Alejandro Narváez / Corrupción negocio subsidiado

La corrupción: Un negocio que subsidia el Estado

En el Perú, solemos hablar de corrupción como si fuera una “desviación moral”: funcionarios “malos”, empresarios “sin escrúpulos”, partidos “podridos”, “cloacas de la economía”. Estos adjetivos tranquilizan, porque reduce el problema a comportamientos defectuosas. Pero no explica lo esencial: la corrupción persiste porque funciona. Y funciona como un modelo de negocio que el Estado —con sus reglas, incentivos, opacidades y complacencias—subsidia.

Un negocio es viable cuando la ganancia o el retorno esperado supera el riesgo. En corrupción, el retorno se llama sobrevaloración, adenda, coima, arbitraje amañado, plaza comprada, expediente “acelerado”. El riesgo se llama control, sanción, cárcel, pérdida patrimonial, muerte civil. Cuando el sistema hace que el riesgo sea bajo y la ganancia alta, la “ética” deja de ser el centro del análisis: la corrupción se vuelve un gran negocio, con cadena de suministro, tarifas, intermediarios y protección política.

No lo digo en abstracto. La Contraloría General de la República (CGR) ha estimado que, en un ejercicio fiscal, las pérdidas por corrupción e inconducta funcional podrían rondar el 14% del presupuesto anual ejecutado, alrededor de 24 mil millones de soles equivalentes al 3% del PBI. Ese “margen” no es un accidente: es el “espacio” en el que opera el negocio.

Y cuando miramos el termómetro internacional, el diagnóstico no mejora. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, el Perú se ubica 127 de 180 (Transparency International, 2025). Proética (2025) remarca el retroceso reciente del país en ese indicador. No estamos frente a un vicio, estamos frente a una economía política de la impunidad.

Los tres incentivos que hacen rentable la corrupción

Veamos:

a)    Baja probabilidad de detección efectiva.  El Estado controla tarde y mal en los puntos donde más dinero se mueve: inversión pública, compras, contratación, arbitrajes, supervisión. La evidencia comparada es clara: el mayor riesgo de integridad en el gasto público suele concentrarse en procura y obras, precisamente por su complejidad y discrecionalidad. Por eso la OCDE insiste en mecanismos de transparencia, revisión y control social, incluyendo el uso de herramientas como e-procurement (contratación electrónica) para comunicar decisiones y habilitar impugnaciones oportunas, así como la participación de la sociedad civil y acceso público a términos clave de grandes contratos. Cuando eso no existe —o existe solo en el papel— el control se vuelve una formalidad y la corrupción, una apuesta segura.

b)    Baja severidad real de la sanción. El castigo no es solo “cárcel”. En un sistema serio, hay decomiso, reparación, inhabilitación, pérdida del beneficio, y una trazabilidad que impide reingresar al Estado por la puerta de atrás. Cuando la sanción efectiva es baja o tardía, el negocio incorpora el riesgo como “costo operativo”. La impunidad, en economía, es un subsidio.

c)     Alta rentabilidad vía diseño institucional: adendas, arbitrajes y opacidad. El negocio necesita un mecanismo para “cobrar” sin quedar expuesto. En obras, ese mecanismo suele aparecer como ampliaciones, adicionales, controversias administradas, arbitrajes, consultorías “de cierre”, y una cadena de decisiones fragmentadas donde nadie “es responsable”, pero todos firman.

La OCDE lo dice sin eufemismos: el control requiere una cadena clara de responsabilidades y mecanismos que permitan escrutinio público y auditoría efectiva. Sin esa arquitectura, el Estado no solo pierde: paga por perder.

