Esta columna ha sido preparada tres días antes de la primera vuelta electoral, en la que dieciocho candidatos competirán por ser favorecidos con la elección popular, para lo cual han difundido numerosas y variadas propuestas para un eventual gobierno: vacunación masiva, distribución de bonos, hambre cero, formalización de emprendedores, destrabe de proyectos (que ningún gobierno lo ha logrado), construcción de colegios y hospitales, lucha contra la corrupción y el empleo, pero son escasas y acotadas aquellas que inciden en la principal preocupación de la población: el empleo.
La única forma conocida mundialmente, y a través de la historia, para generar trabajo, es promoviendo la inversión pública y privada, destinada a obras con real impacto social (no a elefantes blancos) y emprendimientos empresariales; no obstante, la inversión privada ha representado en las últimas décadas, 80% del total invertido, proporción similar en los países que han logrado generar ocupación y desarrollo. Por supuesto, cumpliendo los estándares que exigen las normas, respetando el ambiente, los derechos laborales, y estableciendo compromisos con sus comunidades. El Estado tiene un rol de promotor, facilitando el progreso y la reducción de la desigualdad, con inversiones en salud, educación, seguridad, justicia, y agricultura, con la construcción de una banca de desarrollo eficiente y sostenible, y a través de medidas tributarias que favorezcan la inversión que genere empleo en zonas rurales o de mayor pobreza.
En las últimas décadas, el Perú ha crecido significativamente, incrementado la oferta de trabajo, y reducido sustancialmente la pobreza (hasta antes de la pandemia). Lamentablemente no ha generado el desarrollo que una sociedad necesita (acceso a salud, educación, servicios públicos), como reducido la desigualdad y la denominada informalidad, lo cual ha hecho más visible la actual crisis sanitaria. Lo positivo se logró gracias a una sana política macro económica que generó confianza en los inversionistas. Lo negativo, justamente al incumplimiento de la aplicación de una economía social de mercado, como establece la Constitución, permitiendo monopolios, oligopolios, favorecimiento en contratos (corrupción), y leyes de protección al consumidor insuficientes y burocráticas. Esto último es lo que debe corregirse.
Más de dos décadas nos ilustran con lecciones aprendidas, pero pareciera hay abundantes por aprender que, de no hacerlo, no se generará la estabilidad necesaria para la inversión y recuperación del empleo, como las siguientes:
• Revisando tratados internacionales y contratos, salvo que se pueda probar delitos en los mismos, y con sentencia en los tribunales nacionales e internacionales, dependiendo el caso. Lo que sí se puede es la renegociación de los mismos, acordada por ambas partes.
• Modificando permanentemente la legislación tributaria, especialmente para inversiones en proceso.
• Reduciendo la autonomía de instituciones como el Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
• Dejando al país sin reservas internacionales y, destinándolas al gasto corriente.
• Estatizando empresas o convirtiendo al Estado en empresario, con la excepción de su rol de subsidiariedad donde no se encuentra la empresa privada.
• Estableciendo controles de precios y modificando permanentemente las reglas de los entornos empresariales.
• Creando asambleas constituyentes para una nueva ley de leyes, lo cual genera incertidumbre durante el período de duración de esta. Ello no implica que algunas partes de esta se modifiquen progresivamente, o se aclaren con leyes adecuadas.
El próximo gobierno debe legislar para permitir el acceso de los pequeños emprendedores al mercado, fortalecer una banca de desarrollo y programas de apoyo sostenibles, legislando contra los monopolios, oligopolios y concentración de mercado, reduciendo trámites para el ingreso de nuevos competidores a los mercados, haciendo partícipes a los trabajadores de los beneficios empresariales, fiscalizando el cumplimiento de las leyes laborales, y estableciendo ventajas tributarias para las organizaciones que se instalen en zonas deprimidas, generando empleo en las mismas.
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