Embajador Jorge Castañeda / Financiamiento para las PYME

Financiamiento para las PYME: acciones para su mejoramiento

En el artículo anterior titulado “Las municipalidades distritales y el apoyo a la PYME”, publicado en Efectividat el 7 de junio de 2026, se propuso que las municipalidades actúen como un puente entre las pequeñas empresas y los programas de capacitación estatales, así como con el sistema financiero, incluyendo, cajas municipales, COFIDE y el Banco de la Nación. El presente artículo no busca imponer una solución única, sino evaluar de manera realista y abierta a debate cuál es la mejor forma en que el Estado puede apoyar financieramente a pequeños emprendedores formales o en proceso de formalización y emprendedores individuales, mediante préstamos de bajo interés para capital de trabajo, compra de maquinaria o equipos, con el objetivo de fomentar el empleo y reducir la informalidad.

Para combatir la informalidad, los Estados suelen emplear dos modelos principales. El primero es la creación de una banca de fomento especializada, como un banco de emprendedores, que requiere una alta capitalización y genera costos operativos elevados en infraestructura y personal, lo que reduce el monto neto disponible para préstamos.

El segundo modelo consiste en delegar en intermediarios consolidados, como cooperativas de crédito y microfinancieras, a través de líneas de crédito refinanciables y fondos de garantía. En el caso peruano, esta segunda opción resulta más realista y práctica, pues aprovecha la red existente de cajas municipales, cooperativas, COFIDE y el programa PROPYME del Banco de la Nación para canalizar fondos estatales y multilaterales, permitiendo así tasas de interés más bajas que las del sistema bancario.

Sin embargo, esta delegación también conlleva riesgos que deben ser considerados en el debate: un menor control estatal sobre el destino final de los fondos, la posible concentración regional si solo unas pocas cooperativas son eficientes, las diferencias en capacidad de gestión y gobernanza entre intermediarios, y el riesgo de conflictos de interés cuando las microfinancieras priorizan su rentabilidad. Estos riesgos no invalidan el modelo, pero exigen mitigaciones mediante una supervisión fortalecida y requisitos de transparencia.

Los beneficios de este enfoque son claros para todos los actores. Para las PYMES, se traduce en tasas competitivas, mayores montos de préstamo, periodos de gracia, plazos adaptados al flujo de caja y trámites locales ágiles.

Para las cooperativas y microfinancieras, implica un mayor volumen de colocaciones sin afectar su propio capital, reducción de la dependencia de los bancos comerciales, cobertura parcial del riesgo por parte del Estado, mejora de los estándares de gobernanza y supervisión por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, y una mayor inclusión en zonas rurales.

Para el Estado, las ventajas son el ahorro de los altos costos que implicaría crear una nueva banca pública, el fomento de la formalización y el empleo, y la trazabilidad de los fondos desde COFIDE hasta la MYPE, lo que ayuda a prevenir la corrupción.

A pesar de estos mecanismos, los recursos estatales y multilaterales son limitados, y las condiciones que impone cada cooperativa restringen el alcance del financiamiento. Por ello, se requiere un enfoque integral que incluya también a las PYMES en proceso de formalización y a los emprendedores individuales, reconociendo tres segmentos: el nivel individual (micro informal), el nivel en formalización y el nivel plenamente formal.

Una propuesta concreta para alimentar el debate es la implementación de una “escalera crediticia” con acciones priorizadas en el tiempo. En el corto plazo, durante los primeros seis meses, se podría expandir los fondos de COFIDE y PROPYME para poner en marcha un piloto de créditos grupales en cinco distritos, inspirándose en el sistema indio de grupos de autoayuda.

A los ocho meses, se podría implementar la conformidad automática de facturas en un máximo de ocho días, junto con multas efectivas para las entidades públicas o privadas que retrasen los pagos más allá del límite legal de treinta días, masificando así el factoring.

En un plazo de doce a dieciocho meses, se podría crear una ventanilla única digital con un formulario estandarizado y un fondo de garantías escalonado.

Finalmente, en un horizonte de veinticuatro meses, se podría fortalecer los fondos de innovación tecnológica de ProInnóvate con metas concretas de cobertura para PYMES sostenibles. Esta priorización es solo una propuesta para el debate, no una receta cerrada.

Para que el ejemplo indio de los grupos de autoayuda no quede como una mera referencia externa, es necesario adaptarlo al contexto peruano. En India, estos grupos funcionan con ahorro periódico interno, garantía solidaria y el sistema de identificación biométrica Aadhaar. En el Perú, se podría usar el DNI electrónico y la plataforma de RENIEC, que ya incluye huella digital en algunos servicios. Además, se requeriría una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros o una ley que reconozca a estos grupos como sujetos de crédito solidario sin necesidad de personería jurídica.

El piloto debería empezar en zonas rurales de Cajamarca, Puno o Amazonas, donde la banca tradicional tiene poca presencia, y contar con el acompañamiento de las cajas municipales y de COFIDE para capacitar en contabilidad básica. Sin estas adaptaciones, el modelo indio no es directamente replicable, y el debate debe centrarse justamente en cómo peruanizar la experiencia.

