Víctor Vásquez / Agro con libertad y pobreza

¿Un agro con libertad y pobreza, o un agro sin libertad y destruido?

La encrucijada de la agricultura familiar en el Perú

“Cuando el presupuesto público entra en disputa, los discursos de justicia para el pueblo y de eficiencia del libre mercado se disuelven ante un mismo fin: el saqueo de los recursos del Estado”.

La Defensoría del Productor Agrario considera un deber moral e institucional pronunciarse ante el escenario político y electoral que atraviesa el país. Este documento no nace de intereses partidarios ni de cálculos electorales; nace de la indignación y de la urgencia frente al abandono histórico que padecen millones de familias rurales en el Perú.

Durante décadas, el productor agrario ha sido utilizado como símbolo de campaña, promesa electoral y herramienta de clientelismo político. Sin embargo, una vez concluidos los procesos electorales, el campo vuelve a quedar relegado entre la pobreza, la corrupción y la indiferencia estatal.

Hoy, más de 2.3 millones de productores agrarios sostienen la seguridad alimentaria nacional y abastecen cerca del 80 % de los alimentos que llegan a las mesas peruanas. A pesar de ello, continúan enfrentando carreteras precarias, ausencia de infraestructura hídrica, falta de asistencia técnica, mercados distorsionados y un sistema público incapaz de responder con eficiencia y transparencia.

Frente a esta realidad, se pretende arrastrar al agricultor hacia elección enturbiada por corrupción y actos propios de un fraude: optar entre un modelo de asistencialismo ideológico que terminan destruyendo la institucionalidad democrática o aquel que mantiene esquemas mercantilistas que preservan libertades formales, pero perpetúan la pobreza estructural del campo.

La Defensoría del Productor Agrario rechaza categóricamente esa falsa dicotomía.

Este pronunciamiento busca alertar a las familias rurales sobre los riesgos de convertir nuevamente al agro en botín político y, al mismo tiempo, reafirmar la necesidad de construir una verdadera agenda nacional para la agricultura familiar basada en libertad, productividad, justicia social y lucha frontal contra la corrupción. Decidiremos entre la Libertad y la Tiranía arropada de seudo bienestar.

I.          La instrumentalización política del agro peruano

La agricultura familiar ha sido históricamente la columna vertebral de la alimentación nacional y, paradójicamente, uno de los sectores más abandonados por el Estado. En cada proceso electoral, el campesinado es utilizado como discurso simbólico, mientras las verdaderas reformas estructurales siguen postergándose.

En la práctica, gran parte de las propuestas políticas dirigidas al agro terminan reducidas a programas temporales, bonos de emergencia, promesas inviables o discursos ideológicos desconectados de la realidad rural. El productor agrario deja de ser visto como un agente económico estratégico y pasa a convertirse en cliente político.

Mientras algunos sectores plantean un modelo estatista sustentado en subsidios permanentes y confrontación ideológica, otros defienden un esquema de libre mercado incapaz de corregir las profundas desigualdades que afectan a la agricultura familiar.

Ambos extremos terminan coincidiendo en un mismo resultado: el abandono del pequeño productor y la utilización del campo como plataforma electoral.

II.         El riesgo de un agro sin libertad

Los sectores políticos inspirados en modelos colectivistas o radicales presentan propuestas bajo discursos de reivindicación social; sin embargo, en numerosos casos, priorizan el dogma ideológico por encima del pragmatismo técnico y de la estabilidad institucional.

La experiencia latinoamericana demuestra que cuando se debilita la seguridad jurídica, se confronta permanentemente con la inversión privada y se politizan las instituciones públicas, el resultado termina siendo devastador para la producción agraria, Venezuela y Cuba son sus ejemplos.

La incertidumbre sobre los derechos de propiedad, la captura política de los ministerios y el reemplazo de cuadros técnicos por operadores ideológicos generan desconfianza, paralizan inversiones y deterioran la productividad del campo.

A ello se suma el impacto económico de políticas improvisadas que afectan directamente a los agricultores: incremento del precio de fertilizantes, alza del combustible, inflación, caída de la moneda y reducción de la inversión productiva.

En distintos países de la región, estos modelos han terminado generando crisis económicas, escasez, dependencia estatal y deterioro de la producción agrícola. El Perú no puede repetir experiencias que destruyan la libertad económica y condenen al agro a la miseria.

III.        El fracaso de un agro con libertad, pero atrapado en la pobreza

En el extremo opuesto, los modelos que defienden únicamente las libertades económicas han permitido mantener estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica; sin embargo, han sido incapaces de resolver las profundas brechas estructurales que afectan al pequeño productor.

La libertad formal de poseer tierras y comercializar productos pierde sentido cuando el agricultor carece de carreteras adecuadas, acceso al agua, asistencia técnica, financiamiento competitivo y mercados justos.

