Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Tres ejes 100 días

Tres ejes relevantes en la hoja de ruta de los 100 primeros días de gobierno

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República tras una cuarta postulación y una victoria estrechísima sobre el congresista Roberto Sánchez, con apenas medio punto porcentual de diferencia en la segunda vuelta. El resultado confirma el retorno del fujimorismo al Palacio de Gobierno treinta y seis años después de la primera elección de su padre, Alberto Fujimori, pero lo hace en un escenario de fractura política evidente: un país dividido casi en dos mitades, un Congreso sin mayorías claras y una ciudadanía que exige resultados inmediatos tras una década de inestabilidad presidencial. En ese contexto, los primeros cien días de gestión se perfilan como la prueba decisiva que determinará si el nuevo gobierno logra capitalizar su margen de maniobra política o si, como sus predecesores recientes, queda atrapado en la lógica de la confrontación entre poderes.

El primer eje de la agenda es la seguridad ciudadana, que las encuestas de opinión pública ubican como la principal preocupación de los peruanos. El plan de gobierno de Fuerza Popular contempla la puesta en marcha de un Centro de Comando y Videovigilancia (C5i) en Lima y Callao, basado en inteligencia artificial y geolocalización de patrulleros y ambulancias, además de la adquisición de mil patrulleros inteligentes, la interconexión de diez mil cámaras y la modernización de doscientas comisarías. Se contempla también el fortalecimiento de unidades de flagrancia en Lima, Piura y Trujillo, y una intervención militar-policial en Tumbes por su condición de paso fronterizo sensible. El trasfondo económico del problema es significativo, pues un estudio de la Universidad de Piura calcula que la delincuencia le cuesta al país cerca de 11 800 millones de dólares al año, equivalentes a 2.8% del PBI.

El segundo eje de gestión inmediata es la prevención frente al fenómeno de El Niño, cuyo periodo más crítico se proyecta entre diciembre de este año y abril de 2027. Fujimori ha señalado que, desde el primer día, el nuevo gobierno deberá limpiar cauces de ríos, reforzar puentes y priorizar la atención en zonas de mayor riesgo, particularmente la costa norte, ante el antecedente de gobiernos salientes que, según su lectura, no habrían avanzado lo suficiente en tareas preventivas. El plan oficial contempla activar fondos de contingencia a través de COFIDE para pequeñas y medianas empresas afectadas, junto con la reubicación progresiva de comunidades vulnerables y la diversificación de la matriz energética. Se evalúa asimismo la creación de un comando especial que centralice la licitación y ejecución de obras de prevención, hoy dispersas entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura.

A esos dos frentes se suma un tercero, de carácter estructural: la estrechez fiscal heredada de la administración saliente. El Congreso aprobó, en el tramo final de su mandato, un crédito suplementario superior a los nueve mil quinientos millones de soles, del cual cerca de un tercio corresponde a gasto corriente, además de cerca de doscientas leyes que habrían incrementado el gasto público en casi treinta y seis mil millones de soles adicionales. El Consejo Fiscal ha advertido sobre el efecto acumulado de estas medidas, calificado por algunos economistas como el crédito suplementario más grande otorgado por un gobierno saliente en tres décadas.

En el plano económico, Fujimori ha adelantado que su mayor énfasis estará puesto en la micro y pequeña empresa, mediante la eliminación de trabas burocráticas para la constitución de negocios que podría reducirse a una sola declaración jurada y la exoneración tributaria durante los tres primeros años de funcionamiento. El plan de gobierno de Fuerza Popular plantea además más de cien proyectos de infraestructura distribuidos en los sectores de seguridad, transporte, agricultura, energía y programas sociales, entre ellos los accesos definitivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Nueva Carretera Central y la optimización de la Refinería de Talara.

La composición final del gabinete será determinante para el reto político de fondo; Fuerza Popular no cuenta con mayoría propia en el Congreso, por lo que la construcción de alianzas parlamentarias resultará tan importante como la ejecución de las políticas públicas mismas, en un país que desde 2016 ha tenido ocho presidentes distintos y donde el mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente ha demostrado su capacidad de acortar mandatos.

Consciente de esa fragilidad institucional, Fujimori ha insistido en un discurso de reconciliación nacional como responsabilidad central de su gestión. Sostuvo públicamente que el país tiene heridas que sanar tras el proceso electoral y que su gobierno buscará hacerse presente en todo el territorio, incluidas las zonas del sur donde su contrincante obtuvo mayor respaldo. En ese marco ha sostenido reuniones con representantes de distintos sectores, entre ellos agricultores del Valle de Majes, el exjefe de Gabinete Yehude Simon y el expresidente del Congreso José Williams Zapata, interlocutores que han destacado su voluntad de gobernar para todos y de dialogar con adversarios políticos.

El balance de estos anuncios sugiere que el gobierno de Keiko Fujimori concibe sus primeros cien días como una ventana estrecha para demostrar capacidad de ejecución en tres frentes simultáneos de seguridad, prevención climática y reactivación económica; sin perder de vista la necesidad de tejer consensos políticos en un Congreso fragmentado y con una ciudadanía escéptica tras años de inestabilidad. La fragilidad fiscal heredada, el costo económico de la inseguridad y la inminencia de un fenómeno de El Niño de magnitud incierta configuran un escenario donde los anuncios de campaña deberán traducirse rápidamente en resultados verificables. El verdadero reto de estos primeros cien días no será solo la formulación de un plan ambicioso, sino su implementación bajo severas restricciones presupuestales y en medio de una polarización.

El inicio del gobierno de Keiko Fujimori estará marcado por la urgencia de resultados tempranos en seguridad ciudadana y prevención ante El Niño, por la necesidad de administrar una herencia fiscal comprometida, y por el desafío político de construir mayorías en un Congreso donde ningún bloque domina. Su promesa de un mandato acotado a cinco años y su llamado a la reconciliación nacional buscan sentar las bases de una gobernabilidad que ha sido esquiva para sus antecesores inmediatos. Si esos primeros cien días logran mostrar avances concretos, el nuevo gobierno podría capitalizar una legitimidad que hoy es todavía frágil; si, por el contrario, las urgencias acumuladas superan la capacidad de respuesta del Ejecutivo, el país corre el riesgo de repetir el ciclo de desgaste institucional que ha definido a la política peruana desde el 2016.