Elizabeth Zea / Un 25N para el olvido
Cada 25 de noviembre es una oportunidad para visibilizar la lucha contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas. Una problemática que exige del Estado un verdadero compromiso para erradicar esta violencia tan normalizada en una sociedad machista que aún se niega a reconocer el ejercicio pleno de sus derechos. Esta dura realidad la vivimos las mujeres en nuestros hogares, en nuestros centros de labores, en la escuela, la universidad, en la calle, y no se puede negar que muchas veces la justicia ha permanecido ausente y con los ojos cerrados.
A pesar de haber transcurrido 26 años desde la ratificación, por nuestro país, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 7 años de la publicación de la ley 30364, la gran tarea pendiente sigue siendo la prevención de la violencia. Las cifras son preocupantes: los Centros de Emergencia Mujer cerrarán el año con 130,445 casos atendidos de víctimas de violencia, 112,889 corresponden a mujeres, mientras que la violencia psicológica (56,641), la violencia física (50,326) y la sexual (22,881) encienden la alarma sobre el rol de las instituciones, porque más allá del registro de denuncias, no se sabe cuántos de estos casos verán una sanción efectiva para el agresor.
De otro lado, entre los casos más graves se encuentra la violencia sexual de la cual son víctimas nuestras niñas. De los 5,805 casos registrados en el primer semestre del 2022, el 95% le corresponden al sexo femenino, el 68% son de menores de edad; 7 de cada 10 denuncias son interpuestas por niñas y adolescentes. ¿Cuántas niñas no denunciarán por temor al violador que muchas veces es de su entorno más próximo? Asimismo, preocupa la cifra oculta de casos que no están siendo denunciados por desconfianza en los operadores de justicia y en las instituciones.
El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la fecha solo ha ejecutado el 74.6% de su presupuesto, ¿y en qué?, pues, entre sus tres productos específicos enfocados en prevenir la violencia contra las mujeres, destinan alrededor de 56%, de los cuales el 81% se fue en gastos administrativos, contratos CAS, así como un 57% en pasajes y viáticos. Llama especialmente mi atención el gasto del programa de “Reclutamiento y Entrenamiento a hombres activistas contra la violencia a la mujer” cuyo 72% de ejecución se va en pago a asistencia social (consulta amigable MEF).
Así ve la prevención un ministerio que hasta este momento no entiende que la lucha contra la violencia a las mujeres y a las niñas es articulada y merece un presupuesto con una ejecución eficiente y de calidad; un ministerio que no levantó su voz contra la misoginia del premier, contra los ministros con antecedentes por violencia física o con procesos de alimentos; que agachó la cabeza mientras presuntos ronderos torturaban a 7 mujeres. Sin legitimidad, ¿qué lucha es la que lidera, señora ministra?