Fabiola Morales / Crisis que afecta nuestra democracia

Durante las últimas semanas, los ciudadanos venimos siendo testigos de la crisis producida en el Ministerio Público, a raíz de la presencia de dos magistradas que reclaman la presidencia, nada menos que de la Fiscalía de la Nación. Una de ellas, Delia Espinoza, electa por los fiscales supremos en su momento, y la otra, Patricia Benavides, electa de la misma manera; suspendida y, después, repuesta por la máxima autoridad encargada, la Junta Nacional de Justicia, JNJ.

Atónitos, observamos cómo distinguidos juristas se decantan por una o por otra magistrada para desempeñar el mismo cargo, con argumentos y citas a la Constitución peruana y las leyes, en uno u otro sentido. Pareciera que la ley no fuera objetiva o, al menos, no tuviera un cierto grado de objetividad para asegurarnos que la justicia se cumpla, sin que influya ningún otro interés.

Esta crisis, quiéranlo o no, nos hace perder la confianza en instituciones tutelares de nuestros derechos y deberes ciudadanos, porque estamos viendo el triste espectáculo de cómo es posible “adaptar” las leyes, como si se tratara de un guante, con “interpretaciones” antojadizas, en uno u otro sentido, de acuerdo a quien sea la persona o grupo de interés que se defiende.

La crisis del Ministerio Público es un reflejo de la crisis del sistema democrático en el Perú y, lamentablemente, en muchos países occidentales. Se han encendido las alarmas rojas que nos anuncian el peligro que significaría una sociedad sin orden y sin ley, si es que cada quien, y de manera relativista, interpretara la Carta Magna y las leyes de la República de acuerdo a sus intereses personales, de grupo o políticos.

No es ninguna casualidad observar que quienes defienden las “razones” de la magistrada Espinoza se podrían agrupar más bien en el lado caviar o a la izquierda del espectro político, y quienes lo hacen por Benavides, más bien se agruparían al otro lado de este espectro. Ya hay voces que se desmarcan y piden que ninguna de ellas desempeñe el cargo, alejándose de los reclamos con velas encendidas o acciones precipitadas.

Esta toma de bandos por parte de líderes mediáticos es una clara señal que nos lleva al menos a sospechar que la institución del Ministerio Público, llamada a investigar para ofrecer las pruebas al juez de supuestos delitos cometidos por los ciudadanos, en estos momentos no está en capacidad de pedirnos que confiemos plenamente en sus decisiones.

Claramente, estamos retrocediendo como país hacia una situación que, si no la cortamos de raíz, nos puede conducir a la barbarie y al caos institucional que, sin duda, abona contra el sistema democrático tal como lo conocemos y en quien hemos puesto nuestros anhelos de paz, libertad y justicia.

El relativismo del “todo vale”, como queda demostrado, es demasiado peligroso para una sociedad que tiene vocación de crecer en valores cívicos y de convivencia productiva y pacífica, para alcanzar un desarrollo social, económico y político que favorezca el bien común. Este no es el camino de ninguna civilización que haya florecido en Occidente, sino más bien de todas aquellas que la historia ha visto caer y morir.

La crisis del Ministerio Público tiene ya muchas semanas, para que la califiquemos como tal; pareciera que de “crisis” está saltando a la aceptación de un escenario por demás enrarecido y oscuro que nadie está dispuesto a ordenar. Es preciso y necesario que se plantee una “reforma urgente”, seria y técnica, de esta institución tutelar del Estado de derecho, ya.