El 22 de septiembre pasado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego emitió la Resolución Ministerial N°274-2021-MIDAGRI, creando un grupo de trabajo sectorial, de naturaleza temporal, cuyo objetivo es desarrollar el plan de acción y el cronograma de su aplicación, para la reactivación económica del sector agrario, y la formulación de políticas públicas, debiendo estar culminado el 31 de diciembre próximo, y para lo cual convocó a la Confederación Nacional Agraria, Central de Rondas Campesinas, Junta Nacional de Usuarios de Riego, Organización Nacional de Mujeres indígenas, amazónicas y andinas, y la Federación Nacional de mujeres campesinas.
De inmediato surgieron las críticas de tirios y troyanos, incrementadas por su lanzamiento en la fecha que el general Velasco Alvarado realizó el golpe de Estado en 1968, y por el nombre de ‘Segunda Reforma Agraria’, otorgado a la propuesta, incluida desde la campaña electoral. Asunto de forma, aunque el presidente Castillo, aclaró que “esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni quitar derechos de propiedad de nadie, sino poner al Estado al servicio, de los agricultores relegados durante décadas, gobierno tras gobierno”, y anunciando un gabinete rural, cuyos integrantes, formación y funciones, aún no conocemos.
Entre las críticas están que ‘no hay plan’, ‘segunda reforma comunista’, ‘se resucita a Velasco’, ‘no abarca toda la cadena productiva’, y ‘no se ha convocado a la mayoría de los gremios’. Entre los apoyos, ‘promoverá el desarrollo integral del agro’, ‘los empresarios no se aprovecharán más de los agricultores peruanos’, y ‘día histórico para el agro peruano’. Son escasas las opiniones de fondo sobre los ejes presentados en el lanzamiento. Coincido con las declaraciones del coordinador nacional de Planagro, institución que reúne a veinte organizaciones y gremios agrarios, entre ellos a la Junta Nacional del Café, APP Cacao, Asociación de gremios agrarios del Perú-AGAP, Confederación Campesina del Perú, PerúPalmas, Federación Nacional de Agricultores y Cafetaleros del Perú-Fencaap: “No se trata de expropiación de tierras, sino de asegurar la seguridad alimentaria nacional y convertir al Perú en una potencia mundial de alimentos… Romper barreras entre pequeños y grandes productores, y fortalecer su unidad…No existe izquierda ni derecha en la agricultura…el agro es un asunto multisectorial…Tres ejes: agua (cosecha de agua), tecnología, mercado”.
Lo positivo es que, aunque saque ‘roncha’ a algunos, por primera vez un gobierno coloca en la palestra, y en el debate, la situación del agro, y específicamente de la pequeña agricultura, llamada familiar.
La ‘Segunda Reforma Agraria’ (SRA) es, en realidad, la cuarta, considerando la propuesta en 1962 durante el gobierno supuestamente liberal del presidente Prado, y establecía un máximo de 250 hectáreas para la propiedad en la Costa, impuestos de acuerdo a la cantidad de tierras poseídas, y entrega de tierras eriazas con riego a cargo del Estado para el pequeño productor costeño, y luego la de Belaúnde en 1963.
La SRA incluye nueve ejes: a) seguridad alimentaria para reducir dependencia de la importación, b)asociatividad y cooperativismo para incrementar productividad e insertarse al mercado, c) infraestructura hidráulica, siembra y cosecha de agua, d) movilización de estudiantes para asistencia técnica, e) industrialización para mayor valor agregado y capacidad de negociación, f) mercados de productores y compras estatales, g) repoblamiento ganadero, h) agendas regionales de trabajo, y i) crédito de un banco de fomento. En este último caso, se mencionan S/ 2,000 millones como fondos de garantía, lo cual es una decisión más efectiva que la colocación directa por parte del Estado, pues incrementa los montos a colocar dependiendo el porcentaje que se coberture, acerca el sistema financiero al campo, agiliza los créditos, reduce los riesgos y la utilización de fondos, pues se trata de contingencias.
Aunque existen programas vigentes relativos a los ejes referidos, tales como ‘Mi Riego’ y ‘Agroideas’, entre otros, el reto está en profundizarlos y articularlos para un mayor impacto, pero sostenible en el mediano y largo plazo, coordinando con los gobiernos regionales que tienen a su cargo el sector en los departamentos; no obstante, son un adecuado punto de partida.
El gran objetivo es articular la agricultura familiar al mercado, de manera que los productores puedan generar ingresos y utilidades. El resto, son las herramientas. Mis recomendaciones son que, adicionalmente al equipo conformado, se escuche a los restantes gremios, academia, empresas privadas, y organizaciones de desarrollo rural, que se distinga los tipos de agricultura y cultivos a los que se dirigen las decisiones, y que estas sean sostenibles, alejadas de la sola intención política y cortoplacista. Espero que el debate empiece a centrarse en los temas de fondo.