Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / El futuro y su impacto electoral

Los eventos de futuro que impactaran en las estructuras permanentes de los candidatos presidenciales.

En medio del ruido electoral, los discursos políticos suelen concentrarse en el escenario actual de inflación, inseguridad y empleo inmediato. Sin embargo, el mayor riesgo para el Perú no es equivocarse en el diagnóstico del presente, sino llegar al poder sin una lectura estratégica del futuro.

Liderando uno de los ejes más críticos relacionados al impacto del cambio climático y la degradación ambiental; donde los fenómenos extraordinarios como El Niño, la proliferación de incendios forestales en la Amazonía, el colapso de la biodiversidad andina y la aparición de zonas inhabitables por temperaturas extremas representan amenazas directas al bienestar, la seguridad alimentaria y la estabilidad territorial del país. Estos riesgos no pueden abordarse únicamente desde una retórica ambiental, sino como parte de una estrategia de seguridad nacional y desarrollo sostenible. Para los futuros gobernantes, ello implica pasar de promesas genéricas a políticas de adaptación, ordenamiento territorial prospectivo e inversión en resiliencia climática.

Mientras en el ámbito económico, el escenario internacional es crecientemente volátil, donde el escenario de guerras comerciales prolongadas, recesiones globales y la erosión de la soberanía económica frente al poder de grandes corporaciones tecnológicas plantea desafíos profundos para economías como la peruana, altamente dependientes de exportaciones primarias. En este contexto, los candidatos presidenciales deberán demostrar cómo fortalecerán la resiliencia productiva, la diversificación económica y la capacidad del Estado para proteger sus intereses estratégicos en un mundo fragmentado.

El aspecto aún más relevante es el político, donde la fragilidad del Estado de derecho, la captura criminal del Estado y escenarios de convulsión social prolongada, generarían retrocesos democráticos si no se corrigen debilidades institucionales persistentes, considerando que la gobernabilidad futura no dependerá solo de ganar elecciones, sino de reconstruir confianza institucional, fortalecer capacidades estatales y garantizar control efectivo del territorio.

La tecnología es otro punto clave, donde se redefinen las reglas de desarrollo; donde la normalización de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología avanzada y la digitalización integral de la vida social pueden convertirse tanto en motores de prosperidad como en fuentes de riesgo sistémico y ello cada vez se vuelve un aspecto rutinario donde el control digital es necesario para un repensar en el contexto político y social.

La inteligencia artificial se perfila como una de las fuerzas transformadoras más determinantes del siglo XXI, no solo por su capacidad de automatizar tareas, sino por su potencial para redefinir las fronteras mismas de la condición humana. Por ello que se advierte que el avance acelerado de sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos y sofisticados podría desembocar en escenarios donde la capacidad cognitiva de las máquinas iguale o supere a la humana, alterando de manera estructural los sistemas productivos, educativos y de toma de decisiones públicas

En este contexto, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y se convierte en un actor estratégico que condicionará el desarrollo de los Estados. Uno de los escenarios más disruptivos identificados es la posible transición hacia la Inteligencia Artificial General, capaz de aprender, razonar y adaptarse de forma transversal a múltiples dominios del conocimiento. Este tipo de inteligencia podría acelerar la innovación científica y tecnológica, pero también introducir riesgos sistémicos asociados a la pérdida de control humano sobre procesos críticos. Sin embargo, la ausencia de marcos regulatorios anticipatorios y capacidades estatales para supervisar estos sistemas podría profundizar desigualdades y generar concentraciones de poder sin precedentes.

a emergencia de tecnologías que combinan inteligencia artificial con biotecnología y neurociencia, abriendo la posibilidad de la creación de superhumanos o superespecies. Este escenario se vincula al uso generalizado de implantes neuronales, edición genética y mejoras cognitivas que permitirían ampliar las capacidades físicas y mentales de ciertos grupos humanos.

Aunque estos avances podrían mejorar la calidad de vida y la productividad, también plantean dilemas éticos profundos sobre equidad, acceso y discriminación tecnológica. De esta manera la creación de superhumanos podría generar una nueva brecha social, ya no basada únicamente en ingresos o educación, sino en capacidades biológicas y cognitivas aumentadas. En ausencia de políticas inclusivas, estas tecnologías podrían consolidar élites con ventajas estructurales irreversibles, debilitando la cohesión social y los principios de igualdad democrática. Este riesgo convierte la regulación y gobernanza de estas innovaciones en un asunto central de política pública y no solo en una discusión científica.

Conclusión:

El futuro no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones tomadas en el presente, dado que gobernar sin visión prospectiva es condenar al país a reaccionar tarde frente a crisis previsibles y en cambio, incorporar la anticipación estratégica permite transformar la incertidumbre en oportunidad.

La lectura estratégica del futuro no es un “extra” programático, sino el criterio que separa a un gobierno que reacciona de uno que conduce: si la política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral, el país puede llegar al poder “sin una lectura estratégica del futuro”, asumiendo riesgos que ya están en marcha y que no se resuelven con promesas genéricas.

En su punto más disruptivo, la posible convergencia entre IA, biotecnología y neurociencia plantea el escenario de “superhumanos”, con dilemas de equidad y una brecha social basada en capacidades aumentadas; por eso la regulación y la gobernanza ya no son un debate técnico, sino un núcleo de política pública para defender la igualdad democrática y la cohesión social.