Alejandro Narváez / Desmembrar y vender PetroPerú

Objetivo del DU010 2025: desmembrar y vender (mal vender) PetroPerú

Disclaimer: “Hay quienes dicen que soy negativista, un pesimista. Soy realista informado que es muy diferente. Trato de buscar respuestas a los problemas del país, lo que implica, ir al origen de esos problemas, a sus raíces, y proponer soluciones. El optimista sin datos, sin números, es un iluso”. ANL

La promulgación del D.U. 010 2025 y publicado “entre gallos y medianoche” por el Poder Ejecutivo marca un punto de inflexión en la política energética y empresarial del Estado peruano. Bajo el argumento de “reestructuración”, “eficiencia” y “sostenibilidad fiscal”, el decreto habilita una serie de medidas que abre el camino al desmembramiento y posterior venta (mal venta) de los activos estratégicos de Petroperú, la “última joya de la corona”, es decir, lo más valioso, lo más importante que nos queda a los peruanos.

Este D.U. 010 2025 no busca rescatar ni fortalecer a Petroperú, sino -sin titubeos- fragmentarlo, trocearlo, dividirlo, para facilitar su liquidación parcial o total, en condiciones desfavorables para el Estado. Mi análisis en una primera y rápida aproximación, se centra en los efectos económicos, sociales, institucionales y laborales de la norma, así como sus consecuencias de largo plazo para la soberanía energética y el interés público.

El contenido del D.U. 010 2025

Aunque el decreto se presenta como una herramienta de emergencia para “ordenar” la situación financiera de Petroperú, su arquitectura normativa revela un objetivo distinto: separar activos, aislar pasivos y preparar unidades de negocio para su venta. Entre los elementos más preocupantes destacan:

-       La transferencia de activos operativos a vehículos especiales o esquemas de gestión privada.

-       La priorización del pago a acreedores financieros, por encima de objetivos productivos o estratégicos.

-       La reducción del rol del Estado como operador directo, transformándolo en un mero garante de deudas.

En términos económicos, se trata de un clásico proceso de asset stripping (despojo de activos): se conservan las pérdidas en el balance público y se privatizan los activos con mayor valor económico, usualmente a precios deprimidos o coloquialmente hablando “a precio de huevo”, es decir, por debajo de su valor real. Esta la esencia del decreto.

Costos económicos: vender en crisis es mal vender

Desde el punto de vista económico, el D.U. 010 2025 implica una transferencia de valor desde el Estado hacia el sector privado. Petroperú atraviesa una situación financiera difícil, - falta de capital de trabajo-, es evidente, pero cuenta con activos estratégicos de alto valor, como la Nueva Refinería de Talara – con vida útil económica estimada de 70 años-, la refinería de Iquitos y Conchán, el Oleoducto Norperuano (ONP), actualmente operativo, la red de plantas de venta en todo el territorio nacional, una red de 717 grifos asociados a la marca de Petroperú, una cuota de mercado del 30% a nivel nacional, etc.

Vender o concesionar estos activos en un contexto de urgencia fiscal, presión política, bajo un gobierno de transición y lo más grave, sin un análisis costo- beneficio de una decisión de capital importancia es un graso error y pésimo negocio para el país. Aceptar precios inferiores a su valor real de largo plazo golpeará a las finanzas públicas, ya que finalmente, el Estado asumirá pasivos de corto y largo plazo de la empresa de cerca de 8 mil millones de dólares al 30 de setiembre de 2025. La experiencia peruana e internacional demuestra que las privatizaciones en contextos de crisis o supuestas crisis suelen generar pérdidas patrimoniales cuantiosas para el Estado.

Además, la fragmentación de Petroperú debilita su capacidad de generar economías de escala, afectando la competencia en el mercado de combustibles y aumentando la dependencia de importaciones, con impactos directos sobre la balanza comercial y la inflación.

La privatización o gestión externalizada de bloques lucrativos disminuiría los ingresos fiscales futuros: dividendos, impuestos corporativos, regalías y utilidades que Petroperú genera como operador mayorista. La política fiscal futura del país, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales, se vería afectada si una parte sustancial de los activos productivos queda bajo control privado.

La creación de fideicomisos, contratos fiduciarios y estructuras complejas de administración patrimonial genera costos financieros y transaccionales elevados que no están cuantificados en el decreto. Estos gastos —sumados a las comisiones de Proinversión de 144 millones de soles y honorarios técnicos especializados— reducirán aún más el valor neto obtenido por el Estado.

Costos sociales: territorios más vulnerables

Petroperú no es solo una empresa, es un actor económico clave en regiones históricamente postergadas. Su retiro o debilitamiento tendría efectos sociales inmediatos, especialmente en la Amazonía (Loreto, Ucayali y Madre de Dios).

