Las reformas pendientes en la política fiscal peruana post COVID-19
En la última década el Perú ha sido destacado por el manejo de sus finanzas públicas el que aborda tanto del déficit fiscal que se mostró una reducción del 3% a 1.6% del producto bruto interno en el periodo 2017-2019, mientras la deuda pública mostro un crecimiento del 19.9% en el año 2013 a 26.8% del PBI en el año 2019. Con la llegada del COVID-19 el Consejo Fiscal a partir del Decreto Legislativo N°1057 suspendió la aplicación de las reglas macro-fiscales, para poder ejecutar una política fiscal expansiva que permitiera cumplir el objetivo de fortalecer la salud, proteger los ingresos de los hogares pobres e informales y evitar la caída estrepitosa del empleo, siendo clasificado en el puesto 75 en el índice de medidas de apoyo económico a las familias vulnerables y a las empresas, produciéndose un déficit fiscal de 8.6% del PBI y la deuda pública alcanzo el 35.1%. Lograr afrontar la mayor crisis sanitaria mundial del COVID-19 se debió gracias al buen manejo de las cuentas fiscales, siendo la disciplina fiscal la que permitio solventar el paquete de estímulo fiscal a pesar de la caída de los ingresos del 17.9% anual en términos reales, desacelerando el crecimiento económico en 11.1%.
Sin embargo, tras la crisis de la COVID-19, la solidez fiscal peruana de los últimos 30 años ha marcado una pauta del fortalecimiento institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y la credibilidad de la política monetaria del Banco Central de Reserva, teniendo en armonía tanto la política fiscal y monetaria. Sin embargo, avizorar los desafíos que permita una estabilidad macroeconómica y contribuya a lograr los objetivos microeconómicos en beneficio de la población parte no solo de contar con el fortalecimiento del marco institucional, un manejo adecuado de la deuda pública y converger hacia el 1% del PBI del déficit fiscal de acuerdo al Consejo Fiscal.
Requiere también emprender acciones en cinco ejes claves que son: a) mejorar la recaudación, b) reforma hacia la calidad del gasto público, c) fortalecimiento institucional, d) creación de bases imponibles descentralizadas y e) reconstruir el mermado espacio fiscal post COVID-19.
En lo que corresponde a iniciar mejoras en la recaudación parte de lo que la Comisión para América Latina y el Caribe (2016) considera que la evasión de del impuesto general a las ventas asciende al 37% y lo del impuesto a la renta alcanza el 51.3%, evidenciándose como uno de los países de más alta informalidad que alcanza el 80% con una tendencia creciente por la crisis sanitaria, para ello se requiere acciones a partir de desarrollar una cultura de concientización, el uso de la tecnología como la big data, sanciones estrictas y simplificación tributaria, disminuir los costos de formalización, eliminación progresiva del drawback, disminuyendo la distorsiones e incentivando la productividad.
La calidad del gasto público es una reforma clave pendiente tras la ineficiente asignación de los recursos económicos que no permite lograr los objetivos de bienestar de la población, para ello el enfoque moderno de la calidad del gasto abarca no solo ejecutar el gasto sino abordar rigurosas evaluaciones de impacto que permita identificar las oportunidades de mejora a partir de la eficiencia del gasto, siendo el presupuesto por resultados mirarlo como una gestión para resultados.
El fortalecimiento institucional parte de darle un rol preponderante en la política fiscal al Consejo Fiscal vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas que permita articular esfuerzos y tomar responsabilidades claves, más allá solo de índole consultivo.
En lo referente a la creación de bases imponibles a nivel sub nacional se vuelve un planteamiento importante en la medida de generación de ingresos y menor dependencia de los gobiernos sub nacionales, siendo administrados por la SUNAT como el organismo técnico preparado para el manejo de las bases imponibles por su alcance nacional; así como es necesario evitar las inequidades por transferencias fiscales de índole política.
En cuanto al mermado espacio fiscal por la COVID-19 debe conllevar a retomar las reglas de estabilidad fiscal, a partir del esfuerzo de volver al ahorro fiscal a partir del Fondo de Estabilización Fiscal y poder acceder a financiamiento a tasas competitivas.
Finalmente, no es opcional empezar a comprender la importancia de la calidad del gasto público alineado a las prioridades de la ciudadanía, pero con transparencia y sin corrupción con las medidas antes descritas y experimentando innovaciones en las medidas fiscales conllevará no solo a una reducción real de brechas sociales, sino que el Perú seguirá siendo la estrella en Latinoamérica por la sostenibilidad fiscal a largo plazo.