El todavía presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, ha sido bastante claro en manifestar que, si el Congreso de la República no le da la confianza, se van tan contentos, porque su objetivo, lógicamente, es quitarle la “bala de plata” y dejarlo sólo con la “bala de oro” que, si la utiliza, el presidente Pedro Castillo podría tomar la decisión de cerrar el Parlamento y, claro, hacerse del poder total de la República.
A estas alturas, Valer no sólo era conocido como cercano a Vladimir Cerrón y al congresista Béjar, sino por ser un personaje de origen aprista, curtido en la política dura y callejera, capaz de plantar cara dura y sacar pelea a cualquiera que se le pusiera adelante. Tal vez, por eso lo escogió el inquilino de Palacio, como general de la batalla final, esa que, cerrando el paso a la representación nacional, le permitiera el camino libre para convocar a una Asamblea Constituyente a su medida.
Pero no calculó que Valer tenía demasiados ojos puestos en él, sobre todo del poder fáctico que maneja el club de los “caviares”; pero también en todo el espectro “oegenero”, el poder mediático peso pesado y los líderes políticos de todo el espectro peruano. Rápidamente, le dispararon al talón de Aquiles, y el mascarón de proa de un barco que, podríamos llamar pirata, cayó herido de muerte para ejercer el “premierato”, sobre todo después que intentó lavarse la cara con una conferencia de prensa fallida.
Junto a Valer, el Gobierno nombró nada menos que como canciller de la República a César Landa, un reputado ex presidente del Tribunal Constitucional que venía de perder en su intento de pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. A muchos les sonó raro el nombramiento; pero en realidad, más raro es que aceptara ser parte del gabinete Valer y lo siga siendo, aun después del destape y el escándalo.
En todo caso, hay que recordar que Landa fue nombrado como miembro de la Comisión de Estudios de las Bases de la Reforma Constitucional en 2001, del Comité Jurídico de la Comisión de Constitución del Congreso el 2002 y Vice Ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo. Un constitucionalista que opinó a favor de la disolución del Congreso, operado por Martín Vizcarra, con una “segunda censura” del gabinete ministerial de manera “fáctica”.
Bien podría haber sido visto por el actual gobierno como el constitucionalista que podría ofrecerle el soporte argumental jurídico, para presentarse ante la opinión pública nacional e internacional, como un demócrata que por “razones mayores al interés del pueblo” se vio obligado a la disolución del Congreso. Estamos, simplemente, suponiendo.
El Congreso de la República es el último reducto democrático que resiste todavía los embates del gobierno marxista leninista maoísta que no renuncia, ni renunciará, a cumplir con su Plan de Gobierno presentado durante las elecciones. Su papel, en estos momentos, no solo pasará a la historia; sino que, de la humildad, lucidez, valentía y fortaleza, de los actuales legisladores, dependerá el destino del Perú. Insisto en la “humildad”, porque la soberbia y la vanidad que todos llevamos dentro podrían impedir los “acuerdos necesarios” para salvar al país.
En estos momentos, el Congreso está recargado con tantas investigaciones sobre los escándalos, pero es necesario priorizar y, entre ellos, no olvidar que la actual vicepresidenta no podría haber postulado sin renunciar al Reniec y menos seguir con ambos cargos vigentes.
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