Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / ¿Crecer o gastar sin rumbo?

El futuro de Perú se juega entre crecer o gastar sin rumbo para los próximos cinco años.

Perú llega a las elecciones del 2026 con una paradoja: todavía conserva bases macroeconómicas que muchos países de la región envidiarían, pero ese capital se está erosionando más rápido de lo que se admite en el debate público. La inflación permanece controlada, el banco central mantiene su credibilidad y las reservas internacionales continúan siendo una defensa sólida frente a la volatilidad externa. Sin embargo, estas fortalezas comienzan a chocar con un deterioro silencioso pero persistente; el país gasta más de lo que recauda, depende de una economía informal que no aporta tributos suficientes y se ha acostumbrado a incumplir su propia regla fiscal.

El informe económico más reciente de la OCDE advierte que, si esta tendencia continúa, el Perú entrará a una etapa de crecimiento débil y sin capacidad de financiar educación, infraestructura o seguridad. No se trata de un pronóstico dramático, sino de una simple ecuación donde un Estado que recauda poco y gasta sin correcciones termina endeudándose, perdiendo credibilidad y pagando créditos más caros y eso deja menos recursos para resolver los problemas que más afectan a la población.

La economía crecería alrededor de 2.6% entre 2025 y 2026, lejos de los años de expansión acelerada que impulsaron la reducción de pobreza. El problema no está en la política monetaria, que se mantiene estable, sino en una combinación de decisiones fiscales que han aumentado el gasto sin asegurar fuentes permanentes de financiamiento. Subsidios poco focalizados, incrementos de planillas y ayudas constantes a empresas estatales como Petro Perú que arrastran pérdidas terminan debilitando el equilibrio fiscal; para el 2025, el déficit llegó a 3.5% del PBI y por segunda vez consecutiva se incumplieron los límites de la regla fiscal, algo que antes se consideraba excepcional.

El país podría corregir este rumbo sin recurrir a ajustes bruscos, dado que una parte del camino pasa por revisar exoneraciones y beneficios tributarios que ya no se justifican, y por fortalecer a la administración tributaria para combatir la evasión y la informalidad. En lugar de crear más impuestos, la clave está en ordenar el sistema vigente; es decir cobrar lo que la ley ya establece, unificar regímenes para evitar que las empresas se mantengan artificialmente pequeñas y ampliar la base de contribuyentes sin castigar el empleo; esto permitiría ampliar la recaudación sin asfixiar la actividad económica.

El problema de fondo, sin embargo, es más estructural. Siete de cada diez peruanos trabajan sin contrato, sin aportes y sin protección social, dado que no es una cifra anecdótica es la razón por la que al Estado le cuesta financiar políticas públicas de calidad. Un país donde la mayoría produce fuera de la formalidad no puede aspirar al desarrollo. Reducir este fenómeno implica abaratar la contratación de trabajadores de bajos ingresos, simplificar trámites, facilitar el acceso a crédito para pequeñas empresas y, sobre todo, mejorar la formación laboral. Hoy, la educación técnico-productiva tiene baja cobertura y débil articulación con el empleo formal, lo que deja a miles de jóvenes atrapados en ocupaciones precarias o subempleadas.

La otra gran grieta está en la calidad del gasto público. Perú invierte más en obras que la mayoría de países de la región, pero los resultados son decepcionantes. Carreteras que se deterioran antes de tiempo, hospitales abandonados, proyectos que se paralizan o que se construyen sin una evaluación adecuada. La OCDE estima que hasta el 40% de la inversión pública podría ser usada con mayor eficiencia. Esto no se soluciona destinando más dinero, sino gestionándolo mejor: planificación multianual seria, evaluaciones costo-beneficio obligatorias y compras transparentes. La lucha contra la corrupción no es un discurso moral, es una necesidad económica, pues cada sol malgastado es un sol que no llega donde se necesita.

En paralelo, el país debe modernizar su sistema de financiamiento empresarial, pues más del 99% de las compañías peruanas son micro o pequeñas, pero el costo del crédito es uno de los más altos de la región. Sin capital no hay innovación, y sin innovación no hay productividad. Tecnologías como la banca abierta, el factoring, el leasing y el financiamiento alternativo permitirían que miles de negocios hoy marginados accedan a fondos más baratos. Además, fortalecer el mercado de capitales podría abrir la puerta a inversiones de largo plazo, clave para infraestructura y proyectos verdes.

Otro tema ineludible es el cambio climático; en Perú es uno de los países más vulnerables del mundo: inundaciones, sequías, retroceso glaciar y afectación agrícola ya generan pérdidas millonarias. La transición energética no es una opción, es una obligación para proteger agua, agricultura y ciudades. Para cumplir con sus metas ambientales, el país deberá ampliar aceleradamente la generación eléctrica limpia, descarbonizar el transporte y frenar la deforestación amazónica, una de las principales fuentes de emisiones. La reciente reforma que corrige trabas para proyectos eólicos y solares es un paso adelante, pero necesitará ejecución rápida y planes claros de inversión.

Todo esto compone un mensaje que los candidatos no deberían ignorar; si bien Perú mantiene el actual ritmo de reformas, su ingreso por habitante alcanzará solo una fracción del promedio de países desarrollados en las próximas décadas. Pero si el país toma decisiones valientes orden fiscal, sistema tributario moderno, formalización laboral, educación técnica sólida, financiamiento inclusivo y transición energética la convergencia sería mucho más rápida y sostenible.

No se trata de escoger entre crecimiento o disciplina fiscal. La única forma de crecer de manera estable es proteger la caja fiscal, gastar con eficiencia y crear condiciones para que el sector privado invierta, innove y genere empleo formal. Perú aún conserva fortalezas que muchos países han perdido: moneda estable, deuda moderada, reservas internacionales altas y un banco central creíble. Pero estos activos no son eternos.

Los próximos cinco años definirán si Perú avanza hacia el desarrollo o si se conforma con sobrevivir a base de gasto improvisado y reformas inconclusas. El país ya no necesita promesas grandilocuentes, sino políticas serias y sostenidas. Un presidente que entienda que la prosperidad no se consigue rompiendo reglas fiscales, sino cumpliéndolas. Que comprenda que la formalización no se decreta, sino que se construye con incentivos, educación y financiamiento. Que tenga el valor de invertir en energías limpias y de enfrentar a la corrupción que devora los recursos públicos.

La prosperidad del Perú no depende de ideas nuevas, sino de hacer realidad las correctas; debido a que la década que empieza en el año 2026 será decisiva y en política se toma en serio la economía, o la economía terminará cobrándole la factura a la política del país. En un complejo escenario político peruano con la erosionada gobernabilidad y democracia, la cual tiene un impacto significativo en los próximos aspirantes de elección popular y las autoridades electas con poder, ya es palpable en la erosión de la confianza, y su onda expansiva hacia el Perú principalmente a través del canal del tipo de cambio. Sin embargo, el Perú llega relativamente fortalecido en sus indicadores macroeconómicos, donde el producto bruto interno de 2.9% seria explicado por el mayor dinamismo de la inversión privada que alcanzaría el  3.5 % y la mejora de los términos de intercambio por la diversificación de mercados de exportación, facilitación de la inversión interna y mantenimiento de la disciplina fiscal que le permitan navegar en un mundo convulso sin perder el rumbo del desarrollo económico sostenible.

Los autores son:

-       Mg. Yefferson Llonto Caicedo - Magister en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, Economista-Investigador Renacyt y Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.

-       Econ. Brenda Vallejo Mezarina - Economista de Esan, Egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.