Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Romper la trampa del 3%

Las reformas que el Perú necesita para volver a la senda del crecimiento

La estabilidad macroeconómica evitó que el país repitiera las crisis del pasado, pero ya no basta. El reto de la próxima etapa es transformar esos cimientos en productividad, empleo, inversión y mejores servicios públicos. Crecer por encima del 4% exige volver a hablar de reformas estructurales, pero con capacidad institucional, liderazgo y resultados que lleguen al ciudadano.

La economía peruana enfrenta un problema que trasciende la discusión sobre si crecer unas décimas más o menos cada año. El verdadero desafío es haber normalizado tasas cercanas al 3%, insuficientes para producir mejoras sociales con la velocidad que el país necesita. Alcanzando una “trampa de crecimiento”, donde una economía que parece incapaz de superar sostenidamente ese nivel sin recibir un fuerte impulso externo. Su preocupación adquiere mayor relevancia cuando se observa que la pobreza alcanzó el 25,7% de la población en 2025, mientras que en 2019 había sido de 20,2%.

La experiencia peruana permite comprender por qué importa tanto la velocidad del crecimiento. Entre 2003 y 2013, el PBI creció alrededor de 6% anual en promedio y la pobreza descendió de 58,7% a 23,9%. En cambio, entre 2014 y 2019, cuando el crecimiento promedio se redujo aproximadamente a 3% anual, la disminución de la pobreza fue mucho más lenta, hasta ubicarse en 20,2%. La comparación no significa que el crecimiento sea el único determinante de la pobreza, pero sí respalda la tesis de que una economía expandiéndose alrededor del 3% dispone de menor capacidad para generar empleo, ampliar ingresos fiscales y financiar intervenciones públicas.

Hablar de un crecimiento superior al 4% no debería entenderse como la búsqueda de un número por razones estadísticas. El punto central está en recuperar una dinámica económica capaz de generar empleo y recursos públicos a un ritmo suficientemente alto. Existen dos canales mediante los cuales el crecimiento puede contribuir a reducir la pobreza: la creación de puestos de trabajo y el incremento de la recaudación tributaria que posteriormente puede destinarse a educación, salud, infraestructura, seguridad y otros servicios fundamentales. Sin embargo, existen dos condiciones adicionales, donde un Estado capaz de utilizar eficientemente esos recursos y una fuerza laboral preparada para responder a las necesidades de las empresas.

Por ello, crecer más de 4% no puede depender únicamente de un nuevo ciclo favorable de los minerales, de China o de cualquier otro impulso internacional. El país necesita construir fuentes internas de productividad. Por ello los cambios profundos destinados a mejorar la forma en que funciona la economía y que actúan fundamentalmente sobre la oferta, buscando elevar la competitividad y la productividad. El planteamiento resulta especialmente importante porque permite distinguir entre estabilizar y reformar: una economía puede mantener sus principales variables macroeconómicas relativamente ordenadas y, aun así, crecer por debajo de su potencial.

La historia reciente del Perú muestra precisamente esa diferencia. Las reformas iniciadas en los años noventa modificaron una economía caracterizada anteriormente por una fuerte presencia estatal y el proteccionismo, orientándola hacia mecanismos de mercado y hacia una mayor apertura comercial y financiera. Sin embargo, el propio análisis de Parodi señala una limitación fundamental: la falta de una reforma suficientemente profunda del Estado y de la gestión pública dificultó que los logros macroeconómicos se tradujeran plenamente en bienestar para todos los ciudadanos.

La estabilidad macroeconómica representa los cimientos de una casa, siendo indispensables, pero nadie puede vivir únicamente sobre los cimientos. La independencia del Banco Central de Reserva y el manejo responsable de las finanzas públicas ayudaron a construir esa base; las reformas estructurales son las que deben levantar sobre ella una economía con mayor productividad, mejores servicios y mayores oportunidades.

El debate peruano sobre las reformas suele polarizarse entre quienes consideran que el modelo económico fracasó y quienes defienden cada uno de sus componentes sin reconocer sus limitaciones. Por lo cual unos sostienen que las reformas anteriores no funcionaron; otra considera que no fracasaron, sino que quedaron incompletas, particularmente en ámbitos como el laboral y tributario. Por otro lado, las reformas relacionadas con educación y salud, tardan años en mostrar resultados, generando el riesgo de una denominada “fatiga reformista”.

Existen además otras observaciones relevantes, donde la posición señala que la primera generación de reformas priorizó correctamente la estabilización de una economía que atravesaba una situación crítica, pero dejó pendientes intervenciones directamente relacionadas con pobreza y desigualdad.

El Perú no necesita destruir sus cimientos macroeconómicos para reformarse; necesita construir sobre ellos aquello que quedó pendiente. En otras palabras, la dicotomía no debería plantearse entre “modelo sí” y “modelo no”, sino entre instituciones que funcionan y aquellas que continúan impidiendo que ciudadanos y empresas eleven su productividad.

Una reforma estructural no consiste solamente en modificar una ley. También supone fortalecer capacidades públicas, reducir trabas innecesarias, mejorar la ejecución de inversiones, elevar la calidad educativa, garantizar servicios de salud funcionales, desarrollar infraestructura y generar condiciones para la innovación y la incorporación tecnológica.

Por lo cual el objetivo, entonces, no debería limitarse a conseguir que una proyección oficial marque 4% durante un año. El desafío consiste en construir las condiciones para crecer por encima de ese nivel de manera sostenida. De ahí que la secuencia necesaria pasa por aplicar reformas institucionales que eleven la productividad y expandan la capacidad productiva de la economía; de esa manera, sería posible pasar de un escenario de crecimiento bajo, alrededor de 3%, hacia tasas superiores a 4% acompañadas de una reducción sostenible de la pobreza.

Pero productividad no significa únicamente producir más con los mismos trabajadores. Significa que una pequeña empresa pierda menos tiempo realizando trámites; que una carretera reduzca los costos para trasladar productos agrícolas; que una escuela pública forme trabajadores capaces de utilizar nuevas tecnologías; que una inversión privada encuentre reglas predecibles; que una obra pública realmente termine y preste el servicio para el cual fue concebida; y que el ciudadano pueda acudir a un establecimiento público y comprobar que el Estado funciona. Esta interpretación es coherente con el planteamiento del documento de orientar las reformas hacia instituciones, capital humano, infraestructura, innovación y mejor capacidad estatal.

La inversión privada también ocupa un lugar fundamental en esta ecuación. Por lo que destaca su función como un origen de innumerables emprendimientos y empleos, desde grandes inversiones hasta pequeños negocios. Al mismo tiempo, asigna al Estado la responsabilidad de convertir los recursos generados por la actividad económica en políticas redistributivas y mejores servicios de educación, salud e infraestructura. En esa visión, mercado y Estado no son sustitutos; el problema aparece cuando uno de ellos no cumple adecuadamente su función.

Por eso, la discusión económica de los próximos años debería superar la conformidad con el 3%, ya que el Perú ya demostró que puede alcanzar estabilidad macroeconómica. El nuevo desafío es convertir esa estabilidad en productividad, inversión, formalización, mejores instituciones y bienestar. El crecimiento superior al 4% no será consecuencia de un decreto ni de una coyuntura internacional favorable. Requerirá decisiones que probablemente produzcan costos políticos en el corto plazo, pero cuyos beneficios pueden extenderse durante décadas y en el largo plazo.