Alejandro Narváez / Adendas a la medida

Adendas a la medida: el MINEM no puede entregar el futuro del gas del sur sin licitación pública

Han transcurrido más de veinte años desde el inicio de la explotación comercial de Camisea y persiste una paradoja difícil de justificar: el Perú produce y exporta gas natural, pero millones de ciudadanos del sur continúan sin acceso competitivo a ese recurso. Mientras Lima y Callao desarrollaron una extensa red de distribución, regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna siguen dependiendo, en gran medida, del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de otros combustibles más caros.

Varios gobiernos han pasado y la infraestructura necesaria no llegó. Por tanto, el atraso ya no puede atribuirse a una determinada administración: expresa una falla estructural de la política energética peruana.

Ahora, frente a este fracaso acumulado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) pretende acelerar la expansión mediante modificaciones contractuales negociadas directamente con Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). La urgencia por llevar gas al sur es legítima. Lo que no es legítimo es utilizar esa urgencia para reemplazar la licitación pública, transparencia y evaluación económica por una negociación bilateral entre el Estado y empresas que ya ocupan posiciones monopólicas.

La pregunta no es si Cálidda y TGP pueden invertir. Claro que pueden. La pregunta es otra: ¿son sus propuestas las mejores para el Perú? Y eso solo puede conocerse comparándolas.

Una adenda no puede convertirse en una nueva concesión encubierta

Las empresas Cálidda y TGP operan bajo la modalidad contractual BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), en virtud de la cual mantienen concesiones por un periodo de 30 años. Conforme a este esquema, ambas compañías asumen la responsabilidad de construir, poseer y operar la infraestructura hasta el vencimiento del plazo, tras lo cual dichos activos serán transferidos al Estado a título gratuito. No obstante, las recientes modificaciones propuestas superan el alcance de un ajuste menor, planteando variaciones estructurales en las condiciones originales del contrato.

En el caso de Cálidda se pretende extender la distribución hacia siete regiones fuera de Lima y Callao. En el caso de TGP, se plantea una expansión de la infraestructura de transporte hacia el sur.

Cuando una adenda incorpora nuevas inversiones, nuevos mercados, mayores obligaciones y nuevos horizontes contractuales, deja de ser razonable tratarla como una simple corrección marginal del contrato original. En términos económicos, puede terminar funcionando como una nueva concesión otorgada sin concurso.

Precisamente por eso resultan relevantes las observaciones formuladas por Osinergmin sobre la propuesta de Cálidda. Una de las cuestiones más delicadas es el eventual reconocimiento de valor residual sobre determinados activos durante una prolongación contractual. Si esos activos ya fueron remunerados mediante las tarifas pagadas por los usuarios durante la vigencia de la concesión, reconocer nuevamente su valor podría traducirse en un doble pago.

Por ello, cuando una modificación contractual se aproxima económica y materialmente a una nueva concesión, corresponde al Estado demostrar públicamente por qué la negociación directa genera mayor valor para el país que una licitación internacional competitiva.

2,600 millones de dólares no pueden negociarse entre cuatro paredes

La magnitud de las cifras exige el máximo cuidado. Las propuestas de Cálidda y TGP implican una inversión cercana a los 2,600 millones de dólares, una cifra que descarta cualquier idea de que este cambio contractual sea irrelevante. La inversión privada exige retornos; todo capital busca recuperar lo invertido y obtener ganancias. Tarde o temprano, esa recuperación se trasladará a los usuarios a través de tarifas, cargos por transporte, capacidad contratada o ajustes regulatorios.

El MINEM debe condicionar la aprobación de cualquier extensión contractual a la publicación de cuatro variables clave: inversión reconocida, tarifa final esperada, tasa de rentabilidad y plazo real de recuperación. Sin estos datos, es prematuro dictaminar la conveniencia económica de un proyecto. Aunque una inversión sea técnicamente aceptable, será económicamente inviable si genera sobrecostos para el usuario o si perpetúa artificialmente un monopolio durante décadas.

Llevar gas en camiones no es construir seguridad energética

Es crucial no confundir masificación con seguridad energética, nociones que suelen homologarse erróneamente. Si bien el transporte virtual de Gas Natural Licuado (GNL) viabiliza el desarrollo inicial de mercados con una inversión de capital moderada, sus costos operativos son crónicos debido a la cadena de licuefacción, flete vial y regasificación. La evidencia regulatoria local confirma esta rigidez: aun cuando Osinergmin redujo sustancialmente el costo reconocido del transporte virtual de 4.44 dólares a 1.37 dólares por MMBTU para el periodo 2025-2028, la tarifa integral final percibida por el usuario continuó indexada en aproximadamente 14.66 dólares por MMBTU.

