La palabra ‘legítimo’ proviene del latín ‘legitimus’, que significa ‘fijado por la ley’, y ha adquirido una connotación diferente pues, en la actualidad, no todo lo que establecen las leyes, es considerado como ‘legítimo’. La RAE lo define como ‘lo que está de acuerdo con la razón o lo que se considera justo o sensato’. El dilema está en qué es justo, sensato o razonable, y quienes definen ello, por lo que podemos graficar esta acepción con la expresión quijotesca: “la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura”. Salvo casos flagrantes, el raciocinio dependerá de la visión de cada persona o grupo social y sus creencias.
En Perú es una palabra vigente a través de décadas. Se consideraba –absurdamente- hijos ilegítimos a quienes eran concebidos fuera de una relación matrimonial según las formalidades del Estado, y hasta se acuñó el peruanismo ‘bamba’ para definir lo que es falsificado o de baja calidad (dos alcances diferenciados), y por lo tanto, ilegítimo, y hoy tenemos en el país, libros, videos, zapatillas, ropa, y medicamentos bamba (o piratas), entre otros productos y hasta servicios.
La subjetividad y el relativismo –tendencias en boga– se hacen presentes con el término hasta en las organizaciones supuestamente respetables e influyentes en la vida de la Nación. El Congreso de la República que fuera cerrado en 2019 había sido elegido sin observación alguna en el proceso electoral de 2016, era considerado ‘ilegítimo’ por muchos políticos y periodistas, en desacuerdo con el grupo mayoritario.
Un año después, tras la vacancia del presidente de la República, su primer reemplazante fue considerado ilegítimo y generó copiosas marchas de protesta que condujeron a su renuncia; no obstante, el sucesor elegido de la misma forma, fue considerado ‘legítimo’ por estos mismos opinantes. Las encuestas y las marchas públicas se han convertido en los instrumentos que otorgan el sello de ‘legitimidad’. De esa manera, el autogolpe de 1992, que contó con 80% de aprobación, recibiría la categoría de ‘legítimo’. Peligrosas formas de otorgar legitimidad.
En la encrucijada que nos encontramos en esta segunda ronda electoral, donde la diferencia entre uno y otro candidato es solo 0.2%, y donde ambas realizan marchas y pronuncian denuncias de fraude, es muy probable que el ganador -cualquiera que fuese– sea considerado ilegítimo en un corto plazo, con las consecuencias infortunadas para el país, especialmente con las crisis económica y sanitaria que atravesamos. En estas circunstancias, considerando que los programas propuestos son radicalmente opuestos, se hace necesaria una conciliación, la misma que pasa por un acuerdo entre ambas partes de planes y personas que ocuparán los puestos dirigenciales.
Por supuesto que se requieren cambios y urgentes, pero manteniendo el respeto a las normas, propiedad privada, libertades, y las variables que aseguran la estabilidad macroeconómica, con modificaciones específicas a la Constitución antes que una modificación total que generaría incertidumbre en una situación tan difícil como la que atravesamos, donde es imprescindible la recuperación del empleo, y políticas de impacto social pero sostenibles, con un Estado promotor y cumplidor de su rol subsidiario, legislando contra oligopolios y cobros abusivos a los consumidores, e impulsando las obras necesarias para que los peruanos de menores recursos tengan acceso a los servicios básicos, educación, salud de calidad, y seguridad social.
Es el momento de la conciliación y la hora de descubrir si el interés de los candidatos y de los grupos que los respaldan está en el bien común, o simplemente en la búsqueda del poder. La legitimidad no puede fundamentarse en sentimientos y estados de ánimo, sino en el cumplimiento de las leyes, normas, y acuerdos. El país no soporta más divisiones ni conflictos, donde los más afectados son, y serán, justamente aquellos a quienes se pretende beneficiar.