El Congreso de la República ha aprobado aumentar las penas contra la difamación y calumnia en los medios de comunicación, en un intento de defenderse del periodismo que saca a la luz aquello que considera un abuso de poder por parte de quienes lo ostentan.
El periodismo libre es un pilar de la democracia y una de sus funciones básicas y más urgentes que los ciudadanos le demanda es la de ser “watch dogs” -en frase de Walther Lippman, un clásico de la teoría de la comunicación- de las instituciones políticas, empresariales y sociales, y de los derechos de las personas frente a los individuos y grupos que disfrutan de determinadas parcelas del poder.
En el Perú hay libertad de prensa y, si bien se han cometido abusos y hay periodistas “comprados” en el llamado “cuarto poder”, no se puede negar que, gracias a los informes de los muchos periodistas de investigación, nos ha sido posible conocer la corrupción al más alto nivel durante los últimos gobiernos, como también los oscuros contubernios del poder político y empresarial, como es el caso Odebrecht.
No olvidemos el rol de la prensa independiente para desenmascarar los abusos y excesos de los expresidentes que ahora están en prisión, porque solo sacando a la luz los delitos cometidos por el poder contra la confianza obtenida de los ciudadanos es como se empieza a hacer justicia que siempre tarda, pero llega.
Por otra parte, el ciudadano peruano cuenta con una prensa que es plural, en lo que a principios editoriales se refiere. Puede escoger entre un espectro que va, desde quienes tienen un marcado sesgo de izquierdas, hasta los de derecha liberal o conservadora. Por otra parte, si bien el poder mediático influye en la opinión pública, no tiene la última palabra en las decisiones ciudadanas, para ejemplo, recordemos el respaldo de los medios al candidato Vargas Llosa, en desmedro de Fujimori, elecciones que ganó este último.
Ahora, el ciudadano se informa también en las redes sociales que son “competencia” de la prensa tradicional y, si bien esta prensa en todo el mundo ha accedido a ocupar un lugar en ellas, son muchos los buenos periodistas que se han independizado y han fundado sus propios sitios que son exitosos por el buen contenido que ofrecen producto de las investigaciones que realizan.
Además, en las redes están los blogueros, con gran influencia en sus seguidores y muy apetecidos por las empresas comerciales que, al fin y al cabo, son quienes los mantienen económicamente.
Es por eso que pretender cortar las alas a la libertad de expresión, información y opinión de manera punitiva, no es el camino ni lo ha sido nunca. A las instituciones políticas, empresariales y sociales que deben rendir cuentas a los ciudadanos les conviene saber que el ojo público es cada vez más poderoso, porque todo aquello que se pretende hacer en la oscuridad siempre va a salir a la luz.
Las Direcciones de Comunicación (Dircom), que no se deben confundir con las de marketing, imagen o propaganda, son las llamadas a trazar estrategias para que las instituciones participen, compartiendo su información y opinión en el diálogo social, con transparencia y claridad, porque el ciudadano y el cliente tienen derecho a saber.
El problema es que la comprensión del rol de la comunicación en la construcción de la sociedad no ha llegado al Perú, siempre tan legalista y leguleyo. Menos leyes mordaza y más diálogo y buena voluntad.
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