Vivimos tiempos de crisis más allá de la economía y la pandemia. Si bien la delincuencia representa un serio peligro, ha aparecido un nuevo riesgo que ninguna persona lo menciona, como es el de la opinión. Expresar tus pareceres en la prensa, redes sociales, y hasta en reuniones amicales, te expone a ser tildado de ‘terruco’, ‘fujimontesinista’, ‘corrupto’, ‘golpista’, ‘caviar’, ‘chavista’, ‘derecha bruta achorada’, y más benévolamente, como ‘comunista’, ‘explotador’, o ‘complotador’. Rara vez se formulan argumentos para debatir propuestas, y las menos, con premisas basadas en la verbosidad antes que el análisis, en el sentimiento en vez de los datos. Aún así, formularé mis comentarios y análisis sobre el tema del artículo.
Algunos políticos y líderes de opinión plantean la necesidad de una nueva reforma agraria. Coincido que necesitamos implementar nuevas políticas, sostenibles, eficientes y con impacto social, pero lejanas a la reforma del general Velasco en la década de los 70’, el siglo pasado. Políticas que contribuyan al desarrollo de la agricultura familiar, programas que articulen a los pequeños productores al mercado, con herramientas de asociatividad, asistencia técnica y financiamiento, integrados. Decisiones que otorguen mayores presupuestos a las direcciones generales agrarias en nuestras regiones. Que promuevan el desarrollo de nuestra industria forestal para dejar de importar maderables, a través de la agroforestería y líneas de crédito adecuadas al modelo de negocio. Incorporación de seguro agrario comercial cofinanciado por el Estado que proteja las inversiones de los pequeños productores ante eventuales eventos climáticos.
Determinaciones que promuevan la incorporación del sistema financiero al campo a través de fondos de cobertura. Fortalecimiento de la banca de desarrollo. Destino de un porcentaje del canon para proyectos agrarios asociativos y de comunidades nativas. Modificación de la ley de promoción agrícola de forma que parte importante de las ventajas tributarias y de aporte a la seguridad social, se traduzcan en mejoras de las remuneraciones y condiciones laborales de sus trabajadores, con un salario superior al mínimo –establecido por ley– participación de utilidades, y reconversión de los ‘services’ en cooperativas integradas por los propios trabajadores.
El principal -y único- argumento que escucho entre quienes defienden la reforma de Velasco, es que le devolvió dignidad al campesino. En hora buena, pero si ya recuperó su dignidad -algo que no pongo en duda– este tipo de reforma ya no es necesaria. Lo que no se menciona es que ninguna de las cooperativas formadas por esa reforma ha sobrevivido, y el Estado destinó cientos de millones de soles para su subsistencia, antes de su privatización. Tampoco se indica que, antes de la reforma, el Perú era un importante exportador de azúcar (por citar un cultivo) e incluso disputaba con otros países para que se le incremente su cuota de exportación, convirtiéndose tras la reforma en importador, por la debacle de la producción.
Según el INEI, el PBI agrario creció 3.4% en la década 1961-70 (4% en el quinquenio 1966-70), y tras la reforma agraria, solo creció 0.1% en la década 1971-80 (0.7% en el quinquenio 1971-75 y -0.5% entre 1976-80).
Otro argumento, incluso de gente sensata, es que se necesita una reforma agraria para reducir la desigualdad, como si fuera la solución. En el Perú se destinan, aproximadamente, 650,000 hectáreas para la agro exportación, por lo que aún expropiando la totalidad para distribuirlas entre los 2.2 millones de productores, no le significaría más de 1/3 de hectárea a cada uno, y está claro, que los pequeños productores necesitan otras recetas para su desarrollo, como las mencionadas en la primera parte del artículo. No pretendo defender a los agroexportadores pues considero que la ley que promueve su negocio requiere modificaciones urgentes, pero considero importante señalar que entre ellos hay 1,100 pequeños empresarios que exportan US$ 1 millón anuales.
El pequeño productor agrario de nuestros tiempos es diferente al de hace medio siglo. Está más capacitado y relacionado con su entorno, y es consciente que no requiere regalos, sino políticas que le permitan su articulación al mercado y un crecimiento sostenible. Reformas sí, pero no al estilo del siglo pasado. Como dijo Bonaparte, ‘aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla’, y más grave aún, aquel que pretende maquillarla para llevar agua a su molino. Finalmente, los mayores afectados son aquellos a quienes se pretende beneficiar.
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