Embajador Jorge Castañeda / El voto de los andes

El voto de los andes: proyectos de inversión con plazos o riesgo del fin del sistema

Mientras los candidatos a la segunda vuelta presidencial desarrollan sus discursos en foros capitalinos, diversos indicadores de conflictividad social y encuestas de opinión regional muestran un aumento sostenido del descontento ciudadano en las macrorregiones sur y norte del Perú durante el primer trimestre de 2026, asociado principalmente a la desconfianza institucional y al incumplimiento de compromisos de campañas anteriores.

La situación refleja una crisis de ejecución de la inversión pública. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre de 2025 más del 35% de los proyectos de infraestructura declarados prioritarios en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Cajamarca y Amazonas se encontraban paralizados o con avance inferior al 20% de lo programado. Adicionalmente, el Consejo Superior de Contrataciones Públicas ha registrado un incremento del 42% en arbitrajes entre el Estado y empresas constructoras entre 2020 y 2025, con un monto acumulado en disputa que supera los 1.200 millones de soles, concentrados mayoritariamente en obras de transporte y saneamiento en la sierra norte y sur.

Los plazos de ejecución de proyectos declarados prioritarios han excedido en múltiples oportunidades los cronogramas iniciales. En ese contexto, organizaciones sociales y gremios empresariales regionales han formalizado la exigencia de priorizar expedientes técnicos licitados por encima de nuevos diagnósticos o estudios de preinversión sin financiamiento asignado.

Por eso, las próximas semanas no pueden ser un debate más sobre cifras macroeconómicas o promesas que no se cumplirán. Los votantes del sur y norte peruano exigen que los dos candidatos firmen un compromiso formal, verificable y con plazos para revertir décadas de inacción estructural mediante la ejecución de un número determinado de proyectos de infraestructura de impacto macrorregional en el corto, mediano y largo plazo.

La inversión para dicha infraestructura no debe visualizarse únicamente como proveniente del tesoro público. Es imperativo incluir la inversión privada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con participación de inversión extranjera responsable. En este esquema, los ministerios en coordinación con PROINVERSION son los responsables del planeamiento de cada proyecto, asegurando que la voluntad política de ejecutar las obras quede blindada en contratos con obligaciones jurídicas exigibles, penalizaciones claras y continuidad más allá de los ciclos de gobierno.

No obstante, es necesario reconocer los riesgos asociados al modelo APP. Experiencias previas en Perú, como los casos del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) y la carretera Interoceánica Sur, han evidenciado problemas de renegociación unilateral de contratos, sobrecostos no previstos y cláusulas de arbitraje internacional que limitaron la capacidad del Estado para fiscalizar tarifas y plazos. Para mitigar estos riesgos, cualquier APP que se implemente en el marco del compromiso electoral deberá incluir explícitamente cláusulas de transferencia tecnológica obligatoria, comités de vigilancia ciudadana con veto sobre aumentos de tarifas, y la sujeción a arbitraje nacional bajo normas de la Contraloría General de la República, excluyendo mecanismos internacionales que puedan eludir el control estatal.

Este modelo de inversión ya se ha ejecutado con éxito en Sudamérica respetando estas salvaguardas. En Chile, la Ruta 5 Sur, concesión vial APP con financiamiento español y canadiense, redujo a la mitad los tiempos de viaje en La Araucanía, una región con geografía y conflictos territoriales similares a los Andes peruanos. En Colombia, la APP del Embalse del Río Blanco, con ingeniería francesa, transformó la agricultura de secano en pastos de altura y hoy genera excedentes lácteos para exportación. Ambos proyectos incluyeron cláusulas de transferencia tecnológica obligatoria y comités de vigilancia ciudadana con veto sobre aumentos de tarifas.

Si Perú continúa postergando la ejecución de proyectos de infraestructura macrorregional bajo esta modalidad, no será por falta de ejemplos o capital extranjero dispuesto a invertir. De hecho, grandes fondos de pensiones y fondos soberanos de Canadá, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos están consolidando su presencia en la región andina, ofreciendo financiamiento directo, líneas de crédito y capital para infraestructura, energía y minería.

La pregunta que los candidatos deberán responder antes del próximo debate es si asumen el compromiso de ejecutar durante su gobierno un número determinado de proyectos de infraestructura física de impacto macrorregional en el sur y norte del país bajo la modalidad APP. Entre ellos, ferrovías andinas, embalses multipropósito, corredores eléctricos y autopistas longitudinales, como los siguientes ejemplos.

La Ferrovía Andina Sur conectará el puerto de San Martín (Ica) con Desaguadero (Puno), integrando el corredor minero y agrícola del sur andino. El Embalse Multipropósito Huancavelica–Pampas permitirá regular el agua para riego, hidroenergía y control de inundaciones.

La Autopista Longitudinal de la Sierra Norte unirá Chiclayo, Cajamarca, Celendín y Amazonas, rompiendo el aislamiento de Cajamarca y reduciendo a dos horas el viaje a la costa. El Tren Transandino Norte irá desde el puerto de Salaverry hasta Tarapoto, convirtiendo a Cajamarca en un nodo logístico interoceánico.

Finalmente, el Corredor Eléctrico y de Fibra Óptica Sur abaratará la electricidad rural (actualmente diésel a más de 0,40 USD/kWh) y permitirá telemedicina y educación virtual en zonas aisladas.

Estos proyectos no son necesidades puntuales, sino ejes de integración regional que resuelven cuellos de botella históricos: falta de conectividad vertical, agua regulada y energía barata. Cada uno requiere estudios de preinversión de nivel III y acuerdos entre gobiernos regionales, bajo el planeamiento rector de los ministerios competentes y PROINVERSION.

Para asegurar que el compromiso electoral no quede en retórica, se propone la conformación de una Veeduría Ciudadana Nacional de Infraestructura, integrada por representantes de las juntas vecinales, frentes de defensa regionales, colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, y la Defensoría del Pueblo. Esta veeduría tendrá facultades para emitir informes semestrales de cumplimiento vinculantes, convocar a audiencias públicas, solicitar la ejecución de penalizaciones contractuales y activar mecanismos de revocatoria de concesiones en caso de incumplimiento injustificado. Los candidatos deberán firmar, como parte de su compromiso, un acta de adhesión a la veeduría, permitiendo el acceso irrestricto a los expedientes técnicos, cronogramas y reportes financieros de cada proyecto APP.

La evidencia comparada de procesos electorales previos en países andinos sugiere que la probabilidad de implementación efectiva se incrementa cuando los candidatos asumen compromisos formalizados con especificaciones técnicas, montos y mecanismos de verificación ciudadana.

De no materializarse dichos compromisos, estudios de comportamiento electoral en contextos de alta fragmentación política indican que el descontento regional podría expresarse en una reducción significativa del voto por opciones tradicionales y un incremento de la votación en blanco, viciada o por candidatos antisistema, exacerbando la inestabilidad social y los riesgos de ingobernabilidad.