Cuando se firmó el acuerdo con la farmacéutica SINOPHARM, entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad San Marcos, para llevar a cabo los ensayos clínicos de la fase III, se lanzó la convocatoria para miles de voluntarios con un fármaco de experimentación, cuyos probables efectos secundarios en nuestra población solo se conocería después de inocular a un vasto número de ciudadanos. En ese momento ninguna autoridad ni departamental ni de gobierno central o ministerios alzo la mano públicamente para enrolarse oficialmente al estudio. ¿Miedo a dichos efectos o complicaciones ante lo desconocido? probablemente, mientras que decenas de peruanos accedieron voluntariamente, poniendo en riesgo su propia vida.
Al pasar los días algunas autoridades de gobierno por razones poco explicitas aun, empezaron a recibir las dosis de la vacuna en sí, y otros en las siguientes semanas. Cuando los resultados extraoficiales señalaban que los voluntarios presentaban leves efectos secundarios, hubo la propuesta de un congresista médico que pidió deberían ser vacunados, así como sus asesores por estar en ¨primera línea¨. Talvez hubiese sido lo correcto la invitación a la primera línea de salud, considerando también para dar el ejemplo, al poder legislativo y como no, al ejecutivo y otras autoridades, considerando que más del 50% de la población peruana rechazaba la vacunación
Posterior a estos hechos, llega la vacuna oficial a fines de la primera semana de febrero, y se estima que se debe vacunar a casi 150,000 profesionales de la salud principalmente de las unidades de cuidados intensivos y emergencias a nivel nacional. Han pasado ya casi 13 días del inicio de la vacunación del primer lote y se llega a dar cobertura alrededor del 75% de personal sanitario vacunado, esperando que a estas alturas la cobertura sobrepase el 95%, dada la emergencia sanitaria y el riesgo de contagio y muertes. No obstante, habiendo disponibilidad de las vacunas, en algunos departamentos peruanos, como en Arequipa y Ayacucho y otros departamentos una parte del personal sanitario se reúsan a recibir la vacunación, es así que aproximadamente 35,000 sanitarios aun no acceden por otras razones que no conocemos, u otro grupo se reúsan a las dosis del primer lote de vacunas. En todo caso están en su derecho por no ser obligatoria la vacunación.
Entonces, el escándalo lapidario de los vacunados ¨antes de¨, los de primera línea del sector sanitario, que hoy existiendo físicamente la cantidad de vacunas necesarias para este primer grupo y que otro menor posiblemente no quieran hacerlo, cuando pensamos que era de una necesidad imperiosa y urgente recibirlo. Es paradójico el comportamiento ante la necesidad de un salvavidas y reusarse a ello teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Por lo tanto, sin defensas sobre el particular, vale la pregunta, ¿es meritorio empujar a la hoguera a los que se vacunaron antes de los de primera línea?
No obstante, en presencia de otras razones de peso se deja abierta la posibilidad de juzgamiento o no a los infractores de las leyes. Así mismo, parece que la controvertida vacunación antes de tiempo, estaría produciendo un efecto rebote para la población que se negaba a vacunarse. Según Ipsos en enero solo el 48% de la población estaría dispuesta a vacunarse, en los últimos 6 días la aceptación sube a 59%. ¿es que saber que las más altas autoridades del gobierno, investigadores y científicos reconocidos recibieron la vacuna sin presentar efectos adversos de consideración, cambio la opinión del rechazo?
Finalmente considero que el mayor problema no es el haber tenido el privilegio de acceder a la vacuna, más bien es la deshonestidad con la que se manejó todo este primer proceso de la prevención del COVID-19, porque miedo y temor aun con poder y esta pandemia es propio del humano. En todo este drama, es necesario esperar el comportamiento del acceso voluntario a las vacunas del personal de primera línea y los que siguen y la población, ello nos permitirá determinar la conducta a seguir sobre los primeros ¨vacunados¨ y así tener una mejor visión para las implicancias sociales, políticas y/o penales que correspondan. Pero lo más importante será evaluar las inequidades y desigualdades que ocurran producto del acceso a la vacunación, para corregirlas en todos los niveles de gobierno y ámbito sanitario.