La economía necesita medidas inmediatas para la recuperación económica del país. A continuación, presento las medidas más urgentes para dinamizar la inversión pública y privada ahora de obras en ejecución:
Aplicación del silencio administrativo positivo sujeto a fiscalización posterior para todo tipo de autorización, licencia o procedimiento TUPA, acompañado de un sistema de información sobre el que se construyan incentivos fiscales para la gestión eficiente de licencias y autorizaciones. Dos pueden ser las razones por las que una entidad pública responde fuera de plazo: por criterios políticos o por una inadecuada gestión de los recursos disponibles para la atención de la carga administrativa. Lo primero debe ser erradicado: no podemos comprometer el crecimiento económico y la puesta en operación de servicios públicos necesarios para la población por criterios políticos. La segunda –que es la demora en las respuestas por mala gestión de recursos– necesita ser abordada de manera correcta. Por ello, de la mano de la implementación del silencio administrativo positivo se debe construir y hacer de conocimiento público, un ranking de atención y desatención de entidades públicas en materia de licencias y autorizaciones, con el objeto de construir indicadores que posteriormente sean utilizados en la asignación anual de presupuesto a dichas entidades, premiando a las entidades públicas que responden con eficiencia y eficacia de acuerdo a indicadores de éxito, y sancionando a aquellas con hayan mostrado mal desempeño. La inversión no puede parar y la gestión pública no puede quedarse atrás, necesitamos generar los incentivos adecuados para que esta mejore.
Destaque de equipos de destrabe para liberación de interferencias a nivel nacional en proyectos de inversión pública y obras concesionadas. Para la liberación de interferencias, los ejecutores de proyectos usualmente tienen como contraparte a empresas privadas o personas naturales. El nexo entre el ejecutor y el agente privado no siempre funciona porque los ejecutores tienen en cartera varios proyectos a la vez, haciendo del recurso humano recursos pívot que se dedican a múltiples actividades, restando tiempo e importancia a los procesos que son ruta crítica en la gestión de proyectos, como es la liberación de interferencias. El destaque de equipos de destrabe a las unidades ejecutoras que se dediquen exclusivamente a lograr la firma de convenios y/o compensaciones al agente privado o público, es una medida concreta que permitirá el avance físico de obras.
Replanteamiento del trato directo en la adquisición de predios para proyectos de infraestructura. El Estado debe proveer un precio atractivo para los propietarios de predios que necesita adquirir. Sin embargo, este proceso de trato directo no debe ser condicionante para el inicio de obras: si el Estado ya definió técnicamente el trazo sobre el que se construirá una carretera, un colegio o una red de electrificación, pues manos a la obra, no hay tiempo que perder. El proceso de negociación del trato directo debe llevarse de manera paralela (e inclusive, en otra instancia), mientras que los ejecutores inscriben aquellos predios como su propiedad, permitiendo el avance de las obras e inversión. Eso sí, el Estado debe garantizar tasaciones que estén de acuerdo con la realidad comercial y económica de las zonas en las que estos se ubican.
Apostemos por una reforma de la gestión pública, por una reforma de los principales sistemas administrativos y por una reestructuración de entidades públicas clave. Mientras ello sucede, las medidas que se han mencionado ayudarán a avanzar a buen ritmo la ejecución de las obras a nivel nacional, contribuyendo a la recuperación económica del país.