Embajador Jorge Castañeda / Medicamentos genéricos básicos

Una planta de medicamentos genéricos básicos obligatorios para la comunidad andina

Los medicamentos genéricos básicos obligatorios, conocidos técnicamente como "medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional (DCI)", están diseñados para cubrir las necesidades de salud más prioritarias de la población de manera accesible y oportuna. Su función principal es doble: actúan como una herramienta terapéutica de primera línea y, al mismo tiempo, como un pilar de equidad social.

Desde el punto de vista médico y terapéutico, estos fármacos cumplen exactamente la misma función que sus versiones de marca. Al compartir el mismo principio activo, dosis, concentración y forma farmacéutica, el organismo los absorbe de manera idéntica (lo que se conoce como bioequivalencia), lo que garantiza la misma eficacia, calidad y seguridad. Dentro de este grupo encontramos tratamientos esenciales para diversas dolencias: antibióticos comunes como la amoxicilina o la azitromicina para combatir infecciones; analgésicos y antiinflamatorios como el paracetamol o el diclofenaco para aliviar el dolor; y fármacos indispensables para enfermedades crónicas, como la enalapril para la presión arterial, el omeprazol para problemas gástricos, y medicamentos para la diabetes y la salud mental.

En el plano socioeconómico y de acceso, su obligatoriedad cumple una función igual de trascendente: garantizar el derecho fundamental a la salud. Al exigir su disponibilidad permanente en las farmacias, se asegura que cualquier ciudadano pueda encontrar el fármaco indispensable para su tratamiento sin enfrentarse a barreras de desabastecimiento ni a precios prohibitivos. De esta manera, estos medicamentos no solo curan o controlan enfermedades, sino que también protegen la economía familiar y promueven la equidad, evitando que el costo sea un obstáculo para recuperar el bienestar.

¿Qué pasaría si los ciudadanos de los países miembros del Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) pudieran contar con el abastecimiento permanente de los medicamentos genéricos básicos esenciales a la mitad de su precio actual, a menores precios y sin que los Estados tengan que poner un solo dólar de sus presupuestos en un ejercicio de soberanía plena en dicho ámbito?

Para hacer realidad este planteamiento la solución reside en que los países miembros del Convenio Hipólito Unanue cuenten dentro de uno de los países de la región con una planta regional de medicamentos genéricos básicos obligatorios, con inversión privada extranjera y con el respaldo de su mercado asegurado de su población de 167, 6 millones de habitantes.

Hoy, los países del Convenio Hipólito Unanue dependen en gran medida de importaciones de fármacos y principios activos, lo que la expone a la volatilidad de los precios internacionales, a las crisis logísticas globales y a la falta de disponibilidad oportuna de los medicamentos básicos obligatorios. Las familias gastan una parte importante de sus ingresos en salud, y los Estados destinan enormes recursos a comprar medicamentos en el exterior. Aunque ya los países del Convenio Hipólito Unanue ha dado pasos importantes, como las compras conjuntas de fármacos complejos (como oncológicos, tratamientos para el VIH o enfermedades huérfanas) y compras de emergencia (como ocurrió con los insumos durante la pandemia de COVID-19), utilizando para ello plataformas como el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), aún falta una solución estructural que garantice la soberanía sanitaria mediante la integración productiva regional.

El objetivo de esta propuesta es claro: implementar una planta de producción de genéricos básicos obligatorios en territorio andino, capaz de abastecer la demanda de los seis países miembros del Convenio Hipólito Unanue con estándares de calidad, seguridad y eficacia armonizados, sin que los gobiernos desembolsen recursos fiscales para la inversión. Todo el capital –infraestructura, maquinaria y conocimiento técnico– seria aportado por inversionistas extranjeros atraídos por un modelo innovador que les garantiza estabilidad y rentabilidad.