Lo anterior evidencia que el gas virtual constituye una medida de transición y no un reemplazo definitivo para la infraestructura troncal que demanda el sur del país. Pese a demandar una mayor inversión inicial, el gasoducto asegura el transporte de grandes volúmenes a largo plazo, abasteciendo de manera integral a los sectores residencial, industrial, minero, eléctrico, vehicular y petroquímico. A diferencia de la distribución mediante cisternas, un gasoducto tiene el potencial de redefinir la matriz energética y la estructura productiva regional.

El gasoducto al sur sigue siendo la gran deuda

El Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur (SITGAS) representa la solución estructural que el Estado mantiene postergada. El proyecto, cuya inversión estimada supera los 4,300 millones de dólares busca robustecer la seguridad energética y trasladar el gas hacia el Nodo Energético y las principales ciudades del sur. Aunque este desarrollo requiere un capital considerablemente mayor en comparación con el transporte virtual, reducir el análisis exclusivamente a los costos de inversión inicial sesga la evaluación del proyecto.

Para ser correcta, la comparación debe proyectarse a 30 o 40 años. El análisis debe incluir variables clave como: inversión, operación, mantenimiento, tarifas, confiabilidad y demanda industrial, además de su impacto en la generación eléctrica, la minería, el desarrollo regional y la seguridad energética. El país requiere conocer con certeza qué alternativa ofrece el menor costo económico y social a largo plazo; un objetivo que solo se logrará mediante estudios independientes, lejos de las presentaciones comerciales de las empresas interesadas.

La deuda histórica de la masificación del gas

La desigualdad energética en el Perú posee una clara dimensión territorial. A pesar de que el gas de Camisea constituye un recurso de interés nacional, el impacto de su aprovechamiento es marcadamente asimétrico. La capital del país consolida desde hace años una robusta infraestructura de gas natural, en contraste con las regiones productoras y vecinas, que aún carecen de una masificación efectiva. Si bien el proyecto de Cálidda para abastecer a 150 mil hogares en siete regiones representa un progreso, resulta muy limitado frente al déficit estructural de la matriz energética del sur.

El éxito de la masificación va más allá del número de conexiones domiciliarias. Un gas competitivo impacta directamente en la competitividad industrial y minera al reducir costos energéticos. Además, es un motor clave para la generación eléctrica, el transporte, el empleo, la petroquímica y el desarrollo regional.

Lo que debería hacer el MINEM

En primer lugar, se debe suspender la aprobación apresurada de las adendas hasta disponer de evaluaciones independientes sobre el impacto tarifario, la rentabilidad, el valor por dinero y las alternativas disponibles.

En segundo lugar, cuando las modificaciones impliquen la inclusión de nuevos territorios, la apertura de nuevos mercados, inversiones sustanciales o extensiones contractuales significativas, estas deben someterse a mecanismos competitivos y transparentes.

En tercer lugar, acelerar definitivamente el proyecto SITGAS. Tras más de una década de estudios, reformulaciones y proyectos frustrados, es indispensable que el Estado establezca un cronograma vinculante.

En cuarto lugar, transparentar las reservas disponibles, la demanda firme, el costo fiscal, las tarifas futuras y la distribución de riesgos. Por su propio diseño, SITGAS requiere definir con exactitud la disponibilidad contractual de gas y la demanda (eléctrica, minera e industrial) necesaria para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

Conclusiones

Este debate no es una lucha entre el Estado y la empresa privada, ni pretende negar la participación de Cálidda o TGP. La verdadera discusión se centra en el modelo: licitación pública frente a negociación directa; infraestructura permanente frente a parches transitorios; rentabilidad privada frente a valor social; y planificación frente a improvisación contractual. Resulta alarmante que el MINEM intente resolver con adendas a dedo un problema energético que compromete miles de millones de dólares y el futuro de las políticas públicas por varias décadas.

Si las propuestas de Cálidda y TGP son las más convenientes, deberían demostrarlo frente a otras alternativas en un entorno competitivo. Resulta inaceptable que el histórico retraso del Estado en la masificación del gas se utilice como justificación para apresurar la aprobación de prórrogas o ampliaciones contractuales.

Aunque una adenda sea jurídicamente viable, la situación cambia drásticamente cuando compromete monopolios, miles de millones de dólares y tarifas amarradas por décadas. En estos escenarios, que un mecanismo sea legalmente posible no significa, ni de cerca, que sea conveniente para el Perú.