Petroperú cumple funciones que la empresa privada no asume, como la venta de combustibles en la amazonia peruana por mandato de la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonia No. 27037 – 1999 que exonera la recuperación del IGV y el ISC por la venta de gas natural y combustibles, que en promedio representa en torno a 660 millones de soles sólo en el 2025 monto no recuperados por Petroperú. Asimismo, mantiene infraestructura crítica como el ONP y la articulación con economías locales en todo el territorio nacional. El D.U. 010 2025 ignora estos costos sociales, reduciendo el análisis a una lógica puramente contable.

La experiencia peruana demuestra que la retirada del Estado en sectores estratégicos incrementa la desigualdad territorial y la conflictividad social, particularmente en zonas vinculadas a la actividad extractiva (Bebbington et al., 2018).

Costos institucionales

En el plano institucional, el decreto consolida una narrativa peligrosa: que el Estado es incapaz de gestionar empresas, y que la única salida posible es la privatización. Esta visión interesada omite deliberadamente los problemas reales: captura política, mala gobernanza, directorios inestables y ausencia de planificación de largo plazo y de política energética.

En lugar de corregir estas fallas estructurales, el D.U. 010 2025 opta por desmantelar la empresa, debilitando la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos clave.  Cuando en el mundo los países emergentes y desarrollados están fortaleciendo sus empresas públicas estratégica de energía, comunicaciones, y de otros rubros (véase México, Brasil, Colombia, Chile) en el Perú ocurre lo contrario.  Ello erosiona la credibilidad institucional y refuerza la percepción de un Estado peruano subordinado a intereses privados de corto plazo.

La intervención de Proinversión, que pasa de ser agencia promotora a autoridad decisoria en el proceso de reorganización patrimonial, modifica la gobernanza tradicional de Petroperú y transfiere poder decisorio —sin contrapeso legislativo explícito— a un organismo técnico con fines de promoción de inversión. Esto puede generar un déficit de control democrático, ya que decisiones estratégicas de unidades productivas se adoptarían sin el escrutinio suficiente del Congreso o los órganos de control.

Impacto laboral: precarización y pérdida de capital humano

Uno de los efectos más inmediatos del decreto recae sobre los trabajadores. El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de “optimización”. El costo de la planilla para el 2025 es de 128 millones de dólares que representa apenas el 3.77% del total de ingresos, y representa el 3.49% de los costos y gastos (véase EEFF auditados e informes a la SMV).

Más allá del impacto social, esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas. Petroperú fue y sigue siendo la cantera de otras empresas del sector. La fragmentación institucional rompe equipos técnicos, debilita la memoria organizacional y reduce la capacidad del país para gestionar su propio sector energético.

El decreto obliga al Directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión y reducción de personal en plazos muy breves, apoyado por un aporte de capital estatal de 240 millones de soles para dicho fin.

La reorganización interna y reducción de personal generará despidos masivos, con la consecuente pérdida de empleo para miles de trabajadores. Dado que Petroperú emplea a varios miles, una reducción del 30 40% significaría un impacto social profundo en trabajadores, sus familias y economías regionales donde la empresa es un actor central

Como señala la OIT (2021), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo.

Hipótesis crítica: una decisión política, no técnica

El D.U. 010 2025 no es el resultado inevitable de una crisis financiera, sino es indiscutiblemente una decisión política. Existen diversas alternativas: reestructuración organizacional ordenada, reperfilamiento de las deudas, mejora de la gobernanza, auditorías independientes, alianzas estratégicas con privados sin pérdida de control estatal, entre otras. Pero, ninguna de ellas fue tomada en cuenta.

La urgencia invocada por el Ejecutivo funciona como coartada para imponer una agenda que, en condiciones normales, enfrentaría mayor resistencia social y política -no se descarta que ello ocurra-. En este sentido, el decreto responde más a una lógica de shock que a un plan de desarrollo energético nacional.

Conclusiones

El D.U. 010 2025 no apunta a rescatar Petroperú, sino a desmembrarlo y venderlo en condiciones desfavorables para el Estado peruano. Sus efectos económicos, sociales, institucionales y laborales configuran un escenario de pérdida de soberanía energética, debilitamiento del Estado y transferencia abierta de recursos o activos públicos al sector privado. En el mundo entero las empresas públicas estratégicas de energía están siendo fortalecidas y ampliadas, en el Perú ocurre exactamente lo contrario. Podría ser calificado como una traición a la patria y privatización de nuestra soberanía.

Finalmente, más que una solución, el decreto profundiza el problema. Petroperú requiere reforma, no liquidación. Requiere gobernanza, no fragmentación, requiere visión estratégica, no urgencia fiscal. Persistir en esta ruta implicará costos que el país pagará durante décadas. No olvidar. Décadas.  (L:02012026).

Referencias:

El autor es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Expresidente de Petroperú y actualmente profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.