Embajador Jorge Castañeda / ¿Perú aliado extra- OTAN?

El Perú ante la propuesta de designación como aliado principal extra- OTAN: tres caminos a seguir

En días recientes, se ha instalado en el debate público la posibilidad de que los Estados Unidos considere al Perú para el estatus de “Aliado Principal Extra-OTAN”. Dicha designación, un instrumento de la política exterior estadounidense, conferiría al país un nivel de asociación estratégica singular en la región. Ante esta perspectiva, resulta imperativo realizar una evaluación objetiva y multidimensional sobre las implicancias—tanto positivas como negativas—que su materialización podría acarrear para los intereses nacionales del Perú sino también de las experiencias concretas de otros países sudamericanos que ya ostentan este estatus: Brasil (julio 2019). Y Colombia (abril 2022), cuyas trayectorias ofrecen lecciones invaluables sobre los beneficios materiales y los costos políticos de esta asociación.

En primer lugar, es fundamental considerar la naturaleza intrínsecamente asimétrica del estatus de "aliado principal extra-OTAN". Este tipo de relación se estructura sobre una base de poder desigual, donde Estados Unidos define los términos de la alianza en función de sus propios intereses estratégicos, ya sean de seguridad, economía o influencia geopolítica. Esta dinámica genera, por diseño, un beneficio desproporcionado para Estados Unidos, el cual obtiene ventajas sustanciales como el despliegue de capacidades estratégicas, un apoyo diplomático automatizado, el alineamiento en foros internacionales y un acceso privilegiado a recursos o mercados del socio menor.

Asimismo, la duración de esta alianza es condicional y está sujeta exclusivamente a la utilidad que represente para Estados Unidos. No se trata de un compromiso recíproco e inalterable, sino de una asociación que puede ser disuelta o redefinida de manera unilateral en el momento en que los intereses estratégicos de Estados Unidos evolucionen o dejen de coincidir con la situación del aliado menor. Esta precariedad inherente sitúa al socio más pequeño en una posición de dependencia y vulnerabilidad estructural.

Teniendo clara la naturaleza asimétrica de este tipo de alianzas, corresponde evaluar objetivamente las posibles implicancias positivas que el estatus de Aliado Principal Extra-OTAN podría ofrecer al Perú. Los beneficios potenciales, aunque siempre condicionados por la dinámica de poder, son concretos y merecen un análisis detallado.

En el ámbito de la seguridad y defensa, el Perú podría acceder a un nivel de cooperación militar privilegiado. Esto incluiría programas de financiamiento específicos, como préstamos concesionales a tasas preferenciales para la adquisición y modernización de material de defensa, los cuales no están disponibles para otros países. Asimismo, se facilitaría un intercambio más profundo de inteligencia estratégica, entrenamiento especializado para fuerzas especiales y participación en ejercicios militares combinados de alto nivel. Este paquete de cooperación tendría como objetivo declarado fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas peruanas para enfrentar amenazas comunes, como el crimen transnacional organizado y el narcotráfico, contribuyendo así a una modernización táctica y tecnológica de largo plazo.

Más allá de lo estrictamente militar, el estatus abriría puertas significativas en materia de cooperación técnico-científica. El Perú podría obtener participación prioritaria en proyectos de investigación y desarrollo conjuntos en áreas de frontera, como la ciberseguridad, la tecnología dual (civil y militar), la vigilancia de la biodiversidad y la gestión de desastres naturales. Esta transferencia de conocimiento y capacidades tendría un impacto transversal, fortaleciendo instituciones nacionales y creando capital humano especializado en sectores críticos para el desarrollo y la seguridad nacional en el siglo XXI.

