Embajador Jorge Castañeda / En torno a la gobernanza productiva

El ex ministro de la Producción, Ingeniero Alfonso Velásquez, plantea en "Gobernanza productiva: El Pacto Pendiente entre Agro y Minería" una visión crucial para el Perú: articular la minería y la agroexportación, sectores que coexisten en paralelo mientras persisten la pobreza, la desigualdad y la conflictividad.

Su propuesta es un pacto de gobernanza entre los diversos actores involucrados en ambas actividades económicas con cuatro acciones concretas: 1) que la minería financie infraestructura y capacitación en su entorno; 2) que la agroindustria aporte mercados y estándares; 3) que el Estado garantice formalización y seguridad jurídica; y 4) que los productores rurales sean socios activos. Esta idea es poderosa y pragmática, pues aborda la paradoja del crecimiento sin transformación social proponiendo un plan de acción ejecutable.

La propuesta es poderosa, visionaria y pragmática ya que identifica con precisión una de las paradojas más grandes del Perú moderno: el crecimiento económico sin una transformación social proporcional. Su principal virtud es plantear una solución concreta que aprovecha instituciones existentes (Ley de Promoción Agraria) y canaliza recursos de sectores prósperos hacia un objetivo nacional de desarrollo inclusivo. No es una idea abstracta, sino un plan de acción potencialmente ejecutable.

Para implementarla, se requiere una convocatoria amplia que integre a gremios empresariales (SNMPE, ADEX, CONVEAGRO), ministerios sectoriales. También es crucial sumar a los presidentes de las Comisiones Agraria y de Minería del Congreso, junto con representantes legítimos de las comunidades y los pequeños productores.  El primer paso debe ser construir una visión compartida de los beneficios para generar confianza.

La misión de esta instancia será construir, desde el inicio, una visión compartida sobre los beneficios que la propuesta generará desde el inicio, tanto para el desarrollo del país como para cada uno de los participantes. Establecer este entendimiento común es el cimiento indispensable para generar confianza y garantizar que todos los esfuerzos se alineen desde el principio con el objetivo central del proyecto.

Luego, un estudio debe cuantificar la ganancia económica para la minería —menores costos por conflictos y mayor estabilidad operativa—,

Logrado lo anterior, correspondería efectuar un estudio que cuantifique el beneficio económico que representa para la minería la reducción o eliminación de conflictos sociales con las comunidades cercanas posicionando su participación como una inversión estratégica. La discusión de la nueva Ley de Minería en el Congreso es una oportunidad ideal estos temas para darle solución.

La gobernanza productiva exige: a) crear proyectos específicos con capital minero, conocimiento agroexportador, apoyo estatal y aportes de tierra y mano de obra de los productores; b) identificar infraestructura crítica de beneficio mutuo (riego, caminos); y c) organizar programas de asistencia técnica y formalización. Se debe iniciar con proyectos piloto de rápido impacto en valles con potencial, incorporando a los gobiernos regionales y locales que deben ser actores centrales en la planificación territorial.

La propuesta del Ingeniero Velásquez es una estrategia necesaria y viable, pero su éxito depende de superar desafíos históricos: crear mecanismos de gobernanza robustos para manejar asimetrías de poder, contar con un Estado ágil que "ponga la cancha" y gestionar de forma transparente el conflicto latente por el agua. Reconocer estas dificultades define el terreno exacto donde deberá ganarse su viabilidad.