¿Cómo se logra atraer a ese inversor sin gasto público? La clave está en el concepto de "mercado cautivo". Los seis países miembros se comprometerían, mediante contratos de compra a largo plazo (de cinco a diez años), a adquirir un porcentaje garantizado de su demanda de medicamentos genéricos básicos obligatorios a la nueva planta. Esa certeza financiera, sumada a un paquete de facilitación que incluye exenciones fiscales (aranceles a la maquinaria, IVA, impuesto a la renta), simplificación aduanera con ventanilla única y la cesión de terrenos industriales con servicios básicos, convierte al proyecto en una oportunidad atractiva para el capital internacional. Para ello se requiere que la Comunidad Andina a través de una Decisión adopte una normativa común que homologue los requisitos sanitarios, evitando que el inversor tenga que tramitar seis registros distintos, uno por cada país.

Los beneficios de esta planta serían tangibles y multidimensionales. En lo social, las familias verían reducido su gasto de bolsillo en salud en la compra de genéricos básicos obligatorios. En lo sanitario, se acabaría el desabastecimiento y la producción podría adaptarse a las prioridades epidemiológicas de la subregión, como el dengue, el Chagas o la malaria. En lo económico, la planta generaría empleos directos e indirectos, impulsaría la transferencia tecnológica y fomentaría el encadenamiento con pequeñas y medianas empresas locales proveedoras de insumos y servicios. En lo político, significaría soberanía sanitaria: la región dejaría de estar tan vulnerable ante embargos, crisis internacionales o decisiones unilaterales de países productores.

El proyecto no es una utopía; tiene un diseño institucional sólido. El Convenio Hipólito Unanue, con su carácter supranacional, sería la coordinadora general y se encargaría de la logística de la convocatoria y el seguimiento técnico. La rectoría política recaería en la Comisión de la CAN y en la Reunión de Ministros de Salud Andinos (REMSAA), que aprobarían los términos. A nivel nacional de cada país miembro, los Ministerios de Industria liderarían la preparación de las bases, mientras que los Ministerios de Salud definirían el portafolio de medicamentos y los volúmenes de compra. Un Comité Técnico Regional, integrado por representantes de Industria, Salud y Economía de cada país, evaluaría las propuestas de los inversores.

Ningún proyecto está exento de riesgos, pero este ha previsto cómo enfrentarlos. La disparidad normativa entre países se resuelve con una Decisión CAN vinculante que homologue los registros sanitarios y las Buenas Prácticas de Manufactura de medicamentos genéricos básicos obligatorios. La posible resistencia de los laboratorios locales se mitiga integrándolos como socios estratégicos, proveedores de maquila o distribución. El incumplimiento del inversor se cubre con garantías bancarias y cláusulas de penalización. Y los cambios de gobierno, que suelen afectar la continuidad de los proyectos, se blindan mediante acuerdos intergubernamentales de largo plazo elevados a rango de política de Estado.

El impacto esperado en un horizonte de cinco años es transformador. Los Ministerios de Salud podrían adquirir hasta cuatro veces más dosis con el mismo presupuesto, ampliando la cobertura de manera notable. Las familias ahorrarían cerca del 40% en sus gastos de salud. Y la región consolidaría un polo farmacéutico andino que atraería nuevas inversiones ancla, dinamizando el tejido industrial y generando empleo de calidad. Además, una vez cubierta la demanda interna, la planta podría exportar genéricos a otros países de la región, multiplicando sus beneficios.

Esta propuesta no es un gasto, es una inversión en bienestar y autonomía. Aprovecha las ventajas institucionales del Convenio Hipólito Unanue, su mercado integrado y su capacidad normativa, sin comprometer los presupuestos nacionales. Es, en definitiva, una oportunidad histórica para darle un rostro humano a la integración andina, demostrando que la cooperación entre países puede traducirse en productos palpables para el ciudadano de a pie: medicamentos genéricos básicos obligatorios accesibles, empleos dignos y soberanía sanitaria.

Por todo ello, es necesario que los países miembros del Convenio Hipólito Unanue instruyan a su Secretario Ejecutivo para que, en coordinación con los Ministerios de Industria y Salud, inicien los estudios de prefactibilidad que permitan hacer realidad esta planta regional. Es momento de pasar de las buenas intenciones a los hechos concretos. La salud de más de 167,6 millones de ciudadanos del Convenio lo merece.