Con el ánimo de colaborar con la Segunda Reforma Agraria en lo referente al financiamiento, incluyo las siguientes propuestas:
• Los programas de fomento de la asociatividad con recursos no reembolsables (Agroideas) deben estar integrados con los de asistencia técnica, financiamiento, y articulación a mercados, e incluir recursos para una gestión eficiente de mercadeo e introducción al público. De igual forma, cualquier proyecto de investigación debe demostrar su costo-beneficio, sea que proporciona mayores ingresos, menores costos, o nuevos consumidores. Esta política permitirá una reducción de la dependencia de alimentos importados al incrementar la productividad de nuestros agricultores, como es el caso de maíz, que importamos 75% del consumo nacional.
• Seguro agrícola que proteja la inversión del pequeño productor contra eventos climáticos, junto con el crédito, y cofinanciado por el Estado. Si consideramos que la colocación actual a los pequeños productores es S/ 2,600 millones, y dado que las instituciones bancarias, por lo general, financian 70% de la inversión (30% restante es mano de obra), la inversión de los 242 mil productores en el sistema financiero, se estima en S/ 3,714 millones. El monto estimado de la prima por este tipo de seguro (diferente al catastrófico) es 5% de la inversión (incluido IGV), y aplicado a los actuales pequeños productores con crédito formal, el total de las primas sería de S/ 186 millones. Si el Estado financia 70%, el Fondo para este seguro, sería de S/ 130 millones.
Si consideramos que con esta política podría lograrse que se incorpore al crédito formal, 10% anual de pequeños productores, el fondo sería de S/ 145 millones (menos de 0.1% del presupuesto nacional) y debe ser considerado como una inversión antes que un gasto. Con el crecimiento esperado, el Fondo estaría cofinanciando una inversión de aproximadamente S/ 4,000 millones, de los cuales aproximadamente S/ 2,000 millones se destinarían a la adquisición de agro insumos, con un IGV de S/ 300 millones, monto superior al cofinanciamiento estatal.
• Ley que permita destinar 2% del presupuesto de los gobiernos regionales y locales para avalar ante instituciones financieras, créditos de inversión y capital de trabajo a pequeños productores de sus zonas. El efecto sería de S/ 1,100 millones anuales (suponiendo dirijan el total a capital de trabajo), incorporando 100,000 pequeños productores, anualmente, al sistema financiero formal.
• Fondos de cobertura a instituciones financieras para créditos a la agricultura familiar, con tasas preferenciales. Las instituciones financieras cuentan con sus propias fuentes de fondeo, por lo que para su acercamiento al campo les es más atractivo una garantía de un porcentaje del crédito otorgado (hasta un límite y con ciertas condiciones de tasas) antes que los fondos para colocarlos.
• Promover el desarrollo forestal con líneas de crédito provenientes de las AFP (disponibilidad de mayores plazos), avaladas por el Estado, y ante este por los inversionistas con garantías reales, e incorporando a las comunidades en la gestión.
• Incorporación de certificados de posesión con cierta antigüedad y sin litigio a Registros Públicos.
• Coordinación con la SBS para establecer tipología de ‘Crédito agrario’.
• Financiamiento (Fondo AgroPerú) de cooperativas y organizaciones agrarias sólidas para la importación de agro insumos y atención a sus integrantes. Con una planificación adecuada y esta medida habríamos podido anticiparnos a la situación de escasez y costo excesivo de los fertilizantes, cuando en agosto 2021, China dejó de exportar urea y Estados Unidos demandó una cantidad muy superior a su consumo habitual. Adicionalmente, se evitaría la crítica del rol subsidiario del Estado, pues este no haría la compra, sino que financiaría en condiciones favorables a organizaciones agrarias. Ello ya se viene realizando en una importante cooperativa norteña que por su solvencia y dimensión, consigue fondos de instituciones financieras del extranjero, con los que atiende a sus socios.
• Difusión de tecnología para conectar con sus productos a las organizaciones de productores con los consumidores (bodegas, restaurantes, hogares), eliminando intermediarios, lo que les permitirá un mayor ingreso y, por ende, más capacidad para el crédito.
• El fortalecimiento de la banca de Desarrollo, un asunto que amerita un artículo adicional.