Desde una perspectiva geopolítica, la designación funcionaría como un potente símbolo de confianza y estabilidad, reforzando de manera práctica la relación bilateral con la principal potencia mundial. Esta señal podría mejorar la percepción del Perú en los mercados internacionales y entre los inversionistas institucionales, presentándolo como un socio estratégico anclado en el mundo occidental, lo que potencialmente atraería mayores flujos de capital y una integración más profunda en cadenas de suministro globales estratégicas. Adicionalmente, facilitaría notablemente los procesos de adquisición de tecnologías sensibles de origen estadounidense, que actualmente están sujetas a rigurosas restricciones de exportación, otorgando al país una ventaja comparativa en sectores de alta tecnología.

En contrapartida, la aceptación de este estatus conllevaría una serie de costos y riesgos estratégicos que el Perú debe sopesar con extrema cautela. El más significativo sería una gradual pero sustancial pérdida de autonomía en la conducción de su política exterior. En la práctica, el país se vería presionado a alinear sus votos y posiciones en foros internacionales con los intereses de Washington, incluso en temas donde exista un claro desacuerdo de principios o donde tal alineamiento genere fricciones innecesarias con otros socios estratégicos o vecinos inmediatos. Esta dinámica podría obligar al Perú a adoptar posturas que contradigan su tradición diplomática o, peor aún, a adherir a sanciones económicas o conflictos geopolíticos ajenos a sus intereses nacionales, con un impacto directo y negativo en su economía y seguridad.

Este camino conduce, inevitablemente, a un aumento de la dependencia y la vulnerabilidad estratégica. La seguridad nacional del Perú quedaría, en mayor o menor medida, atada a los cálculos y prioridades de los Estados Unidos, exponiendo al país a riesgos y contingencias que escapan a su control. En escenarios de tensión global, el Perú podría ser instrumentalizado como una moneda de cambio o un activo táctico en negociaciones más amplias, sacrificando su propio bienestar en aras de los intereses del aliado mayor.

Finalmente, este encasillamiento implicaría la pérdida de oportunidades únicas. Una política exterior alineada reduce drásticamente la capacidad del Perú para diversificar sus alianzas, actuar como un puente neutral y constructivo entre distintos bloques, y capitalizar su posición geográfica e histórica para forjar un rol propio y soberano en el concierto de naciones. La verdadera pregunta es si los beneficios técnicos y materiales compensan el costo de renunciar a este margen de maniobra y a esta proyección de independencia estratégica.

Del análisis comparativo de las experiencias regionales de Colombia y Brasil como Aliados Principales Extra-OTAN, se desprenden lecciones cruciales y modelos divergentes para el Perú.

Brasil

En el caso de Brasil, la designación como aliado principal extra-OTAN, bajo el gobierno de Bolsonaro, funcionó más como un instrumento político y simbólico que como una transformación militar sustantiva. Los objetivos principales eran de carácter pragmático: facilitar el acceso a tecnologías de defensa avanzadas (como sistemas espaciales y transferencia tecnológica para su industria nacional) y obtener un reconocimiento estratégico como gesto de acercamiento político e ideológico con la administración Trump.

Los costos y riesgos de este estatus fueron mitigados por la propia realidad del país. Debido a su tamaño, peso regional y tradición de política exterior independiente, Brasil no se vio forzado a un alineamiento automático y mantuvo posturas propias en foros multilaterales. Además, el carácter reversible del compromiso se hizo evidente con el cambio de gobierno. La administración de Lula, si bien ha mantenido formalmente el estatus, ha regresado a una política exterior más equilibrada, diversificada y centrada en Sudamérica, demostrando que, para una potencia media con peso propio, la designación como aliado principal puede actuar más como un marco administrativo útil que como una camisa de fuerza política.

Colombia

El caso colombiano representa el paradigma de una alianza de seguridad consolidada y transformadora. Para Colombia, la designación en 2022 no fue un punto de partida, sino la culminación formal y simbólica de una asociación estratégica de décadas, cimentada en el Plan Colombia y la Iniciativa Andina. Los beneficios tangibles han sido significativos: un acceso acelerado y prioritario a la transferencia de equipos de defensa excedentes de las fuerzas armadas estadounidenses, financiamiento concesional exclusivo para la modernización militar y una profundización técnica sin precedentes en áreas críticas como la ciberseguridad y la lucha contra las redes de crimen transnacional. Este estatus reforzó políticamente a Colombia como el aliado regional más confiable y capaz de Washington en materia de seguridad hemisférica.

