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Fabiola Morales / El problema es la impunidad



Se fue el PCM, Alberto Otárola, y una de sus últimas quejas fue contra la Contraloría de la República, asegurando que poseía 1,600 millones de soles en su cuenta bancaria, dinero con el cual “se podrían construir hospitales y colegios”. La declaración fue una respuesta errónea al contralor Nelson Shack que había asegurado que durante el 2023 la corrupción había perjudicado al Estado con 24,268 millones de soles.

 

En entrevista a la periodista Milagros Leiva, el Contralor ha afirmado que “solo el año pasado hemos imputado responsabilidad administrativa, civil y penal a 9,300 funcionarios”; pero ninguno ha tenido una sanción efectiva; problema muy recurrente tanto en los ministerios, como en los gobiernos regionales y locales.

 

Normalmente, las cifras no mienten y a éstas que, nos escandalizan, se suma el despilfarro que, sobre todo los ministerios, se gastan en asesoría que, se han convertido en una manera de aumentar al infinito, el número de trabajadores estatales, mediante esta “modalidad” por la cual, los “colaboradores” no necesitan pasar por ningún concurso ni filtro para hacerse de jugosas ganancias a costa de los impuestos que salen del bolsillo de las empresas y los ciudadanos que tributamos.

 

En la misma entrevista, difundida por el decano, se recuerda que el aparato estatal habría gastado entre 6,000 a 7,000 millones en consultorías que cómo afirma el Contralor Shack preocupa demasiado. ¿Cuántos se contratan, sin proceso, sin transparencia, sin competencia, sin pluralidad de postores, a dedo? Preguntas que, en apariencia, no tienen respuesta.

 

Y, además, nos alerta de cómo, con esta “modalidad” digamos que se le saca la vuelta a la ética con las famosas contrataciones pequeñas de menos de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de menos de 41,200 soles, que no necesitan pasar por ningún requerimiento, ni concurso, ni justificación. Son, por tanto, “a libre disponibilidad”. Pero, además, no son pocos los casos que conocemos de cómo una misma persona individual o jurídica, va sumando contrataciones de este tipo, y finalmente, se lleva millones de la manera más astuta.

 

En palabras de Nelson Shack, “el año pasado, en todo el Estado se han gastado 19,300 millones de soles a dedo. Esto es, la tercera parte de todo lo que el Estado contrata”. Un escándalo, en la medida que, no hay obligación de dar cuentas a nadie sobre el perfil de los contratados; ni de la necesidad, idoneidad o resultados de las mismas.

 

Pero como también afirma, el actual contralor, lo más curioso es que toda esta modalidad es “legal”. Es así como personajes, cercanos a los funcionarios con poder, reciben significativas dádivas, a cambio incluso se favores eróticos, según se narra en los audios de los últimos escándalos.

 

Pero estos contratos del Estado por menos de 8 UIT, no son sólo para obras y servicios; sino para las famosas consultorías cuyos millonarios costos totales se dividirían en montos de menos de 41.200 soles y se cobrarían en varias armadas. “Hecha la ley, hecha la trampa”, como dice el adagio popular. Un monto que, según el Contralor General, habría ascendido a 3,200 millones en el caso del gobierno central y solo en la Presidencia del Consejo de Ministros habría gastado 200 millones, el año que pasó.

 

Toda esta situación, sin embargo, no parece tener remedio a corto plazo, en la medida que no se reforme el Poder Judicial para que actúe con celeridad y quienes deben recibir severas sanciones, no se burlen bañándose en piscinas, que ni siquiera tienen licencia de construcción.


 

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