Embajador Jorge Castañeda / Minería ilegal de oro

La minería ilegal de oro (III PARTE): estrategia para combatirla

En los artículos anteriores, "La Ventanilla Única de Compra de Oro" ("Efectividat", 7 de julio de 2025) y "Producción de oro ilegal en el Perú" ("Efectividat", 24 de agosto de 2025), se examinaron los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería ilegal, así como los mecanismos que las redes criminales emplean en el Perú para integrar este oro al mercado internacional. Este artículo aborda las causas que llevan al pequeño minero informal —o ilegal— a la extracción ilícita y su posterior cooptación por el crimen organizado y se propone una estrategia para combatir la minería ilegal del oro.

Las causas que llevan a los pequeños mineros informales o ilegales a optar por la actividad extractiva de oro ilegal con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales son complejas y multifacéticas. Entre las principales razones se destacan la falta de oportunidades laborales y la pobreza en sus comunidades, lo que convierte a la minería en una estrategia de supervivencia económica para poblaciones vulnerables, ya que representa el único ingreso viable para cubrir necesidades básicas lo que perpetua su dependencia de la extracción informal o ilegal.

Además, las barreras de formalización, como los requisitos de Estudios de Impacto Ambiental detallados, licencias para el manejo de explosivos con almacenamiento autorizado y planes de cierre, están diseñados para operaciones medianas o grandes, lo que los hace técnicamente inalcanzables y financieramente prohibitivos para la minería artesanal y de pequeña escala. La falta de apoyo estatal efectivo, como capacitación y asesoría técnica especializada en pequeña escala, y el limitado acceso a créditos o mecanismos financieros adaptados, ahondan la exclusión del sector formal y perpetúan la informalidad.

La precariedad operativa y legal de estos mineros los hace vulnerables a la cooptación por el crimen organizado, que controla territorios y cadenas de suministro clave, como el mercurio y combustibles, y monopoliza la comercialización del oro ilegal, lo que le permite dominar la cadena de valor

La respuesta del Estado frente a la minería ilegal es inadecuada, ya que prioriza la criminalización y erradicación punitiva de los extractores directos en lugar de abordar las redes criminales transnacionales que controlan la minería ilegal. La falta de rutas viables de legalidad realistas y asistidas, junto con la débil o ineficaz presencia estatal en territorios mineros remotos, agrava el problema

Para abordar este problema, es fundamental desarrollar una estrategia dual que combine la lucha contra la criminalidad con la promoción de la formalización y el desarrollo sostenible. De esta manera, se podrá abordar de manera efectiva la minería ilegal de oro y promover un sector minero más justo y responsable.

Para lograrlo, es necesario desmantelar en primer lugar las redes criminales de comercialización del oro ilegal y, en paralelo, crear alternativas viables de formalización que permitan a los pequeños mineros acceder a la legalidad y mejorar sus condiciones de vida. Esto requiere un enfoque integral que involucre la cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, priorizando la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

Para ello es fundamental enfocar esfuerzos en desmantelar las redes organizadas que controlan la comercialización ilícita del oro, su financiamiento mediante capitales ilícitos, la logística compleja (incluyendo el tráfico de insumos químicos como mercurio y cianuro), y los sofisticados mecanismos de lavado de activos que integran este oro en mercados formales mediante operaciones coordinadas de inteligencia financiera, interdicción y persecución penal. Esto incluye el lavado de activos y el tráfico de insumos.

Del mismo modo, es igualmente importante desarrollar e implementar, de manera paralela y urgente, marcos regulatorios diferenciados y simplificados para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Estos marcos deben estar acompañados de asistencia técnica real, acceso a financiamiento, tecnologías menos contaminantes y mercados formales transparentes.

La implementación de una estrategia de formalización viable e inclusiva para la MAPE es igualmente urgente. Esto requiere desarrollar marcos regulatorios adaptados a las escalas operativas reales y las capacidades técnicas y económicas limitadas de los mineros. La asistencia técnica permanente es fundamental para la adopción de tecnologías más eficientes y menos contaminantes, como la gravimetría o la concentración centrífuga. Además, es necesario proporcionar acceso a líneas de financiamiento blando y mecanismos de trazabilidad mineral robustos, así como crear mercados formales transparentes que ofrezcan precios competitivos.

