Fabiola Morales / Resultados a paso de tortuga

Llama la atención en el mundo de la democracia occidental el hecho de que el Perú sea uno de los únicos países cuyos resultados de las Elecciones Generales y, ahora, subnacionales se entreguen muy tarde y a cuentagotas. Además, en el “proceso”, se sueltan cifras de las encuestadoras a boca de urna y conteo rápido que varían tanto… hasta el punto de colocar a un candidato del quinto lugar al segundo, en un salto a garrocha espectacular, como ya lo vimos.

El sufragio para la primera vuelta de las Elecciones Generales de este año se produjo el 12 y 13 (de forma excepcional) de abril y los resultados se entregaron recién a más de un mes; el 15 de mayo la ONPE anunció que la contabilidad de los votos había llegado al 100% y el 17 de mayo el JNE realizó la proclamación oficial de las elecciones. La segunda vuelta se llevó a cabo el 7 de junio, entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, y fue el 3 de julio cuando el JNE proclamó a la actual presidenta de la República.

Las elecciones subnacionales para elegir a los gobernadores y alcaldes en el país se llevaron a cabo el pasado 4 de octubre, y el conteo está siguiendo el mismo camino lento y gris. Las cifras que va soltando la página web de la ONPE ya no se emiten; dicen que ya culminó este proceso, pero ahora deben resolver las impugnaciones que este organismo electoral ha enviado a los Jurados Especiales para que resuelvan las observaciones a las actas que, en el caso de las municipales en Lima Metropolitana, son 1,886.

Las impugnaciones las hace la ONPE cuando detecta errores y solicita la nulidad del acta; lo mismo pueden pedir los partidos políticos. Si bien en estas elecciones no se proporciona un desglose del origen de las solicitudes, cabe resaltar que, en caso de los partidos, existe un tarifario, fijado por el JNE, para realizar el trámite de la impugnación de actas: el costo de apelar la resolución del JEE es de 9.5% de una UIT (522.50 soles) por cada una.

Las autoridades electorales, hasta ahora, no han fijado una fecha para la entrega de los resultados oficiales ni para la proclamación de las autoridades subnacionales. Estamos en el momento en que todos son cálculos oficiosos, en una especie de “limbo” (que, por cierto, la Iglesia católica ha afirmado que no existe, en su concepto teológico), y esta incertidumbre daña seriamente la democracia porque produce desconfianza, que es clave para una sana convivencia.

La confianza ciudadana es la que garantiza la legitimidad de los procesos electorales y la lentitud en la entrega de los resultados del conteo de los votos, que son la expresión de la voluntad popular, enturbia cualquier sufragio aquí o en cualquier país democrático. Debilita la institucionalidad electoral y el respeto que se les debe a sus autoridades. No basta con que se hayan puesto todos los medios técnicos para llevar a cabo unas elecciones transparentes, sino que es necesario llegar a su culminación en un plazo razonable, como es en cualquier lugar del mundo.

La democracia necesita de instituciones creíbles porque actúan con transparencia y eficiencia. No basta con convocar a elecciones, sino que las autoridades electorales deben asegurar unos resultados donde los votos se cuenten correctamente y los resultados se entreguen a tiempo, sin dar la apariencia de un proceso en modo sastre que “ajusta las medidas” de acuerdo al cliente.