando la extracción ilegal de nuestras reservas naturales, sin darnos cuenta, sin trazabilidad no hay control de procedencia.
Antes de escribir este artículo, recurrí personalmente a las oficinas de la SUNAT y al centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, a los que les expuse este problema y solicité me indicaran una manera en que el primer eslabón, el productor agropecuario y extractor sea visibilizado y su producción formalizada y trazable desde su origen; la única solución para ambas instituciones era el uso de las “liquidaciones de compra” que debían ser emitidas por el acopiador, intermediario o empresa (segundo eslabón de la cadena), confirmándome con este hecho, que estas instituciones no tienen ninguna salida para la formalización de estos grupos.
Necesitamos eliminar estas dos herramientas, y eso SI es posible, los marcos legales existen y se vienen utilizando, no hay actualmente ninguna justificación para su permanencia. Hoy la penetración de emisión de DNI entre la población llega casi al 100% de la población, un gran trabajo de la RENIEC; por tanto, no hay ninguna excusa para que esa misma población no tenga RUC, máxime si el RUC es el número de DNI de la persona natural con un 10 adelante y un número verificado al final. Por tanto la excusa de emitir boletas se desbarata, pues si todos tenemos RUC, todos podemos emitir y sobre todo RECIBIR facturas, con lo que la SUNAT podría tener trazados los ingresos y egresos de todos, desde el primer eslabón de la cadena, un mejor control de la producción local y sobre todo, lo más importante para las políticas públicas, información dura y transparente de donde se necesitan políticas públicas de desarrollo empresarial (y a qué nivel), y dónde políticas de protección social.
Ahora bien, tal como ha sido expuesto, la formalización del primer eslabón traería más de un beneficio, pero ¿cómo la materializamos?, ¿cuánto tiempo demandaría?, ¿Qué ajustes normativos serían necesarios?; las respuestas sorprenderán, pues es posible hacerlo en tiempo record y con el marco legal vigente; sólo se necesita una Resolución de Superintendencia SUNAT, eliminando estas herramientas, exigiendo el uso extendido de las facturas y resolviendo el uso de recibos por honorarios para el primer eslabón de la cadena productivo agropecuaria y extractiva.
El marco normativo de los 5 regímenes de renta apoya esta propuesta, dado que la labor agropecuaria extractiva, no es renta de primera (no está alquilando bienes muebles y/o inmuebles), no es renta de segunda (no está obteniendo ganancias de capital), no es renta de tercera, pues como primer eslabón es un productor primario (no es una empresa productora y comercializadora), finalmente tampoco es renta de quinta (pues no es un asalariado dependiente de una personería jurídica); por tanto, a menos que haya una falla en la Ley, estos productores agropecuarios deberían estar considerados dentro de la renta de cuarta categoría, las que provienen (según definición de la propia SUNAT) del ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio, sin estar subordinado a otra persona o entidad.
En ese sentido, si estas unidades productoras se consideran como renta de cuarta, podrían emitir Recibos por Honorarios, por los productos primarios que con su trabajo han hecho posible, acogiéndose a todos los beneficios que la renta de cuarta provee a sus usuarios (la contabilidad electrónica que no hacen necesaria a un contador, las exoneraciones de hasta 8UIT no sería un incentivo perverso a la formalización, las retenciones de impuestos por exceso en manos del comprador/agente retenedor y la posibilidad de descontar compras de ciertos servicios). En estos casos, dado que existiría un documento que respalda la compra inicial de la materia prima, no se necesitarán más las liquidaciones de compra, y toda la base de productores peruana quedará visibilizada y formalizada en un hecho sin precedentes.
Finalmente, ¿qué se necesita en la zona urbana para que esta formalización cambie de ser una imposición a ser una necesidad de todos?, simplemente abolir el uso de la boleta y obligar el uso de la factura y recibos de honorarios, y consecuentemente ampliar la base de servicios que pueden ser usados como escudo fiscal por personas naturales.
Si todos nosotros pudiéramos descontar, el servicio doméstico, las compras de abarrotes, el transporte urbano (taxis, colectivos), entre otros, seríamos los primeros en exigirle a la empleada del hogar un recibo por honorarios, a la tienda de la esquina una factura, al transporte urbano una factura o ticket. La SUNAT tendría 33 millones de peruanos aliados en la búsqueda de la ansiada formalidad.