Sin embargo, los costos de esta integración profunda son igualmente evidentes y ofrecen una advertencia clara. Colombia, hasta antes del gobierno de Petro, cargó con una percepción interna y externa de tener una política exterior estrechamente alineada con los intereses de Estados Unidos, lo que le limitó su margen de maniobra diplomático en temas sensibles, como las votaciones sobre Cuba o Palestina en la ONU, donde moderó sus posiciones para no contrariar a su aliado principal. Con el enfrentamiento verbal entre el presidente Petro y el presidente Trump, dicha asociación ha dejado de funcionar, lo que evidencia la temporalidad de dicho estatus.

La comparación entre los casos de Colombia y Brasil revela dos modelos contrastantes:

El modelo colombiano representa una integración profunda en la arquitectura de seguridad de Estados Unidos. Esta trayectoria, resultado de una alianza estratégica de décadas, ha generado grandes beneficios operativos y capacidades técnicas, pero a un costo significativo en términos de autonomía y margen de maniobra diplomática, alineando su política exterior de manera más estrecha con los intereses de su principal aliado.

El modelo brasileño, por el contrario, ilustra una asociación selectiva y pragmática. Para Brasil, la designación funcionó como una herramienta política y de acceso a tecnología, sin implicar una transformación estratégica fundamental. Gracias a su peso geopolítico y a una tradición de política exterior independiente, ha logrado mantener un margen de maniobra considerable, utilizando el estatus como un marco administrativo más que como un compromiso inflexible.

Conclusión

Para el Perú, la pregunta crítica emerge es que decisión tomar. La experiencia regional indica que el impacto de la designación como Aliado Principal extra-OTAN depende crucialmente de la fortaleza, cohesión y claridad estratégica del país receptor. Para el Perú, el estatus podría ofrecer ventajas tangibles en defensa y acceso tecnológico, pero su conveniencia final debe evaluarse frente a tres posibles escenarios estratégicos derivados de la comparación regional.

El primer escenario, siguiendo el modelo colombiano, implicaría una transformación profunda y una integración estratégica con Estados Unidos, con los beneficios operativos y los costos en autonomía que ello conlleva.

 El segundo, al estilo del pragmatismo brasileño, buscaría utilizar el estatus como una herramienta funcional y específica dentro de una política exterior diversificada, maximizando los beneficios técnicos mientras se preserva un amplio margen de maniobra diplomático.

 El tercer escenario, y no menos válido, consistiría en decidir mantener la independencia tradicional de su política exterior, optando por no solicitar la designación para evitar cualquier riesgo de alineamiento automático o percepción de dependencia, priorizando así otras asociaciones y foros multilaterales.

El riesgo principal, por tanto, no reside en la designación en sí, sino en la ausencia de una doctrina de política exterior soberana y coherente que la preceda y enmarque. Sin dicha doctrina, el Perú podría derivar, por inercia burocrática o por la dinámica de la relación bilateral, hacia un alineamiento no deseado, repitiendo involuntariamente los costos del primer modelo sin contar con su historia de integración previa.

En consecuencia, la decisión debe ser precedida por un debate nacional fundamental que defina el tipo de actor internacional que el Perú aspira a ser. Este debate debe evaluar fríamente las ventajas materiales de cada opción frente a los principios de autonomía y diversificación de alianzas que han guiado históricamente su política exterior. Solo con una estrategia de Estado clara y de largo plazo se podrá determinar si el estatus de Aliado Principal es un instrumento útil para los objetivos nacionales o, por el contrario, un compromiso superfluo o incluso contraproducente. En cualquier caso, debe quedar establecido que es la política exterior peruana la que debe definir el uso y los límites de cualquier herramienta diplomática o de seguridad, y no al revés.