El territorio peruano se caracteriza por tener una geografía agreste y muy diversa, con variados microclimas, una variada flora y fauna, que representa el potencial que nuestro país posee, pero a la vez esta característica genera una gran dificultad para acceder a algunas partes del territorio nacional y atender las múltiples tareas que al Estado le corresponde, entre ellas lo que conciernen a las políticas públicas para garantizar el desarrollo de la población que habita las zonas más lejanas e inaccesibles de nuestro territorio. Sin embargo, pese al crecimiento económico que tuvo el Perú durante los últimos 20 años, esto no se reflejó en un estado de bienestar, la pobreza en vez de disminuir aumentó, pasó del 20,7% (2016) al 21,7% (2017) colocando a los peruanos en situación de pobreza, sobre todo en el área rural que fue la más afectada, según INEI, (2018) la pobreza en estas zonas alcanzó el 44,4%, casi tres veces más que las áreas urbanas peruanas (15,1%). En ese sentido, Subirat, J. (2005), afirma que es importante que, para lograr cambios, estos se consiguen desde la manera de entender el bienestar y el desarrollo. Sin embargo, esta condición de marginación y exclusión de la población rural, la que es principalmente nativa y quechua, experimenta condiciones de pobreza y pobreza extrema frente a una escasa infraestructura pública e insuficiente para resolver estas necesidades.
Así las Naciones-Unidas, (2017), en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental que se constituye en la guía de referencia para los próximos 15 años. Esta hoja de ruta incluye temas prioritarios, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen el punto de partida para analizar y formular los medios para alcanzar el desarrollo sostenible. Por tanto, requiere de una participación activa de todos los involucrados en el espacio territorial y no de una subordinación de la ciudadanía al aparato gubernamental Aguilar, (2007). En consecuencia, requiere que el Estado asuma un rol gerencial que articule con todos los sectores convirtiéndose en una red de relaciones horizontales que permita alcanzar el desarrollo. Subiriats, (2010).
Para garantizar la sostenibilidad del bienestar, es indispensable tener en cuenta la resiliencia, porque “representa a la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, para superarlas o incluso ser transformado por ellas, se constituye en parte del proceso evolutivo Béjar, (2017). Por otro lado, es relevante considerar el empoderamiento como “un proceso multidimensional y social que modifica las estructuras antes piramidales aproximándolas a la horizontalidad. Los individuos que forman parte de la estructura desarrollan su capital humano” Béjar, (2017) (Subiriats, 2010). La adecuada y activa participación cobra un valor fundamental al concertar la intervención y fortalecer la institucionalidad pública, en ese aspecto “La débil institucionalidad se debe a una participación precaria de las organizaciones sociales en las decisiones y a la ausencia de consensos entre organizaciones sociales, políticas y agencias gubernamentales. La participación cuando ella existe, y es débil, sigue impregnada de una fuerte dependencia del Estado” Béjar, (2017). Esta condición puede derivar en corrupción, asistencialismo y distorsiones que generen expectativas en la población, en contraposición de resolver problemas y atender necesidades