Consecuencias: lo que la corrupción realmente destruye

La corrupción no solo roba dinero. Deforma la economía y enferma la democracia.

a)    Destruye productividad del gasto: cada sol perdido no es “un sol menos”; es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que se cae al primer invierno. La propia Contraloría ilustra el costo de oportunidad del perjuicio económico: recursos con los que se podrían cerrar brechas e inversiones básicas.

b)    Eleva el “impuesto país”: empresas serias invierten menos cuando perciben que competir depende de coimas, contactos, lobbies o captura regulatoria. Eso reduce inversión, innovación y empleo formal.

c)     Normaliza la inmoralidad como ventaja competitiva: el mensaje social es venenoso: “el vivo progresa, el honesto pierde”. Allí nace la reproducción intergeneracional del problema.

d)    Captura la política: la corrupción necesita poder para protegerse. Por eso se ancla en financiamiento oscuro, redes, nombramientos y control de entidades clave (congreso, ministerios). El resultado es un Estado que ya no sirve al ciudadano, sino al cartel de los corruptos.

Hagamos algo diferente

Si la corrupción es un modelo de negocio, la política anticorrupción debe hacer lo que haría cualquier regulador frente a una industria dañina:

1. Subir el costo esperado: Ajustar el precio del delito

El corazón del negocio es la ecuación “ganancia alta + riesgo bajo”. Hay que invertirla a: riesgo alto + ganancia incierta”. Lo que implica:

a)    Transparencia contractual de punta a punta (no solo licitación): publicación de términos clave, avances, modificaciones, adicionales y pagos en formatos auditables, con posibilidad de control social.

b)    Compras y obras con trazabilidad digital: el enfoque de “gobierno digital + control ciudadano” no es discurso. En Perú existe evidencia de que combinar herramientas de información (InfObras/Invierte.pe) con monitoreo ciudadano puede reducir sobrecostos en obras tercerizadas.

c)     Revisión independiente y rápida de controversias: evitar que la impugnación se use como chantaje o que el arbitraje se convierta en caja negra. La OCDE recomienda cuerpos independientes con capacidad de decisión y aplicación.

2. Cortar el suministro: atacar el “ecosistema” (no solo al funcionario)

Un acto corrupto rara vez es individual: requiere intermediarios, empresas fachadas, consultores, supervisores complacientes, abogados, financiadores. ¿Qué hacer?

a)    Debida diligencia real en contratistas y sanciones que impidan recontratación.

b)    Recuperación patrimonial agresiva: si el dinero se queda, el negocio continúa.

c)     Reglas contra conflictos de interés y puertas giratorias: sin esto, la captura regulatoria se institucionaliza.

3. Crear una institución anticorrupción con tres brazos (y protegerla políticamente)

Hong Kong es el ejemplo clásico por una razón: su ICAC se diseñó con una estrategia tripartita —aplicación, prevención y educación— y con independencia institucional. No se trató solo de “meter presos”: sino también de cambiar sistemas y cultura, con supervisión ciudadana mediante comités independientes.

El Perú no necesita copiar mecánicamente ese modelo, pero sí tomar su idea central: una agencia con dientes, blindaje, control externo y enfoque preventivo-educativo.

4. Reducir la demanda social: educación de integridad y “vergüenza pública” del atajo

Sin legitimidad social, el negocio se debilita. La educación anticorrupción no debe ser moralina (“sé bueno”), sino alfabetización cívica: cómo funciona el fraude, cómo se captura un contrato, por qué la coima mata servicios públicos, cómo denunciar, cómo auditar una obra local.

La ICAC enfatiza educación masiva y formación ética para distintos sectores, lo que ayuda a consolidar tolerancia cero. El mensaje para jóvenes debe ser nítido: la corrupción no es “viveza”, es un impuesto regresivo que pagan los que menos tienen.

Conclusión

El Perú no va a “curarse” de la corrupción con campañas emotivas ni con indignación ciudadana. La corrupción es estable porque el sistema la hace rentable. El Estado la subsidia cuando permite opacidad en contratos, sanciones tardías, controles débiles y un ecosistema que se recicla continuamente.

Lo novedoso —y urgente— es cambiar la conversación: dejar de pedir “más valores” como si el problema fuera un sermón, y pasar a la ingeniería de incentivos. Transparencia radical y útil, control ciudadano con tecnología, sanción efectiva con recuperación patrimonial, y una institucionalidad anticorrupción con prevención y educación, al estilo de los casos que funcionan.

Cuando corromper sea caro, incierto y socialmente repudiado, el negocio quebrará. Y recién allí, las próximas generaciones podrán respirar un aire menos contaminado.