Roger Grandez / Gallinazos sin plumas

A inicio de año la puntería de los gobiernos locales, especialmente de los 26 alcaldes comprendidos en el Plan de Cierre de Brechas – Fideicomiso Indígena (PCB-FI) fueron convocados al palacio de gobierno con ocasión de la instalación de una mesa técnica para escuchar la demanda de los jefes de pliego que deberían ser las demandas más sentidas de sus poblaciones de sus respectivas jurisdicciones, y esperar respuestas del ejecutivo para su atención y siempre valorando si estas necesidades van a tener impacto en las poblaciones, sobre todo en disminuir las brechas de oportunidades.

Las cartas presupuestarias en mesa se concentraron en la aprobación del apalancamiento del Fideicomiso Indígena requerido con insistencia por los alcaldes de Requena, Nauta y San Lorenzo quienes se convirtieron en los abanderados de esta gesta financiera; la puesta en vigencia del fideicomiso de frontera (ley 32422), y otras demandas presupuestales de los alcaldes congregados en el palacio de gobierno para presentar sus iniciativas de gatos y hacerlos realidad. Finalmente, las demandas de los alcaldes no fueron escuchadas por el presidente encargado del palacio de gobierno por su ausencia en la mesa técnica, elevando el descontento de los alcaldes convocados

Respecto al PCB-FI, está debidamente demostrada (GPC y IDS Prospectiva Amazónica) que en los tres primeros años de ejecución (2023-25) de este mecanismo financiero por parte de los alcaldes, principalmente de las tres municipalidades arriba mencionados, se encuentran bastante distantes de atender las necesidades de las poblaciones afectadas por la actividad petrolera y que es la razón fundamental de la creación del fideicomiso indígena.

En los casos de las municipalidades provinciales de Requena y Nauta, sus presupuestos se están orientándose para priorizar inversiones en atender a sus respectivas ciudades, con proyectos de obras de construcción de pistas, veredas, plazas, maquinaria y equipos para limpieza pública, donde se concentran la mayor cantidad de presupuesto total de los s/600 millones asignados en estos tres primeros años. En el caso de la municipalidad provincial de Requena-Requena, es la más emblemática del gasto irresponsable y sin considerar las necesidades más sentidas de las poblaciones rurales con la atención de agua y sistema de alcantarillados, por ejemplo.

En estos dos años (2025-26) el alcalde Requena es el presidente del directorio del fideicomiso indígena, y como tal tiene un fuerte peso de asignar el reparto del presupuesto de los s/200 millones anuales que se distribuyen; y en estos dos años, Requena se asignó un presupuesto de s/76.5 millones que representa el 19 por ciento del total asignado (s/400 millones), cuando debería tener un presupuesto de 4% si aceptamos la distribución equitativa. Esta mayor asignación de presupuesto para una sola municipalidad y, sobre todo, que sus gastos se encuentran lejos de cerrar brechas, están profundizando las necesidades de las poblaciones vulnerables y objetivas del PCB, de ahí que se acuñó la frase de las Brechas Inalcanzables.

Para este 2026, la MP Requena-Requena, se asignó un presupuesto de s/22.4 millones (11.2% del total), quitándoles, a las otras 7 municipalidades distritales de la misma provincia, presupuesto para programar inversiones sectoriales.

En vez de exigir mayor presupuesto público para “cerrar brechas”, el presidente del directorio, debería exigirse, el mismo, de actualizar el portal de transparencia del Fideicomiso Indígena y colgar toda la información requerida (presupuesto, proyectos ejecutados y por ejecutar, y avance presupuestal); de exigir a los alcaldes beneficiarios un plan de acción de intervención en sus respectivos territorios identificándose indicadores de gestión (resultados) que ayuden a evaluar si las intervenciones están cumpliendo los objetivos por las cuales fueron creadas, y además, presentar un balance de gestión de resultados.

Hoy, el presidente del directorio del PCB-FI está exigiendo con insistencia al ejecutivo un apalancamiento de s/1,083 millones en un entorno de uso irresponsable del presupuesto asignado, en un escenario de elección popular, y de una corrupción es ascenso.