Julio Schiappa Pietra / Apagón del voto migrante

El domingo 7 de junio de 2026, el destino del Perú no se definió únicamente en las calles de Lima, los valles del Cusco o las arenosas llanuras de Piura. Se jugó, de manera dramática y silenciosa, en las oficinas congeladas por el aire acondicionado de Miami, en las plazas de Madrid y en los abarrotados centros comunitarios de Buenos Aires. Más de 1.2 millones de compatriotas en el exterior —una masa electoral capaz de inclinar la balanza en una elección que se araña voto a voto— salieron a las urnas. Lo que encontraron, sin embargo, no fue la fiesta democrática esperada, sino una odisea con olor a fraude y un sospechoso retorno al pasado que muchos ya califican como el "apagón del voto migrante".

Mientras la televisión tradicional en Lima mantenía un cerrado cerco informativo, las redes sociales ardían. En TikTok, X y Facebook, las transmisiones en vivo se convirtieron en las verdaderas ventanas a la verdad de la jornada. "¡Queremos votar! ¡Tenemos cinco horas esperando!", gritaba una mujer en Nueva Jersey, con los ojos inyectados de indignación. En los centros de votación de Estados Unidos, el panorama se repetía con alarmante precisión: mesas que abrieron pasado el mediodía bajo la eterna excusa consular de la "ausencia de miembros de mesa".

El color de la jornada lo pusieron los propios migrantes con gritos de protesta. Ante el retraso, cientos de ciudadanos en las filas de votantes se arremangaron las camisas y se ofrecieron como voluntarios para asumir la conducción de las mesas en el acto. La respuesta de los funcionarios consulares fue un rotundo y sistemático no. El resultado fue un calculado "voto de desgaste" y un crimen electoral cuyos autores no querían testigos.

Filas kilométricas bajo temperaturas extremas obligaron a miles de electores a abandonar los lugares con la frustración atragantada, reduciendo artificialmente el caudal en bastiones clave donde la oposición suele pisar fuerte.

Al otro lado del Atlántico, la indignación cambió de estrategia, pero no de intensidad. En Madrid, Barcelona y Milán, una vez cerradas las urnas, la batalla se trasladó al escrutinio físico. Personeros de partidos políticos iniciaron una agresiva "guerra jurídica", impugnando actas por las razones más inverosímiles: un borrón milimétrico, una firma supuestamente dudosa o un trazo fuera de margen. Una estrategia de manual para congelar miles de votos, impedir su cómputo inicial y forzar su envío a los Jurados Electorales Especiales en Lima, frenando en seco cualquier intento de remontada en el extranjero.

Mientras el caos reinaba en el exterior, los cónsules optaron por la fuga. Frente a los reclamos legítimos de ciudadanos que exigían transparencia, los cónsules optaron por encerrarse en sus despachos, mostrando una preocupante indolencia. Sin embargo, la verdadera sorpresa no estaba en la actitud de los funcionarios, sino en las nuevas reglas de juego que la propia Cancillería diseñó a contrarreloj exclusivamente para esta segunda vuelta.

Nadie se explica cómo, tras una primera vuelta donde la tecnología funcionó sin sobresaltos, las normas sufrieron una mutación radical. Para este balotaje se eliminó la obligación de que los cónsules firmaran y certificaran las actas de votación. Peor aún, se prohibió terminantemente que los documentos físicos fueran escaneados e ingresados al sistema informático de la ONPE desde los propios consulados, un mecanismo digital encriptado que ya había demostrado su seguridad.

En su lugar, la Cancillería impuso un retorno a la época de las carretas: ordenó que los 119 cónsules peruanos en el mundo abordaran vuelos comerciales internacionales cargando las actas en papel dentro de valijas diplomáticas ordinarias para traerlas físicamente a Lima.

Este retroceso logístico abre tres grietas monumentales en la legitimidad del proceso. En primer lugar, deja al voto en una total desprotección constitucional. Al no haber personal de la ONPE o del JNE desplegado en el extranjero, y al haberse retirado la firma del cónsul, ninguna autoridad del Estado certifica la validez de lo ocurrido en las mesas.

En segundo lugar, la prohibición del escaneo digital inmediato generó un peligroso apagón informativo. En vez de conocer los resultados en tiempo real, la ciudadanía se enfrentó a una ventana de días de absoluta incertidumbre, un espacio ideal para el riesgo de pérdida, suplantación o alteración de los documentos impresos durante el trayecto.

Finalmente, la cadena de custodia de la voluntad popular terminó rompiéndose de forma absurda. Ver a diplomáticos de alto rango pasearse por aeropuertos internacionales custodiando toneladas de papel en equipajes de mano, sin escolta policial o militar internacional, resulta una medida tan primitiva como innecesaria.

La gran pregunta que queda flotando en el ambiente, y que la diáspora peruana exige responder, es directa: ¿Por qué desmantelar un sistema digital eficiente para regresar al vulnerable transporte de papeles? En una elección, que se define por un puñado de aliados diplomáticos y cuadros políticos de una dictadura que retorna, es evidente que el objetivo es optar por un caballazo electoral sin respetar la voluntad popular. Mal inicio del Fujimorismo II si, Dios no quiera, ganara las elecciones.