Las operaciones y proyectos mineros en el país se encuentran ubicados, por lo general, en áreas donde hay comunidades y poblaciones con una gran diversidad cultural y complejidad geográfica, social y política; y con mayores niveles de pobreza, menores ingresos familiares y mayores brechas sociales. Por lo cual, es clave desarrollar una visión común como la visión del grupo RIMAY que promueva una minería integrada social, ambiental y territorialmente y que, a la vez, sea competitiva.
Desarrollo territorial y minería
Por otro lado, existe una cartera de proyectos mineros en el país de 58,271 mil millones de dólares (MINEM, setiembre 2020). Sin embargo, este portafolio de proyectos avanza lentamente, a pesar que hay grandes oportunidades de crecimiento para el sector por el crecimiento de la demanda de cobre de los principales países, China, Estados Unidos y Alemania.
Entre los principales desafíos para superar esta situación de poco dinamismo de la minería en el país, están la ausencia de políticas territoriales explícitas; la incapacidad del estado para el uso eficaz de los recursos públicos, en especial, las transferencias del canon minero; un sistema de distribución del canon que es percibido como injusto por las poblaciones; la debilidad de las políticas interculturales; la identificación incompleta de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, en especial, las tierras y territorios; las deficiencias de los mecanismos de participación y consulta previa; entre otros (Informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible, 2020). Todo esto conlleva a que los conflictos socioambientales vinculados con la minería sean el mayor rubro de conflictos en el país, 44% del total (Defensoría del Pueblo, octubre 2020).
Diversidad cultural y territorios
La diversidad cultural en los territorios con influencia minera requiere de procesos de acción colectivos con responsabilidades compartidas que permitan la construcción de ciudadanía en estas áreas territoriales. Contribuyen con este fin, mejorar los procesos de diálogo, promover la participación ciudadana, la formación de alianzas y la planificación territorial inclusiva (Guillén Calvo, INSUCO, Primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social).
Al respecto, además, de los talleres participativos y audiencias públicas, el informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible recomienda incluir mayores mecanismos de participación ciudadana que involucren dialogar con la ciudadanía en las etapas tempranas de desarrollo de los proyectos; priorizar la culminación de la base de datos de Pueblos Indígenas; y completar el proceso de titulación de tierras comunales.
Cierre de brechas y generación de oportunidades económicas
Los proyectos mineros deberían buscar una mayor articulación con el gobierno y las comunidades para el desarrollo territorial sostenible y de la diversidad cultural desde etapas tempranas de exploración y diseño. De este modo, habrá mejores posibilidades de implementar proyectos de desarrollo territorial con gran impacto social positivo en sectores como salud, nutrición, educación, vivienda, saneamiento, agricultura, empleo, energía, comunicaciones, entre otros, lo cual permitirá el cierre de brechas sociales, construir confianza y generar oportunidades económicas para la población.