Embajador Jorge Castañeda / La política exterior y el debate electoral

El Perú enfrenta un momento crucial. Mientras transita por un proceso electoral marcado por la fragmentación política, la inseguridad ciudadana y la desconfianza institucional, el mundo experimenta transformaciones de gran magnitud que no pueden ser ignoradas.

La innovación tecnológica, la inteligencia artificial, los desafíos ambientales y los cambios demográficos están reconfigurando las sociedades a nivel global. A esto se suma una creciente tensión entre las principales potencias, que afecta el comercio mundial y debilita el sistema de reglas internacionales construido en las últimas décadas. En particular, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China presenta para el Perú un desafío mayúsculo: debemos aprender a navegar esta competencia aprovechando las oportunidades de inversión y comercio que ambos gigantes ofrecen (como el puerto de Chancay), pero sin comprometer nuestros estándares ambientales, laborales y de transparencia, ni nuestra pertenencia a comunidades de valores como la OCDE.

En nuestra región, los esfuerzos de integración y concertación política se encuentran prácticamente paralizados. La fragmentación y las diferencias ideológicas han dificultado la construcción de acuerdos duraderos entre países latinoamericanos, justo cuando más se necesita cooperación para enfrentar problemas compartidos.

Frente a esta realidad, resulta llamativo que los planes de gobierno de la mayoría de las agrupaciones políticas que compiten en la contienda electoral presten escasa atención —cuando no ninguna— a estos desafíos internacionales. Un rápido ejercicio de revisión de una muestra representativa de planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones permite constatar que, en el mejor de los casos, las referencias a política exterior son declaraciones de buenas intenciones sin propuestas concretas, y en muchos casos brillan por su ausencia.

Por ejemplo, mientras algunos partidos de izquierda abordan la agenda climática, pero ignoran por completo la necesidad de diversificar mercados comerciales, diversos partidos de derecha priorizan la suscripción de acuerdos de libre comercio sin vincularlos a desafíos como la seguridad alimentaria o la transición energética. Esta fragmentación en el enfoque revela una subestimación de cómo lo internacional condiciona nuestras posibilidades de desarrollo.

Esta omisión no es un detalle menor. Lo que ocurre fuera de nuestras fronteras tiene consecuencias directas y concretas sobre aspectos centrales de la vida nacional: la estabilidad de nuestra economía, la seguridad de los ciudadanos, el precio de los alimentos, la sostenibilidad de los recursos naturales y, en última instancia, el ejercicio pleno de nuestra soberanía.

Para fortalecer la proyección del Perú en el nuevo escenario global se requieren políticas de Estado de largo aliento, no iniciativas aisladas que dependan de la coyuntura o de la voluntad del gobernante de turno. Se trata de defender los intereses permanentes de la Nación sobre la base de principios y valores tradicionales, pero con una mirada renovada a un mundo que cambia aceleradamente.

Desde una perspectiva técnica, la clave para una inserción internacional efectiva reside en lo que podemos denominar un equilibrio pragmático. Esto implica:

Diversificar socios comerciales y estratégicos para reducir la dependencia de mercados o aliados específicos. Cuanto más variadas sean nuestras relaciones internacionales, menor será nuestra vulnerabilidad ante crisis externas. El objetivo debería ser, por ejemplo, aumentar en un 30% el número de acuerdos comerciales vigentes en los próximos cinco años y reducir en al menos 15 puntos porcentuales la concentración de nuestras exportaciones en tres mercados principales, metas verificables que permitirían evaluar el avance en esta materia.

Fortalecer el Servicio Diplomático de la República, dotándolo de los recursos y capacidades necesarios para negociar eficazmente en un entorno cada vez más competitivo y complejo. Una diplomacia profesional y bien preparada es un activo fundamental del Estado. En la actualidad, nuestro servicio diplomático enfrenta limitaciones presupuestales que restringen su capacidad de presencia en foros multilaterales clave, una reducción del número de funcionarios destinados a negociaciones comerciales estratégicas y dificultades para retener talento especializado frente a ofertas del sector privado o internacional.

Abordar estas debilidades estructurales requiere medidas concretas: incrementar progresivamente el presupuesto de la cancillería hasta alcanzar al menos el promedio de la región, entendiendo que esto debe hacerse de manera gradual y atado a metas de eficiencia en un contexto fiscal restrictivo, y explorando simultáneamente fuentes de cooperación internacional que puedan financiar proyectos específicos sin depender exclusivamente del tesoro público.

Asimismo, resultaría necesario crear dentro del Servicio Diplomático una unidad especializada en negociaciones de nueva generación con personal dedicado exclusivamente a cadenas de valor y transformación digital, y establecer una política de incentivos que permita retener a los diplomáticos con mayor especialización técnica. Sin estas decisiones, cualquier declaración sobre el fortalecimiento de nuestra política exterior quedará en el plano de las intenciones.

Prioridades en la agenda externa

Con recursos siempre limitados, resulta indispensable establecer un orden de prioridades que oriente la acción diplomática, en cuatro ejes ordenados según su urgencia e impacto potencial para el desarrollo nacional:

1. Seguridad alimentaria y energética (prioridad máxima). Cuando las disrupciones en las cadenas de suministro global —como las vividas durante la pandemia o el conflicto en Ucrania— afectan la importación de fertilizantes, granos o combustibles, el precio de la canasta básica se dispara, la agricultura nacional se resiente y la actividad económica se paraliza. Una política exterior activa debe asegurar accesos preferenciales, diversificar fuentes de abastecimiento y promover acuerdos que blinden al país de estas volatilidades.