Otro elemento indispensable para un debate serio son los costos estimados y las posibles fuentes de financiamiento. Por ejemplo, duplicar la cobertura del programa Impulso MyPerú podría costar alrededor de doscientos millones de soles anuales, provenientes de recursos ordinarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de líneas de crédito del Banco Central de Reserva.

La implementación tecnológica y la fiscalización del factoring masivo requeriría una inversión inicial de unos quince millones de soles, que podría salir de programas de modernización del Estado.

Desarrollar la ventanilla única digital y constituir un fondo de garantías escalonado implicaría unos treinta millones para el desarrollo más cien millones adicionales para el fondo inicial, recursos que podrían ser aportados por COFIDE y por cooperación multilateral como el CAF o el BID.

Finalmente, el piloto de grupos de autoayuda en cinco distritos durante dos años necesitaría aproximadamente ocho millones de soles, financiables mediante presupuestos participativos municipales y alianzas con organizaciones no gubernamentales. Estas cifras son ilustrativas y buscan enriquecer la discusión, pero se requiere un estudio técnico detallado para precisarlas.

Para que el debate no se quede en el plano teórico, se proponen algunos indicadores de monitoreo que deberían medirse cada seis meses y hacerse públicos. Entre ellos, la tasa de mortalidad empresarial de las PYMES antes y después de las medidas, el número de nuevos créditos desembolsados a emprendedores informales o en proceso de formalización, el tiempo promedio de pago a proveedores PYMES en las compras estatales, el porcentaje de grupos de autoayuda que logran migrar al nivel formal de la escalera crediticia, y el costo operativo por cada préstamo desembolsado, lo que permitiría comparar la eficiencia del modelo delegado frente a un hipotético banco público.

A modo de insumos para la discusión, el Estado peruano podría considerar tres medidas concretas, siempre con la salvedad de que no son las únicas ni necesariamente las mejores, sino opciones que deben sopesarse en función de sus costos, riesgos y plazos.

La primera es ampliar el programa Impulso MyPerú, que facilita créditos con tasas históricamente bajas y plazos extendidos respaldados por garantías estatales.

La segunda es masificar el factoring mediante la conformidad automática de facturas en un máximo de ocho días y sanciones para los pagos tardíos.

La tercera es fortalecer los fondos de desarrollo tecnológico e innovación, como los de ProInnóvate, para cerrar brechas tecnológicas, promover la transición hacia la sostenibilidad y democratizar el acceso a recursos de financiación.

Mejorar el financiamiento para las PYMES, incluyendo a emprendedores individuales y empresas en proceso de formalización, genera impactos socioeconómicos directos: permite reducir la informalidad, democratiza el acceso al capital de trabajo y estimula la creación de empleo, fortaleciendo el tejido productivo del país.

En lo económico, se eliminan barreras para que nuevos emprendedores accedan a créditos con tasas competitivas, se facilita el uso de fondos no reembolsables para modernizar las empresas y se amplía la base de contribuyentes al integrar a más personas al sistema financiero formal.

En lo social, se protege el patrimonio personal de los emprendedores que se formalizan desde el inicio y se fomentan empleos formales y seguros, reduciendo el subempleo.

En lo comercial, las empresas formalizadas pueden vender sus productos o servicios al Estado mediante licitaciones, y ganan credibilidad para formar alianzas estratégicas, exportar y expandirse a nuevos mercados.

El acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas no es una medida aislada, sino una decisión de política económica que impacta directamente en el fortalecimiento del Producto Bruto Interno y en la generación de empleo. Al incluir a emprendedores formales y en proceso de formalización, se dinamiza el tejido empresarial, se reduce la informalidad y se fortalece la economía en su conjunto.

Las MYPE representan cerca del cuarenta y cinco por ciento de la Población Económicamente Activa y una parte importante del PBI nacional. La falta de acceso formal empuja a muchos emprendedores a recurrir a créditos informales, como el llamado “gota a gota”, con tasas de interés que pueden superar el quinientos por ciento anual, poniendo en riesgo sus negocios. Por ello, iniciativas como Impulso MyPerú y otras facilidades crediticias del Banco Central de Reserva son útiles, pero requieren articulación, plazos, presupuestos y monitoreo.

Este artículo no ofrece una solución única, sino un mapa de opciones, costos, riesgos e indicadores para que los actores involucrados (Estado, cooperativas, microfinancieras, gremios y academia) construyan colectivamente la mejor ruta.

Por eso, la invitación final es clara: que los tomadores de decisión del Ministerio de Economía, de COFIDE, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de las municipalidades, de las cooperativas y de las propias asociaciones de PYMES se sienten a evaluar estas propuestas con datos, con plazos y con voluntad política. El debate ya está servido. Ahora falta dar el siguiente paso: convertirlo en política pública. Los emprendedores formales y aquellos que luchan por formalizarse merecen que el Estado pase de los diagnósticos a los hechos. Este artículo es solo una herramienta; la decisión y el compromiso están en manos de quienes pueden hacerla realidad.