Solo la combinación de estos incentivos tangibles para la transición legal y la presión sostenida sobre las economías criminales generará un cambio estructural sostenible.

Propuesta de una estrategia para abordar la minería ilegal del oro

Del examen de la problemática se desprende que la profunda disparidad entre el alto valor internacional del oro y el precio de compra abusivo que imponen las organizaciones criminales a los mineros informales e ilegales crea una oportunidad única para el Estado. Esta oportunidad se basa en la lógica económica de aprovechar dos fuerzas del mercado para un fin de política pública: la brecha de precios y el incentivo económico.

Si se establece un Fondo de Formalización autofinanciado, una entidad estatal (o autorizada por el Estado) podría comprar todo el oro que cumpla con criterios mínimos de legalidad (por ejemplo, no procedente de áreas protegidas, sin uso de mercurio, con documentación básica del productor) a través de una ventanilla única que ofrezca un precio atractivo con un margen de descuento razonable (del 6% al 10% sobre el precio de mercado). Este precio sería significativamente mayor al que pagan las organizaciones criminales a los pequeños mineros, pero menor al del mercado formal. De esta manera, el dinero generado no sería una pérdida para el minero, sino la fuente de autofinanciamiento del programa

Los recursos generados por el margen de descuento se canalizan directamente al Fondo de Formalización, cuyo objetivo principal es financiar la transición de los mineros hacia la legalidad. Este fondo se destina a tres áreas críticas:

Primero, proveer asistencia técnica con ingenieros, geólogos y ambientalistas para que los mineros adopten tecnologías limpias sin mercurio, mejoren la eficiencia y seguridad de sus operaciones, y elaboren los Estudios de Impacto Ambiental requeridos para la formalización.

Segundo, otorgar capital de trabajo mediante microcréditos o préstamos blandos que permitan la compra de maquinaria eficiente y menos contaminante, además de financiar la producción durante el largo período de formalización.

Tercero, subsidiar parcialmente los elevados costos de los trámites legales, permisos y tasas necesarios para obtener la licencia formal, aliviando así la carga económica sobre los pequeños productores.

Esta propuesta genera beneficios integrales y estratégicos. En primer lugar, rompe el círculo vicioso al atacar la raíz económica de la dependencia del minero hacia el crimen organizado. Establece una relación de beneficio mutuo (win-win), donde el minero recibe un mejor precio por su oro y el Estado financia su política de formalización con los propios recursos generados, sin depender exclusivamente del presupuesto nacional.

Además, garantiza la trazabilidad total del mineral, ya que todo el oro que pasa por la ventanilla es registrado, permitiendo conocer su origen y aplicar los impuestos correspondientes. De esta manera, se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en la cadena de suministro de oro.

Este mecanismo también fortalece directamente la seguridad nacional al debilitar financieramente a las organizaciones criminales al privarlas de su principal materia prima. Por último, promueve la protección ambiental, ya que, al condicionar la compra a prácticas mineras responsables, se incentiva activamente la adopción de métodos menos dañinos para el ecosistema.

Para que esta propuesta pueda implementarse con éxito, es fundamental reconocer y superar una serie de obstáculos considerables. El primero y más crítico es el de la seguridad y la corrupción, ya que las organizaciones criminales afectadas no cederán pacíficamente. Por lo tanto, se requiere un componente de seguridad robusto y medidas anticorrupción para blindar la operación de la ventanilla única y sus rutas de transporte.

En segundo lugar, la propuesta debe operar bajo una condicionalidad estricta, donde el mejor precio ofrecido esté irrevocablemente atado a compromisos verificables por parte de los mineros, como iniciar su formalización y adoptar prácticas legales. Esto garantiza que los beneficios se dirijan a aquellos que están dispuestos a cumplir con las normas y regulaciones establecidas.

Además, la escala y la logística representan un desafío monumental, ya que llevar una infraestructura de compra confiable a zonas mineras remotas implica enormes costos operativos. También existe el riesgo de que el mercado paralelo responda subiendo sus precios para retener el control, desatando una guerra de precios que la oferta estatal debe estar preparada para ganar siendo suficientemente alta y confiable.

Por último, todo este mecanismo necesita estar sustentado por un marco legal sólido, mediante una ley o decreto que cree el fondo con autonomía y establezca reglas del juego claras e irrevocables. Esto proporcionará la estabilidad y la seguridad necesarias para que la propuesta tenga éxito a largo plazo.