En el frente energético, la transición global hacia fuentes limpias abre oportunidades que el Perú no puede desaprovechar: nuestra capacidad para generar energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica) puede atraer inversiones en industrias de alto valor agregado, pero ello requiere una diplomacia proactiva que negocie condiciones favorables y garantice estabilidad jurídica a largo plazo.

2. Lucha contra el crimen transnacional. Las organizaciones criminales que operan en el Perú no reconocen fronteras. El tráfico de drogas, la minería ilegal, la trata de personas y el lavado de activos requieren respuestas coordinadas con países vecinos y agencias internacionales. Sin embargo, los mecanismos de cooperación regional en seguridad se encuentran debilitados y requieren un impulso diplomático sostenido.

La prioridad aquí debe ser restablecer canales de coordinación operativa con Ecuador, Colombia y Brasil, nuestros vecinos amazónicos y andinos con quienes compartimos las rutas del crimen organizado. Esta coordinación exige no solo voluntad política, sino también un trabajo técnico para armonizar legislaciones y superar las asimetrías legales que actualmente dificultan la persecución de delitos en frontera, así como incluir cláusulas anticorrupción en los acuerdos bilaterales.

3. Protección de la biodiversidad y aprovechamiento de recursos estratégicos. La Amazonía peruana, nuestros recursos marinos y la variedad de ecosistemas son activos estratégicos cuya preservación depende también de acuerdos internacionales. El reto es compatibilizar su conservación con el desarrollo económico, accediendo a mecanismos de financiamiento climático y mercados de bonos de carbono en condiciones favorables para el país.

4. Gestión migratoria. Un fenómeno que no puede estar ausente de la agenda externa es el migratorio. La presencia de más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos en el Perú ha transformado realidades locales, generando oportunidades, pero también presiones sobre servicios públicos. Al mismo tiempo, cerca de tres millones de peruanos residen en el exterior, cuyas remesas representan un aporte significativo a la economía nacional.

 Una política exterior moderna debe atender las necesidades de esta población —acceso a servicios consulares, regularización, reinserción— y negociar acuerdos de movilidad que beneficien a ambos lados de esta realidad migratoria.

Las relaciones con nuestros vecinos inmediatos merecen atención prioritaria dentro de cada uno de estos ejes. Con Chile, la agenda post-Fallo de La Haya requiere avanzar en integración económica sin descuidar la vigilancia de nuestros intereses marítimos. Con Ecuador, el modelo de integración fronteriza y cooperación en cuencas hidrográficas puede servir de ejemplo para otras zonas del país. Con Colombia, la coordinación en lucha antisubversiva y antinarcóticos es ineludible. Con Brasil, la integración amazónica —carretera, fluvial, energética— ofrece oportunidades de desarrollo para regiones históricamente postergadas. Con Bolivia, la relación diplomática y comercial requiere estabilidad y predictibilidad, más allá de las diferencias políticas coyunturales.

En todos estos casos, conviene privilegiar la reactivación de mecanismos técnicos (como comités de frontera o grupos de trabajo en salud y medio ambiente), que suelen ser menos sensibles a los cambios de gobierno y permiten avanzar incluso en contextos de tensión ideológica.

Es necesario que las fuerzas políticas que participan en el proceso electoral incorporen en sus agendas la debida atención que merecen los desafíos que impone la nueva realidad internacional. Del mismo modo, el Congreso de la República debe asumir un rol activo en el seguimiento y aprobación de los instrumentos de política exterior, garantizando que las iniciativas del Ejecutivo cuenten con el respaldo legislativo necesario para convertirse en verdaderas políticas de Estado, más allá de los ciclos electorales.

No se trata de un asunto secundario ni de una preocupación exclusiva de especialistas. Es una dimensión central de la gobernabilidad y el desarrollo del país que requiere visión de Estado, continuidad en las políticas públicas y un cuerpo diplomático profesional debidamente fortalecido.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los partidos y candidatos. Los ciudadanos tenemos un rol que cumplir: exigir propuestas concretas en política exterior durante los debates, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Podemos preguntar a los candidatos cómo piensan defender los intereses del Perú en un mundo convulsionado, qué harán para proteger a los peruanos en el exterior, cómo atraerán inversiones que generen empleo de calidad o qué posición adoptarán frente a los desafíos ambientales globales.

Preguntas concretas como "¿qué hará su gobierno para reducir el precio de los fertilizantes mediante acuerdos internacionales?", "¿cómo piensa coordinar con los países vecinos la lucha contra la minería ilegal?" o "¿qué propone para que los peruanos en el exterior tengan acceso a servicios consulares de calidad?" pueden marcar la diferencia entre propuestas genéricas y compromisos verificables. La exigencia ciudadana es el mejor mecanismo para que estos temas dejen de ser vistos como accesorios y ocupen el lugar central que merecen en la agenda nacional.

El Perú necesita construir y mantener una presencia internacional equilibrada, propositiva y resiliente. Una presencia que nos permita navegar con éxito las tormentas globales, defender nuestros intereses nacionales y aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece. Ese es el desafío que planteamos a quienes aspiran a conducir los destinos del país en los próximos años, y también a la ciudadanía que elegirá entre sus propuestas.