La convivencia del Estado con monopolios y distorsiones en los mercados de insumos y comercialización evidencia una grave ausencia de políticas de libre competencia real. Mientras los grandes grupos económicos acceden a beneficios tributarios, financiamiento y respaldo institucional, la agricultura familiar continúa sobreviviendo con presupuestos insuficientes y programas desarticulados.

A ello se suma el uso político de instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), convertido muchas veces en espacio de reparto partidario, consultorías innecesarias y redes de corrupción que diluyen recursos destinados a infraestructura rural.

Como consecuencia, millones de productores permanecen atrapados en una pobreza estructural que limita su capacidad de competir y desarrollarse.

IV.       La corrupción: el punto de encuentro entre los extremos

Más allá de las diferencias ideológicas, existe una realidad que golpea con dureza al país y al agro peruano: la corrupción no tiene color político.

Durante años, sectores de izquierda y derecha han coincidido en prácticas de clientelismo, reparto de cargos públicos, direccionamiento de contratos, utilización de consultorías innecesarias y captura de recursos estatales.

Esta corrupción transversal ha debilitado gravemente la institucionalidad democrática y ha convertido numerosos programas públicos en espacios de beneficio privado.

El principal perjudicado ha sido el productor agrario.

Los recursos que debieron destinarse a represas, reservorios, carreteras vecinales, tecnificación de riego, investigación agraria y fortalecimiento cooperativo terminaron muchas veces atrapados entre obras paralizadas, arbitrajes irregulares, consultorías fantasmas y redes de corrupción.

Mientras algunos utilizan bonos para construir dependencia política, otros toleran sistemas económicos excluyentes que abandonan al pequeño productor a su suerte. Al final, el agricultor continúa siendo utilizado como herramienta electoral mientras el agro permanece en la orfandad.

V.        El fraude político en nombre del campesinado

El productor agrario peruano jamás le ha fallado al país. Trabaja, produce, alimenta y sostiene la economía rural bajo condiciones extremadamente difíciles. Sin embargo, alrededor del campo se ha construido un enorme fraude político y moral.

En cada campaña electoral aparecen dirigentes improvisados, operadores políticos, ideólogos de escritorio y lobistas que se presentan como representantes del campesinado utilizando símbolos populares y discursos emocionales para ganar legitimidad.

Muchos de ellos jamás han defendido realmente los intereses de la agricultura familiar. Utilizan al productor como plataforma de acceso al poder y luego participan del mismo sistema de reparto y corrupción que históricamente ha perjudicado al agro nacional.

Guardar silencio frente a esta realidad sería convertirse en cómplices del engaño.

Por ello, la Defensoría del Productor Agrario reafirma su obligación de alertar a las familias rurales sobre los riesgos de entregar nuevamente su representación a sectores políticos que, disfrazados de símbolos propios del campo, buscan instrumentalizar el sufrimiento del campo.

El voto rural no debe ser manipulado mediante bonos, confrontación ideológica, discursos de odio ni promesas imposibles de cumplir.

El agricultor peruano merece respeto, representación auténtica y políticas públicas serias orientadas al desarrollo productivo.

VI.       Hacia una verdadera justicia social para el agro

La verdadera justicia social no consiste en repartir pobreza ni en construir dependencia política a través de subsidios temporales.

La verdadera justicia social implica generar condiciones reales para que el productor agrario en libertad alcance autonomía económica, productividad y dignidad.

Por ello, la Defensoría del Productor Agrario considera indispensable impulsar una agenda nacional basada en:

·       Infraestructura hídrica moderna.

·       Tecnificación del riego y manejo eficiente del agua.

·       Construcción y mantenimiento de carreteras rurales.

·       Acceso real al crédito agrario.

·       Asociatividad y cooperativismo técnico moderno.

·       Defensa de la libre competencia en los mercados agrarios.

·       Extensión agraria y asistencia técnica permanente.

·       Industrialización y valor agregado para la producción familiar.

·       Transparencia y lucha frontal contra la corrupción en el sector público.

·       Respeto irrestricto a la libertad, la democracia y la seguridad jurídica.

El Perú necesita un agro moderno, productivo y libre, donde el productor deje de ser utilizado como cliente político y se convierta en protagonista del desarrollo nacional.

Las familias rurales no deben elegir entre pobreza con libertad o miseria sin libertad. Deben elegir sin pasiones ni odios por quien respete libertad irrestricta y respeto a esta, aun, democracia imperfecta.  Deben exigir un Estado eficiente, meritocrático y honesto que garantice oportunidades reales para el desarrollo del campo.

La agricultura familiar sostiene la seguridad alimentaria del país y merece gobernantes a su altura, no discursos vacíos ni operadores oportunistas.

La Defensoría del Productor Agrario reafirma su compromiso de fiscalizar, defender y representar al hombre y la mujer del campo bajo nuestra máxima institucional:

“Tus derechos son nuestros derechos”.