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Carlos Ginocchio / Reforma y contrarreforma


En el siglo XVI surgió un movimiento con el objetivo de realizar un cambio en la doctrina de la iglesia católica, dirigido especialmente a combatir el dominio del Papado en los reinos de la época, y los supuestos abusos de la Iglesia en ese entonces. Este movimiento fue conocido como la reforma protestante, y tuvo como representantes al inglés Juan Wiclef, el rector de la universidad de Praga, Juan Huff, el alemán Martín Lutero, el francés Juan Calvino, y el suizo Ulrico Zuinglio, consiguiendo dividir a la Iglesia, que respondió a través del Concilio de Trento, aboliendo ritos eucarísticos, y regulando los sacramentos, entre otras decisiones. Los resultados de una y otra, independiente a su valoración, generaron cambios importantes no solo en los aspectos religiosos, sino también en las relaciones entre las monarquías. con la Iglesia.


En Perú, cuando hablamos de reformas, solemos recordar la agraria del velasquismo, cuyos resultados fueron funestos para el sector, y otras como la educativa que diferentes gobiernos emprenden, la judicial, la descentralización cuyos resultados dejan mucho que desear, y que de ‘reforma’ solo tienen el nombre, sin que hayan beneficiado al país, acordes con la frase en la novela ‘El Gatopardo’ de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.


Se avecina un nuevo debate ante la decisión del Congreso de la República de postergar las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos políticos a las elecciones regionales y municipales de 2022, en la supuesta reforma política para que participaran en estas incluso quienes no eran miembros del partido. Defensores de dichas reformas manifiestan su desacuerdo con esa decisión. Surge la interrogante: ¿han surtido efecto las reformas electorales aprobadas, propuestas por un grupo de notables?, ¿son hoy más fuertes los partidos políticos? En la reciente justa presidencial, el triunfador y varios de los candidatos no pertenecían al partido que representaron.


La actual normativa establece la obligación de todos los partidos a competir en las justas electorales e instaura una votación mínima para conservar la organización partidaria. Ello es positivo, y de esa manera quince partidos políticos han perdido su inscripción, entre ellos los que obtuvieron la presidencia en los últimos quince años (Apra, Perú Posible, Partido Nacionalista, Peruanos por el Cambio-Contigo Perú), Partido Morado), y dos de ellos con más de medio siglo de existencia (Apra y PPC); no obstante, también decreta que para la creación de un nuevo partido, además de una cantidad de locales partidarios (la mayoría siempre son informales) bastaría 25,000 afiliados, y con ello no tengo duda que en las elecciones de 2026, se presentarán más de veinte partidos políticos, generando mayor fragmentación, y por ende, afectando a la gobernabilidad.


La verdadera reforma consiste en que los partidos políticos sean representados en sus listas presidenciales y al Congreso, únicamente por sus afiliados inscritos con al menos dos años de antigüedad. De esa forma tendremos clara la identificación con el mismo, y no se producirán situaciones como la actual donde existen divergencias entre el partido y el presidente elegido. Adicionalmente, que sus planes de gobierno se encuentren expuestos con esa misma antigüedad, así como sus definiciones respecto a temas clave económicos, sociales, políticos, relaciones exteriores, entre otros. De esa forma, los votantes sabremos a qué atenernos con nuestra selección.


Tres reformas adicionales son: a) el voto voluntario, pues es un derecho del elector abstenerse de asistir a las urnas, obligándose hoy al voto para evitar la multa, haciéndolo en blanco o votando por una opción desconocida b) la pérdida de la curul por el partido y el congresista que abandona la organización por la que fue elegido, sea por decisión propia o por expulsión de la bancada, c) la estricta y oportuna vigilancia del destino de los fondos que el Estado otorga a los partidos políticos, incluyendo la posibilidad de penalizar a la organización política en su participación por incumplimiento.


Por supuesto, también la legislación sobre perfiles para los asesores y asistentes de los congresistas, de forma que se asegure la calidad de los mismos. Este tipo de medidas constituyen verdaderas y efectivas reformas.


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