Roger Grandez / La otra pandemia

Existen múltiples y variados estudios que registran y documentan actos reñidos con la ética en la administración pública, y en particular sobre la gestión presupuestaria, y este fenómeno social no es patrimonio de nuestra época contemporánea, ya tiene arraigo y deviene hasta nuestro período colonial.

En el libro de debate del pleno del congreso sobre la propuesta de ley de descentralización en 2001 (convirtiéndose en ley N°27783, de julio 2002), se resalta la intensidad de las intervenciones parlamentaria con el objetivo de poner a prueba la capacidad del estado y de sus ciudadanos de organizarse y cumplir funciones sobre cómo hacer un país menos desigual y con mayores oportunidades para que los ciudadanos y sus territorios puedan elegir, de manera libre y autónoma, la mejor forma de proponer estilos de desarrollo compensado.

A partir de las elecciones democráticas en octubre de 2002, los lideres locales mostraban sus primeros dotes de tomas de decisiones ante los viejos y arraigados problemas públicos. Esta casta política se fue expandiéndose volviéndose más peligrosa en la medida que fueron controlando el presupuesto público, y se olvidaron de resolver los problemas públicos y generar valor a las intervenciones para cambiar el rostro de sus ciudadanos.

Desde la primera elección popular para decidir el futuro de Loreto, hasta la fecha, ya se contabilizan 5 gobernadores regionales y 318 alcaldes en un periodo de 22 años consecutivos, con una dotación de inversiones conjuntas por los tres niveles de gobierno de s/17 mil 808 millones, con regímenes políticos totalmente polarizados y nunca consensuando para la toma de decisiones en beneficio de la colectividad.

En este periodo de bonanza presupuestal (FONCOR, fideicomiso de la ley 30897, y fideicomiso indígena) los presupuestos públicos en los dos niveles de gobierno (Gore – Loreto y municipalidades) están capturados por una elite política mafiosa, de organizaciones económicas relacionados con actividades ilícitas financiando campañas políticas para luego tener el control del todo el ciclo administrativo de la gestión pública regional y local.

En estos tres últimos años (2023-2025) el Gore Loreto y los gobiernos locales malversaron fondos públicos por un valor acumulado de s/1,238 millones, con las consecuencias directas de robar oportunidades a las personas para alcanzar futuros prósperos, de profundizar las brechas y las desigualdades territoriales.

Esta es la otra pandemia, que está matando el futuro de un territorio rico en recursos naturales.