Embajador Jorge Castañeda / Abordar los problemas estructurales

Segunda vuelta: Necesidad de abordar los problemas estructurales que afectan al Perú

Ad portas de la segunda vuelta, un hecho preocupa más que las diferencias ideológicas entre los candidatos: ambos coinciden en promesas asistencialistas sin propuestas de desarrollo macrorregional. Uno ofrece cambio radical con nueva constitución; la otra, continuidad neoliberal. Pero los dos apelan a bonos de S/500 para ollas comunes o ampliación de Pensión 65, sin concretar proyectos que integren el interior del país.

Es justo reconocer que esos bonos responden a urgencias sociales y a la presión callejera en un clima de alta incertidumbre. También es cierto que los plazos electorales desincentivan propuestas de largo aliento. Sin embargo, ese argumento expone la debilidad de fondo: gobernar solo para mantener el statu quo posterga indefinidamente las transformaciones necesarias. Incorporar este reclamo no debilita la gestión; al contrario, la vuelve más sólida al atender lo que los sectores menos favorecidos demandan.

La crítica no es a la protección social legítima, sino al asistencialismo sin salida. Por eso, cualquier transferencia debería vincularse a condicionalidades graduales: capacitación laboral, asistencia escolar, controles de salud. Y cada sol de ayuda directa podría emparejarse con otro sol de un fondo local para micro proyectos productivos (riego tecnificado, centros de transformación). Esto no es retórico: Chile, con su sistema Chile Seguridades y Oportunidades, redujo la pobreza extrema del 8,4% al 2,5% en una década combinando transferencias con rutas de egreso laboral. Copiar no es suficiente, pero ignorar la lección sí es imperdonable

Este artículo resalta un punto común y preocupante: la elusión del debate estructural. Asimetrías entre candidatos no invalidan la crítica compartida. La omisión posterga reformas clave: modernización del Estado, servicio civil meritocrático, reforma política, muerte civil para corruptos, proyectos macrorregionales.

Los candidatos no detallan costos fiscales ni fuentes de financiamiento. El déficit fiscal peruano cerró 2025 en 2,2% del PBI —uno de los más bajos de la región. Ese margen podría cofinanciar proyectos productivos si se aprueba una reforma tributaria que grave rentas altas y dividendos no reinvertidos, tal como hizo Uruguay en 2021. Sin esa reforma, la prudencia fiscal se vuelve una coartada para la inmovilidad.

Tampoco proponen megaproyectos con costos. A modo de referencia:

ü  Hidrovía Amazónica (US$ 1.200 M / 6 años): navegabilidad permanente.

ü  Trasvase Pampas-Ica (US$ 800 M / 4 años): solución a la escasez hídrica.

ü  Majes Siguas II (US$ 1.500 M / 8 años): 38.500 nuevas hectáreas de cultivo.

ü  Gasoducto Sur Peruano (US$ 3.000 M / 7 años): masificación del gas.

ü  Interconexión Eléctrica Loreto (US$ 680 M / 5 años): fin de los combustibles fósiles en la Amazonía.

En lo internacional, el Perú debe aprovechar APEC (exportaciones por US$ 41.493 millones a setiembre 2025, +18,2%) y gestionar con realismo la tensión China-EE. UU. La adhesión a la OCDE avanza (20 de 23 comités aprobados), pero persisten desafíos fiscales y de gobernanza.

La inestabilidad crónica (nueve presidentes entre 2016 y 2026) y la inseguridad ciudadana (2.213 homicidios en 2025) requieren abordajes estructurales. Eludir estos temas en campaña no es solo cortoplacismo: es un cálculo racional frente a corporaciones burocráticas, congresistas con fuero y redes clientelares. Pero hay una vía concreta: impulsar una ley de referéndum vinculante para reformas de gobernanza (artículo 32 de la Constitución) que permita al ciudadano votar directamente la muerte civil de corruptos o la reorganización del Estado. Así, el costo político se traslada del candidato a la ciudadanía.

Conclusión

¿Seguiremos validando promesas genéricas cada cinco años, o exigiremos planes con costos, plazos e indicadores? Para romper el ciclo de inmediatez, se necesita una agenda que integre desarrollo productivo, sostenibilidad fiscal y cohesión social. El primer paso práctico es presionar a los candidatos con preguntas precisas sobre financiamiento y medición de impacto. De lo contrario, eludir el debate estructural seguirá siendo una estrategia electoral rentable, y el futuro competitivo e inclusivo —tan repetido en los folletos— nunca pasará de ser una frase de campaña.